“En Colombia lo que se presenta es una geografía radical de la violencia por disputa de recursos”: Consuelo Ahumada

Por Fernando Arellano Ortiz

Ciudad de Panamá

Las políticas neoliberales afectan negativamente la implementación de los acuerdos de paz en Colombia. Bajo la lógica de “lo que no es rentable no sirve”, el enfoque económico del gobierno de Juan Manuel Santos es dar prioridad a la promoción del capital especulativo transnacional, con lo que se ha financiarizado la economía. Por tal razón, el Estado no ha podido cumplirle a las Farc, los requerimientos mínimos para la reincorporación de sus exguerrilleros. A ello hay que sumar la oposición tenaz de unos sectores, particularmente de derecha, que se oponen al proceso, porque afectan sus intereses.

Esta lectura de las vicisitudes por las que atraviesa el periodo de reincorporación a la sociedad del movimiento exguerrillero de las Farc, hoy convertido en partido político, la hizo la analista y docente universitaria Consuelo Ahumada Beltrán, filósofa colombiana y politóloga de la Universidad de Nueva York, durante la charla que brindó en desarrollo del XI Congreso de Economistas de América Latina y el Caribe, que tuvo lugar en Ciudad de Panamá, entre el 18 y el 20 de octubre.

Durante su intervención que tituló “La economía colombiana entre al ajuste fiscal y los acuerdos de paz”, la analista explicó que se pactó la reincorporación de la guerrilla para lo cual se establecieron 25 zonas de concentración pero el Estado no ha cumplido con las condiciones mínimas de instalación de las mismas. “El Gobierno no se compromete como debería ser”, precisó.

Ahumada fue categórica al caracterizar la cruda realidad de su país. “En Colombia –dijo- lo que se presenta es una geografía radical de la violencia por la disputa de recursos, como en los casos de departamentos como Chocó, Cauca, Nariño, buena parte de la Costa Caribe, y varios municipios de frontera, donde las actividades de narcotráfico, trata de personas y tráfico de armas es el denominador común”.

En efecto, diversos estudios han logrado identificar patrones espaciales generados por el conflicto armado que permiten tener un panorama completo del territorio y de las dinámicas generadas. El conflicto interno se ha desarrollado de manera desigual en el territorio colombiano, ha desencadenado muertes en todos los segmentos de la población, secuestro, extorsión, discapacitados, reclutamiento forzado, narcotráfico, daños al medio ambiente, deterioro de las relaciones internas y externas.

Los patrones de violencia superan los límites departamentales y muestran los continuos y discontinuos espaciales generados por el conflicto, lo cual ha reconfigurado la realidad nacional y evidencian la necesidad de tener otras perspectivas de análisis territoriales.

Esa geografía de la guerra ha sido causada en buena medida por el abandono histórico del Estado de las zonas rurales y periféricas del país, lo cual ha generado no solo altos índices de pobreza sino además el incremento considerable en la concentración de la propiedad rural: 8.3 millones de hectáreas han sido despojadas o abandonadas por la fuerza (Atlas de la distribución de la propiedad rural en Colombia, 2012).

A lo anterior se agrega que el 82% de la población civil ha sido víctima del conflicto armado; el 63% de jóvenes menores de 25 años es impactado de manera dramática por el fenómeno del desplazamiento forzado; y varios pueblos indígenas se encuentran en vías de desaparición por el abandono del Estado.

Ese abandono secular ha forzado a los campesinos de varias regiones del país a cultivar coca porque el Estado no da alternativas.

Estos datos suministrados por la politóloga durante su conferencia, dan cuenta además que Colombia es uno de los países con mayor concentración de la riqueza no solo de América Latina sino del mundo (el coeficiente de Gini en este país se ubica en 0.90).

A ese complicado panorama, Ahumada agrega el hecho de que “la realidad colombiana está completamente permeada por una cultura retardataria, patriarcal, feudal, religiosa y antidemocrática”. Por ello es que en el relato dominante del conflicto se estigmatiza a la guerrilla, se sobredimensiona su accionar pero no se reconocen los horrores cometidos por los paramilitares que de lejos han cometido más acciones violentas que la insurgencia.

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En ese contexto, la profesora universitaria explica que uno de los actores de la política colombiana, el cuestionado expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, se opone frontalmente a que se investigue el despojo de tierras y la violación de derechos humanos por parte de agentes del Estado y de terceros con ocasión del conflicto interno, porque él, su gobierno (2002-2010), muchos de sus aliados y colaboradores seguramente saldrán salpicados y comprometidos. A ello, precisa Ahumada, se debe “la oposición de Uribe a la Justicia Especial para la Paz”, (justicia transicional).

