De Ser Pilo Paga a Generación E: ¿qué hay de nuevo?

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Por Julián de Zubiría

Un origen similar

Una llamada telefónica de Pablo Navas, el rector de la Universidad de los Andes, al presidente Juan Manuel Santos bastó para que empezara la mayor transferencia de recursos públicos hacia las universidades privadas en la historia de Colombia.

Sin ningún debate en el Congreso, sin haber sido analizado por los partidos políticos y sin estar incluido en el Plan Nacional de Desarrollo o en el Plan Decenal de Educación, el programa Ser Pilo Paga (SPP) se impuso y acabó por costarnos cuatro billones de pesos a los colombianos.

Esta cifra es muy cercana a la que conquistaron los estudiantes tras las movilizaciones del año pasado. La diferencia consiste en que el 87 por ciento de los recursos de SPP acabaron en manos de las principales universidades privadas del país y beneficiaron apenas a 40.000 estudiantes. Por su parte, la lucha de rectores, profesores y estudiantes durante 2018 consiguió recursos para atender a cerca de un millón de estudiantes de las universidades e institutos técnicos del Estado.

El rector Navas hizo otra llamada después de oír el anuncio de la nueva ministra de Educación sobre la suspensión del programa SPP. Se reunieron entonces los vicerrectores administrativos y financieros de las universidades privadas con mayor participación en el programa (nótese que la reunión fue de los vicerrectores financieros y administrativos y no de los encargados de los programas de Bienestar) y le comunicaron al presidente su malestar por la cancelación del programa, algo que en campaña había prometido no hacer.

Por eso el 20 de octubre del año pasado el gobierno se vio obligado a lanzar de manera apresurada Generación E, un programa que busca reemplazar a SPP y consta de tres componentes: equidadexcelencia y equipo.

Dos logros muy novedosos

El componente equipo inicialmente consistía en un pequeño apoyo a la infraestructura y las actividades de las universidades públicas. Sin embargo, este fue aumentado gracias a las movilizaciones de los estudiantes durante el último trimestre de 2018.

Este componente acabó siendo la base jurídica de los acuerdos alcanzados con los dirigentes estudiantiles y representa un cambio importante en la política de educación pública. Después de 25 años de debilitamiento de las finanzas de las universidades e institutos oficiales, por fin llegan nuevos recursos para infraestructura y funcionamiento.

Sin duda fue un hecho excepcional que un presidente en Colombia se reuniera con los rectores de todas las universidades públicas. Pero más excepcional fue que lograron ponerse de acuerdo la ministra y los líderes estudiantiles.

Además, el acuerdo fue refrendado en las asambleas de las universidades, lo que demostró que estamos ante unos estudiantes más reflexivos, dialogantes y pacíficos, más maduros de los que habíamos conocido en décadas anteriores. Desde entonces, ellos han estado vigilantes ante el cumplimiento de los acuerdos, aunque realmente todos los ciudadanos deberíamos ser garantes de estos.

El componente equidad

Este componente se refiere al esfuerzo del gobierno por alcanzar la gratuidad educativa para los estratos 1 y 2. Este es un propósito loable que tendría un impacto enorme en todo el país, y especialmente en las regiones.

Las universidades públicas reciben, en promedio, apenas un 50 por ciento de sus recursos del Estado, o sea que deben conseguir por su cuenta el otro 50 por ciento. Esto ha hecho que las universidades regionales cobren matrículas muy altas para los estratos 1 y 2 —lo cual viene a violar el derecho a la educación—.

El presidente Duque estima que Generación E beneficiará en el cuatrienio a 320.000 estudiantes, 80.000 cada año. Esta es una cifra inflada porque, según el propio gobierno, el Estado cubrirá solo el porcentaje que antes pagaba el estudiante de estratos 1 y 2 —y las universidades oficiales tendrían que asumir la mayor parte del costo real de la matrícula—.  Dicho de otra manera, un aumento en el número de estudiantes implicaría un aumento en el gasto total de las universidades no compensado por el gobierno.

En consecuencia, este no sería un componente para ampliar el derecho a la educación, sino para garantizar el derecho de quienes ya están estudiando y disminuir la deserción (que está en el 45 por ciento).

