Estado colombiano se resiste a aceptar disposiciones de la Corte Penal Internacional en materia de derechos humanos

Representantes del Estado colombiano que participan de la primera parte del periodo de audiencias número 165 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se realiza en Montevideo, Uruguay, afirmaron que el Gobierno escucha a la Corte Penal Internacional, pero que sus observaciones respecto a violación de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario deben estar acordes con el ordenamiento jurídico interno. Este pronunciamiento, según manifestaron defensores de derechos humanos, podría significar una violación al Estatuto de Roma si no se atienden las advertencias de la CPI

Esta se convierte en una de las principales preocupaciones que aflora de esa audiencia de la CIDH por cuanto que el Gobierno de Juan Manuel Santos deja entrever que los instrumentos internacionales de defensa de los derechos de las víctimas pueden ser desconocidos por Colombia, afirmó Jomary Ortegón, vocera del Colectivo de abogados José Alvear Restrepo.

Además, ante la CIDH, las organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron que, según lo que se ha tramitado de la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP) en el Congreso, no es clara la participación de las víctimas, pero tampoco que los máximos responsables sean judicializados. “Actualmente la arquitectura institucional no pareciera permitirlo, como lo refleja el último documento de la CPI”, explicó Ortegón.

Altos índices de impunidad

Como un ejemplo de la idea de impunidad en Colombia, las organizaciones afirmaron que la Ley 975 de 2005, generó 15.743 compulsas de copias para investigar actores militares, políticos y económicos, pero no hubo ningún resultado,  lo que, según los defensores de DDHH presentes en la audiencia, podría dificultar la posibilidad de que terceros que hayan contribuido en los crímenes en el conflicto armado, comparezcan en la JEP.

Otro de los anexos presentados a la CIDH reporta 456 casos, de los cuales el 74% está en etapa de investigación, el 4,7% archivados, sobre el 16,2% la Fiscalía no reporta ningún tipo de investigación, solo en 2% hay acusaciones, y el 1,1% cuenta con sentencia, según datos de la propia del ente acusador. Esta situación indicaría que no hay garantías de No Repetición.

Fiscalía no ha contribuido a la superación de la impunidad

De acuerdo con Ortegón, a pesar de que existe un acuerdo de paz, este no es suficiente por sí mismo para cambiar las condiciones de riesgo para los defensores de  derechos humanos. Es necesario, agregó, aprovechar esta oportunidad para hacer una  reingeniería de instituciones como la Fiscalía, que “históricamente han sido incapaces de responder frente al reto más importante de investigar las violaciones a los derechos humanos como mecanismo de prevención para que no se sigan cometiendo”.

En ese sentido se debe revisar, según las organizaciones, que la Fiscalía no tiene cifras propias sobre violaciones a los derechos humanos, que no hay una relación entre las diferentes acciones investigativas, que no hay un trabajo interconectado entre las acciones de investigación y de protección pues se presentan como si fueran cosas aisladas.

Sobre el paramilitarismo y las violaciones a DDHH

En el acuerdo de paz se estableció la Unidad para desmantelamiento del paramilitarismo con el decreto 898 del 2017. Sin embargo, con las observaciones del fiscal Néstor Humberto Martínez se convirtió en institución subordinada a dicha entidad y de bajo rango, lo que amenazaría su autonomía y difícilmente podría lograrse el objetivo para la cual fue creada.

“Aspecto esencial para la viabilidad del acuerdo de paz con las Farc, teniendo en cuenta el mayor riesgo que se presenta con el artículo 3 del acto legislativo, pues el fiscal podría seleccionar y priorizar casos que no sean competencia de la JEP”, explicó la abogada.

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