Acuerdo de paz, allana el camino para la modernización de Colombia

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Por Fernando Arellano Ortiz

La derrota del Sí en el plebiscito del pasado 2 de octubre denotó que acepciones como paz, posconflicto o posacuerdo, son, como diría el politólogo argentino Ernesto Laclau, significantes vacíos, que a una buena parte del país le dicen poco o nada, y por tanto, hay que llenarlas de contenido. Para un alto porcentaje de los sectores urbanos de Colombia, el proceso de paz, no obstante la importancia histórica que denota, infortunadamente no tiene la connotación sociopolítica que tendría que significar. Es tarea pendiente de la academia y de los investigadores sociales escarbar porqué ese fenómeno de falta de entusiasmo e interés por unas negociaciones como las de La Habana que terminaron con un Acuerdo de Paz que constituye un paso fundamental para la sustentabilidad del presente y futuro de una sociedad desestructurada como la colombiana.

Si bien tiene que ser motivo de análisis cuidadoso este fenómeno de falta de motivación ciudadana que se vio reflejada no solo en la victoria del No sino en el alto porcentaje de abstención en el plebiscito, debe constituir ahora un reto para el Gobierno, la insurgencia y los sectores sociales y políticos que le apuestan a la paz en Colombia, llenarla de contenido, para que la ciudadanía se motive en torno de los alcances y proyecciones del acuerdo con las Farc (que se logró ajustar este 12 de noviembre) y las negociaciones que están por iniciar con el ELN.

En ese sentido, esta coyuntura histórica del país tiene que servir para que la paz sea una oportunidad imprescindible que posibilite que, parodiando el título de un libro del filósofo Rubén Jaramillo Vélez, la modernidad de Colombia no se siga postergando.

La paz o el posconflicto tienen que servir para concretar, por fin, la puesta en marcha del proceso de modernización tantas veces postergado en Colombia, pese a los múltiples intentos que se han tratado de dar durante su devenir histórico. Tras la derrota de los liberales en la Guerra de los Mil Días al despuntar el siglo XX, que fue un intento por realizar una revolución burguesa para desterrar la visión teocrática y centralista que condenó al país a una etapa oscurantista y provincial, será el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo en 1934 que tratará de modernizar la concepción de Estado e impulsar los medios y las fuerzas de producción en el país. Posteriormente, lo que ha habido, son tímidos pasos para generar políticas públicas de desarrollo sustentable, que por lo general, han terminado en fracaso.

Proceso político de tejido social para lograr el progreso

Cuando hacemos referencia a la modernización de un país nos remontamos a la polémica francesa entre los “anciens” y los “modernes”, a finales del siglo XVII. Alrededor de esta polémica se constituyó la idea ilustrada del progreso, que será un elemento central de la filosofía política e histórica del siglo XVIII, y la definición de la sociedad como un sistema perfectible, que se sujeta paulatinamente a paradigmas más racionales de acción. Y cuando aludimos a la palabra progreso en términos de una sociedad, hay que referirse necesariamente al concepto de “desarrollo”, término que si bien está desgastado y solo ha servido como dispositivo para que organismos financieros internacionales hayan terminado imponiendo sus recetas, sin embargo, sigue teniendo vigencia en la literatura de los proyectos estatales.

Al hablar de desarrollo dentro del paradigma de la modernidad se hace “alusión a un modo de acumulación, a un sistema socio-económico y político, a un tipo de relaciones sociales, etc.” (Larrea Maldonado, 2012). Por lo tanto constituye un problema político que, desde un punto de vista progresista, se puede abordar a partir de tres aristas fundamentales: tiene que ser ecológicamente armónico; económicamente eficiente; y socialmente justo. Ello implica “un cambio de orientaciones culturales; producir diferente; consumir diferente y organizarse diferente para evitar los impactos ecológicos y la intensidad de usos de los bienes naturales”. (Unda, 2005).