Este componente tendrá entonces un efecto positivo pero menor de lo que dice el gobierno, y podría crear tensiones a la hora de definir quién pagará el costo real de las nuevas matrículas. La respuesta a esta pregunta es clara para los rectores, pero no necesariamente lo es para el Ministerio de Educación Nacional (MEN).

La resurrección de Ser Pilo Paga

El componente más polémico del programa es el de excelencia —y a este se refirió el rector de la Universidad de los Andes en su comunicación privada con el presidente—.

En la práctica este componente representa la continuidad del subsidio a la demanda. Por eso podríamos llamarlo Ser Pilo Paga 2, pues ajusta algunos de los elementos más criticados de SPP, como la financiación.

Bajo el gobierno Santos, SPP llevó 40.000 estudiantes a las universidades (85 por ciento de ellos a las privadas), pero el Estado acabó pagando el 100 por ciento de sus matrículas en las universidades más costosas del país. Por eso este será recordado como el primer programa de subsidio a la demanda sin cofinanciación en el mundo y como la chispa que encendió el movimiento estudiantil de 2018.

Mientras que las universidades públicas se caían, literalmente, a pedazos, y carecían de recursos, los dineros públicos se estaban trasladando a las universidades más costosas del país. Tenían la razón los estudiantes al criticar estas transferencias.

Por eso la semana pasada se desató la polémica en los medios y las redes cuando la universidad defensora de Ser Pilo Paga (los Andes) —la inspiradora y la una de las pocas en decir que se trataba de un programa excelente—dejó por fuera a 47 estudiantes ya admitidos, precisamente porque no se ha resuelto el pulso con el gobierno sobre quién pone estos recursos. Cuando todo lo pagó el Estado, la Universidad de los Andes fue su principal defensora y beneficiaria. Pero esto cambió con Generación E.

En el episodio de los estudiantes rechazados hubo fallas administrativas de la universidad y del MEN. Los Andes se equivocaron al avisar apenas un día antes de la inducción el aplazamiento del cupo; y el MEN al no coordinar los tiempos con la universidad. Pero la pregunta de fondo es quién va a asumir lo que se ha llamado el “fondo de donaciones”.

El acuerdo consistía en que el Estado pagaría el 50 por ciento, la universidad privada el 25, y el otro 25 por ciento quedaba a cargo de “fondos de donaciones”. Pero este último componente todavía no ha sido reglamentado y no es claro de dónde provendrá: ¿Será un pago posterior del egresado? ¿O de quién?

La senadora Paloma Valencia lanzó la controversial propuesta de un cobro excepcional a los egresados de las universidades oficiales. Pero esta propuesta no es viable porque no se puede legislar de manera retroactiva y, además, porque despertaría de nuevo las movilizaciones estudiantiles.

¿Se cobrarán estos recursos a los egresados beneficiarios de las privadas? Esa sería una opción más realista. Estamos ante un problema financiero y de política pública y no solamente ante uno administrativo.

Generación E tiene otro problema —que es un lastre de SPP—: es un programa sin criterios regionales de selección ni ubicación de los estudiantes. Es absurdo que hoy se concentren casi todos los estudiantes en Barranquilla, Bogotá y Cali. Lo ideal sería seleccionar universidades regionales para apoyarlas académica, pedagógica y financieramente. Asimismo, los criterios para ingresar deben ser diferentes en cada región.

Un paso adelante y uno atrás

Hay que reconocer que Generación E es un mejor programa que Ser Pilo Paga, porque:

  • Exige la cofinanciación parcial de las universidades privadas,
  • Intenta avanzar en la gratuidad de la educación superior para los estratos 1 y 2, y,
  • Fortalece financieramente a las universidades públicas.

Aun así, este es un programa al que todavía se le pueden hacer mejoras. Por ello esperemos que:

  • En el Plan de Desarrollo se garantice que los seleccionados para el componente de equidad vayan a las universidades públicas,
  • La gratuidad comience en las universidades públicas regionales y el Estado asuma el costo real de las matrículas, y
  • Dejemos de pensar en apoyar individuos para fortalecer, en cambio, a las universidades comprometidas con la calidad educativa en las regiones.

Si no mejoramos el programa, los estudiantes seguirán burlándose al decir que la Generación E es la generación de los Endeudados.

*Director del Instituto Alberto Merani y consultor en educación. blogpedagogiadialogante.com

@juliandezubiria