Prioridad a la promoción del capital especulativo transnacional

Al recabar que el modelo económico constituye un misil contra los acuerdos de paz porque limita al máximo la inversión social y la posibilidad de llevar desarrollo humano a las regiones periféricas del país, la politóloga explica que eso es debido a que la prioridad del gobierno es otorgarle el máximo de ventajas a la inversión extranjera.

El de Colombia, dijo, es un modelo económico que se sustenta en la regla fiscal, basada en el principio de sostenibilidad de las finanzas del Estado, herramienta que fue constitucionalizada a través de la aprobación de un acto legislativo en junio de 2011.

Los gobiernos del último cuarto de siglo se han destacado además por el ajuste fiscal que no es más que la reducción del gasto público en lo social. Ello se evidencia en la política tributaria ejecutada a través de las diversas reformas realizadas durante el prolongado periodo del modelo neoliberal en Colombia que muestra tendencias claras y perdurables que Ahumada precisa en las siguientes características: 1) preocupación por otorgar beneficios tributarios al gran capital y la inversión extranjera; 2) modificaciones del impuesto de la renta, en torno a su reducción, sumado a un aumento de las exenciones a las grandes empresas extranjeras y nacionales, mientras que se da un incremento en los impuestos a las rentas laborales, lo que afecta a la clase media directamente; 3) incremento de la tributación indirecta, representada por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), gravamen al consumo de naturaleza regresiva, ya que afecta a toda la población sin importar la condición socioeconómica; 4) reducción importante de la financiación social por parte de los empresarios.

Esa es la explicación porque sectores como la agricultura y la industria están totalmente rezagados, pues al dar prioridad a la promoción del capital especulativo transnacional, se ha financiarizado la economía.

La prioridad del gobierno, precisa la analista política, “es cumplirle a los bancos, ese el paradigma, porque de lo contrario vienen las sanciones y las malas calificaciones de las agencias de riesgo, pero no se sanciona a un país como Colombia donde se deja morir a miles de niños por inanición y no se garantiza mínimamente el derecho a la salud”.

El capital y su rentabilidad especulativa, adicionalmente, tienen la protección de la institucionalidad. Por ejemplo, dijo Ahumada, “la Fiscalía General está comprometida con la protección de los grandes grupos económicos y de los líderes de los partidos políticos más corruptos, precisamente los enemigos del proceso de paz”.

Para el gobierno de Juan Manuel Santos y varios empresarios la paz no es más que una excelente oportunidad para hacer negocios muy rentables. Sin embargo, dijo la docente universitaria, “al campesinado colombiano no le interesan las grandes autopistas como las 4G que son para los meganegocios, lo que si son de su prioridad son las vías terciarias, ni siquiera las secundarias” para poder hacer rentable su economía agraria.

Los retos para una verdadera implementación de los acuerdos de paz

En opinión de Ahumada Beltrán, para lograr una verdadera implementación de los acuerdos de paz y avanzar en la etapa del posconflicto, se requiere en primer lugar, fortalecer el papel redistributivo del Estado y de la inversión pública y social, para lo cual es imperativo la reformulación del modelo económico en Colombia. Ello tendría que ir acompañado de la refinanciación de la deuda externa, y de otra visión respecto del problema del narcotráfico. Porque en el caso colombiano, en este espinoso tema, Estados Unidos chantajea y presiona a Santos en materia de los denominados cultivos ilícitos y esa es la razón para que tenga que mostrarse como obsecuente aliado de Washington, asumiendo continuamente una actitud vergonzante de injerencia al pronunciarse contra el proceso político de Venezuela.

Para lograr lo anterior, precisa, se requiere enfrentar en las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2018 a la alianza de la extrema derecha que apunta a torpedear los acuerdos de paz, haciéndolos “trizas” como ha sido su expresión, mediante una gran convergencia de los sectores alternativos, democráticos y de los que están comprometidos con el proceso para elegir un gobierno que garantice la viabilidad del posconflicto poniendo en marcha planes para reducir la pobreza, optimizar los servicios sociales básicos y contribuir en el plano regional a reimpulsar el modelo de integración. Como lo hicieron, puntualiza Ahumada, los gobiernos progresistas de Suramérica que lograron trazar alternativas de desarrollo social y de defensa de la soberanía.

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