Gobierno Duque y el retroceso del estado social de derecho

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Foto Periódico ¿QueQué?
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El Comité Ejecutivo Nacional del movimiento NUESTRO PARTIDO ES COLOMBIA dio a conocer un documento de análisis de coyuntura para alimentar la discusión sobre el ejercicio de la oposición. El documento, preparado por una comisión dirigida por Clara López Obregón, directora nacional del movimiento e integrada además por Horacio Duque, Tarsicio Mora, Oscar Gutiérrez Guaqueta, Eduardo Martínez y Berta Rey señala la responsabilidad que le asiste a los dirigentes de las fuerzas en esta coyuntura caracterizada por una nueva correlación de fuerzas en la que los sectores alternativos agrupados alrededor de la candidatura presidencial de Gustavo Petro, lograron el 42% de la votación en la segunda vuelta presidencial, mostrándose por primera vez como opción viable y creíble de Gobierno.

La unidad se impone para recuperar el pacto social de la Constitución de 1991 que el uribismo en el Gobierno del Presidente Duque está empeñada en sustituir por una forma de Estado corporativista dirigidos por los dirigentes gremiales y empresariales, en contravía de la realización de los derechos ordenada en el Estado social de derecho en proceso de desmantelamiento.

El siguiente es el texto del análisis titulado:

Gobierno Duque y el retroceso del estado social de derecho

Introducción

La polarización que ha vivido la política colombiana con ocasión de las negociaciones de paz ha sacado a la luz el fraccionamiento del establecimiento entre quienes apoyaron el proceso de paz con las FARC y quienes le opusieron una virulenta oposición. Acostumbrada la izquierda a ser la única oposición al gobierno, se encontró en competencia con el uribismo que logró captar un respaldo que a la postre logró ser mayoritario, tanto en el referendo de la paz, como en las elecciones presidenciales.

Las lecciones están a la vista. Los sectores de izquierda y alternativos no encontraron el camino de la convergencia de cara a las presidenciales, mientras que el uribismo consolidaba una sólida unidad alrededor de políticas de franco retroceso democrático que ahora el Gobierno Duque empieza a ejecutar sin pausa y con apariencia de dialogo y bonhomía.

Bloque alternativo: opción de Gobierno

En el documento de Coyuntura y Perspectiva Política preparado para nuestra Asamblea Nacional de agosto pasado, planteamos que las elecciones presidenciales de 2018 habían derivado en una nueva correlación de fuerzas que es menester consolidar. La coalición de sectores alternativos y de izquierda que respaldó a Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial obtuvo el 42% de la votación total, mostrándose por primera vez como alternativa viable de Gobierno[1]. Este cambio en la correlación de fuerzas significa una gran responsabilidad para los dirigentes de los sectores alternativos y de izquierda que va más allá de la oposición a la política regresiva en materia de derechos, paz y democracia que representa el uribismo en el Gobierno.

Los retos que plantea la nueva “correlación de fuerzas”

Para los sectores alternativos y de oposición al gobierno del Presidente Iván Duque es perentorio asumir los desafíos e implicaciones de la nueva correlación de fuerzas surgida con ocasión de las dos votaciones registradas en el primer semestre del 2018 que escogieron el nuevo parlamento y presidente. Esa correlación de fuerzas es la que permite entender y valorar las dos potentes movilizaciones ciudadanas registradas recientemente.

Los movimientos sociales que recuperan su protagonismo político en la esfera pública, como el expresado en la Consulta Anticorrupción y el de los estudiantes universitarios, presentan unas novedades e innovaciones que los hacen diferentes a los modelos conocidos de las movilizaciones clásicas. Ahora estamos delante de la emergencia de una multiplicidad de fuerzas sociales que acuden a las denominadas “tácticas cotidianas” (De Certeau) para contrarrestar las estrategias molares de los grupos de poder en ámbitos como la vida religiosa, el campo de la familia, el mundo agrario y los escenarios de la política liberal.

Los 12 millones de votantes en la Consulta Anticorrupción, una espontánea expresión social de dimensiones cívicas y democráticas, al igual que el movimiento de los estudiantes universitarios, constituyen la más poderosa herramienta para enfrentar las políticas regresivas del gobierno de Duque como representante de los potentes gremios de la economía y como expresión de la nueva derecha.

Para la acción de los sectores alternativos y de izquierda es definitivo superar viejos esquemas, tácticas y discursos sin capacidad para interpelar las mayorías de la Nación. No se puede ignorar que Duque es una de las versiones más consagradas de una nueva derecha que se sintoniza muy exitosamente con los ciudadanos.

