El holocausto sanitario de Colombia

Por Octavio Quintero

El sistema sanitario de Colombia es, de lejos, la imposición antisocial más criminal de toda la parafernalia neoliberal introducida al país en el infausto gobierno de César Gaviria (1990-1994) mediante la ley 100 de 1993, sarcásticamente titulada: “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral…”.

El sistema se proclama universal, solo porque en teoría se establece como un derecho fundamental a todo el mundo, pero en la práctica está reducido, per se, a unas privilegiadas castas burocráticas; a unos grupos sociales que escapan a la redada general (los militares y maestros, entre otros); a unos obstinados pacientes que se hacen medicar mediante tutelas, y a una población con necesidades extremas que el Estado palia a través de subsidios.

Pero el grueso de la población: esa que todavía lucha por vivir dignamente sin tener que pedir limosna; esa clase baja y media que se establece entre 3 y 10 salarios mínimos (2 a 5 millones de pesos mensuales), a la que se le hace pagar por anticipado la seguridad social; esa, está atrapada por unas EPS (Empresas promotoras de Salud) que se mantienen gracias a la terquedad del gobierno, y se sostienen a costa de robarle al Estado recursos de la salud; esquilmarle los pagos a hospitales y clínicas y enredar a los afiliados con la prestación de los servicios hasta el cansancio o la muerte.

La escalofriante cifra de muertes atribuidas al sistema, haría congelar la sangre en cualquier otro país que no fuera Colombia, y tendría en la cárcel a todo el gobierno, o por lo menos al ministro y al superintendencia de Salud, este último, suspendido en su cargo por la Procuraduría General a raíz de haber autorizado el funcionamiento de Medimás (EPS), sin siquiera tener contratos de prestación de servicios clínicos y hospitalarios a sus afiliados, más de 5 millones de personas.Recientemente, la médica-siquiatra, Carolina Corcho, directora del portal: ‘En salud tengo derecho”, trinó en su cuenta una auténtica cabeza de proceso criminal y dijo: “No sé si será sesgo ideológico que el BDUA (base que contiene la información de los afiliados al sistema), reconozca que solo el 91% de los colombianos están afiliados a salud, y que el INS (Instituto Nacional de Salud), muestre que entre 1998/2010 (12 años), hubo 53 por ciento de muertes evitables, equivalentes a más de un millón trescientos mil colombianos”, cifra que triplica las víctimas fatales atribuidas a la violencia en Colombia a lo largo de 50 años.

Recientemente, la médica-siquiatra, Carolina Corcho, directora del portal: ‘En salud tengo derecho”, trinó en su cuenta una auténtica cabeza de proceso criminal y dijo: “No sé si será sesgo ideológico que el BDUA (base que contiene la información de los afiliados al sistema), reconozca que solo el 91% de los colombianos están afiliados a salud, y que el INS (Instituto Nacional de Salud), muestre que entre 1998/2010 (12 años), hubo 53 por ciento de muertes evitables, equivalentes a más de un millón trescientos mil colombianos”, cifra que triplica las víctimas fatales atribuidas a la violencia en Colombia a lo largo de 50 años.

Tras la denuncia de la médica, trinó el candidato presidencial Gustavo Petro, primero en las encuestas de opinión, y dijo que esas muertes se hubieran podido evitar “si existiera un sistema de salud organizado alrededor de los derechos de la gente. Por eso si queremos una política de la vida hay que refirmar el sistema de salud”.

Y semejante denuncia pública resbaló por el lomo del gobierno como resbalan los jabones en las manos mojadas. Y eso ha sido así desde 1993 a hoy 2017, 24 años de tormento social: se han cerrado hospitales y clínicas públicas y privadas; se han robado la plata a ojos vistas; se han hecho reformas que nada cambian; se han abierto investigaciones al más alto nivel que terminan en el gabinete de la impunidad; se han hecho marchas, manifestaciones, protestas y asonadas, y el sistema ahí: incólume.

En diciembre del 2011, como podrán ver en la gráfica al final de este editorial, las opiniones se dividían entre 44 por ciento de gente que creía que el sistema de salud estaba mejorando y otro tanto que lo percibían empeorando. De ahí en adelante, los puntos rojos que muestran el empeoramiento empezaron a subir: seis años después, la brecha muestra arriba a los rojos con 85% y abajo a los verdes con 12%.

¡Por Dios!: un sistema de salud pública, rechazado por el 85% de la gente; con semejantes acusaciones criminales de homicidios culposos y corrupción, es un auténtico holocausto sanitario, que no se sucede a espaldas del gobierno sino que obedece a un régimen que gobierna a espaldas de sus conciudadanos.

Los colombianos todos, ad portas de unas elecciones de Congreso y presidencial, si en efecto tuvieran algún asomo de racionalidad electoral, debieran rechazar en las urnas a todos aquellos candidatos que no manifestaran públicamente su rechazo al sistema de salud y se comprometieran a cambiar el adefesio de Gaviria, secundado por todos los presidentes, ministros y congresistas que le han sucedido a lo largo de estos 24 años.

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