Desde el punto de vista de la organización del Estado a partir de los impactos de las crisis económicas y sociopolíticas, el surgimiento de nuevos actores sociales, las transformaciones experimentadas en la organización institucional, “permiten discernir el desarrollo de nuevos paradigmas de producción e implementación de políticas públicas en general, y de política social específicamente, de acuerdo a los nuevos objetivos e intereses que, producto de aquellos factores orientan las modalidades en curso de articulación Estado / sociedad”. (Vilas, 2013).

Entender el pasado para construir el futuro

La historia de Colombia desde su emancipación, hace ya más de 200 años, ha estado marcada por la violencia y la utilización de ella con fines políticos, cuyo principal causante ha sido una constate lucha por la apropiación de la tierra y el dominio del Estado para utilizarlo como botín. A lo anterior hay que agregarle el hecho de que la independencia latinoamericana “se relacionó desde un principio con las revoluciones burguesas europeas, y estos países tuvieron que enfrentar de igual manera la tarea de actualizarse o de hacerse propiamente contemporáneos sin contar con los recursos para ello, por la precariedad de su actividad económica, por la ausencia de una genuina burguesía y de un pensamiento que estuviese a la altura de las tareas que deberían enfrentar. (Jaramillo Vélez, 1998).

En el caso colombiano “es en razón y como consecuencia de procesos y decisiones políticas que se ha rezagado el nivel de la conciencia y la cultura ciudadanas frente a las exigencias de la modernidad… El proceso de la ‘acumulación primitiva’ del capital –que en Colombia se prosigue a través del periodo de la ‘Violencia’- tiene lugar bajo el signo de una cultura en lo esencial antimoderna”, lo cual conllevó a “la coexistencia de formas de experiencia y comportamiento anacrónicas e inclusive contradictorias con los patrones de la modernidad, en las que se reflejan los compromisos y las transacciones, las soluciones a medias, las semiverdades y semimentiras que han resultado de todo ello ante la tensión entre lo premoderno y lo moderno a lo largo de nuestra historia. (Jaramillo Vélez, 1998).

La carencia de una ética secular, de una ética ciudadana, ha constituido además para la sociedad colombiana una grave falencia que la ancla a métodos de convivencia e interacción premodernos. Ello explica una de las conclusiones a que llegó un ministro norteamericano a finales del siglo XIX: “En Colombia sólo hay dos cosas organizadas, el ejército y el clero”. Es que el denominado “progreso” en este país a partir de la independencia se redujo “a sustituir el análisis objetivo de los fenómenos americanos, que guió al Consejo de Indias en la expedición del Derecho indiano, por la aplicación discriminada de principios abstractos, propios del concepto individualista de la civilización inglesa”. (López Michelsen, 1966).

“Mientras los Estados Unidos de Norteamérica adoptaron el federalismo no por copiar instituciones extrañas sino porque allí la federación era el mejor camino hacia la unidad nacional, en Colombia, aquel fue fruto de ambiciones parroquiales, de intereses encontrados de gamonales y caudillos, de sueños de intelectuales sin originalidad, que alcanzaron cierto éxito por haber estallado en pueblos jóvenes y sin las nociones necesarias para el ejercicio del gobierno propio. (Liévano Aguirre, 1960).

Romper los ciclos históricos de violencia, atraso y marginalidad

Frente a ese lastre histórico, los procesos de paz con las insurgencias de las Farc y el ELN tienen que conllevar a un nuevo “pacto social” que apunte a la modernización del país en lo cultural, en lo político y en lo socioeconómico, comenzando por construir tejido social para dinamizar las relaciones de producción. El desafío de la paz, si se quiere llenarla de contenido o de significación, está en romper los ciclos históricos de violencia, exclusión y atraso. Solo así se logrará superar “el sonambulismo que caracteriza en buena medida las actitudes del ciudadano, la persistencia de vicios tradicionales que impiden una auténtica solidaridad y cohesión social –particularismos, fulanismos, clientelismos, dependencia y falta de autonomía en los procesos de decisión política- prueban ese peculiar sincretismo de lo moderno y lo premoderno, tan característico de la vida pública en nuestro país”. (Jaramillo Vélez, 1998).