Adiós a las armas

El avance electoral logrado responde a una acumulación de fuerzas desde el movimiento social y político, pero de manera muy importante a la erradicación de las armas como herramienta para hacer política como consecuencia del clima creado por el acuerdo político logrado entre el Gobierno y las FARC para ponerle fin a más de cincuenta años de conflicto armado.

En esta nueva etapa y ante la situación creada con las mayorías en cabeza del sector más radical de la derecha se debe actuar con mucho tino para afrontar el desafío de llegar al Gobierno y recuperar la senda de construcción de paz, de democracia y del Estado social de derecho.

Hay que entender también que la desaparición del conflicto armado con las FARC y su conversión en partido político legal, han abierto un espacio de movilización ciudadana pacífica alrededor de acuciantes problemas que seguramente también se extenderán, además de la anticorrupción y la estudiantil, a otros sectores sociales como el campesinado, por ejemplo, o las minorías indígenas y afrocolombianas.

Oposición

La principal tarea de la coyuntura es propiciar e impulsar una gran convergencia alternativa capaz de llegar al gobierno en 2022, partiendo de acuerdos de cara al poder local en las elecciones regionales de 2019. Un primer paso ha sido el trabajo coordinado de la Bancada Alternativa en el Congreso.

En efecto, la presentación conjunta de proyectos de ley y de actos legislativos muestran una bancada de oposición propositiva y actuante, no solo en el escenario del Parlamento sino en el espacio público como la reciente convocatoria de Foros por la vida realizado en Popayán. A ello se suman los debates de control político en que los distintos sectores se apoyan y complementan, mostrando trabajo en equipo y capacidad efectiva de presión a través de debates de control político y de participación activa en las ponencias y debates legislativos para consensuar alternativas e incluso impedir los elementos más extremos de los proyectos gubernamentales y de la propuesta uribista. El consenso inicial para no tocar la tutela y para impedir la reintroducción de la inmunidad parlamentaria son logros destacables.

Convergencia

En la tarea de forjar la convergencia, otro avance es la conformación de la Mesa Facilitadora de la Unidad Democrática, conformada inicialmente por una decena de fuerzas de oposición,[2] que se propuso el objetivo de articular a los distintos sectores en busca de los acuerdos programáticos y las reglas de juego hacia la meta de conformar un Frente Común o, por lo menos, una unidad de acción suficientemente robusta para no repetir la experiencia de desarticulación hacia la primera vuelta presidencial en 2018 que facilitó el triunfo de la derecha.

Su responsabilidad histórica consiste en superar los intereses personales y de grupo para abrirle paso a un Frente Común de todas las fuerzas progresistas que apoyaron a Gustavo Petro en la segunda vuelta y lo que constituye un reto mayor, ampliar el espectro de la confluencia para incluir a sectores que no lo apoyaron y convenir un programa y unas reglas de juego para actuar juntos en el proceso de rescatar el Gobierno de manos de la derecha. En términos gramscianos, se busca movilizar un bloque contra hegemónico que dispute la dirección intelectual y moral de la sociedad al bloque de la derecha.

Bloque dominante: desmonte del Estado social de derecho

Para entender el carácter estratégico de la convergencia democrática en esta etapa de la vida nacional basta caracterizar al nuevo Gobierno y a las fuerzas dominantes que lo apoyan. En efecto, llegó al Gobierno el uribismo con una mayoría del 58%, al frente de una amalgama de los sectores gobernantes con un programa guerrerista de visos autoritarios y prohibicionista, en contravía de los valores y principios que informan al Estado social y democrático de derecho, la forma de Estado adoptada por la Constitución de 1991.

Las políticas anunciadas por el presidente Duque a lo largo de la campaña electoral, que están en pleno proceso de implementación, representan una ruptura del Pacto Social de 1991 fundado en los valores de la democracia liberal y de realización efectiva de los derechos humanos, sociales y a la paz que informan al Estado social de derecho. En resumen, el nuevo gobierno representa un retroceso de los avances inconclusos, en materia de democracia, derechos y de paz de la última generación.

Dichos retrocesos van cobrando forma paulatinamente, en el estilo bonachón del presidente Iván Duque, con medidas aparéntenme aisladas, como la anulación de las consultas sobre la minería, las modificaciones que se tramitan en el Congreso al Acuerdo del Teatro Colón, la aspersión con glifosato y la erradicación forzosa y el decreto de la dosis mínima, en contravía de importantes pronunciamientos de la Corte Constitucional.

El método de una derecha “pop”

Que el Gobierno del Presidente Duque ejecute el programa de gobierno planteado en la campaña no puede sorprender a nadie. Representa el ala más moderada del uribismo con un estilo fresco y de bonhomía, marcado por la táctica del “tire y aloje” que mimetiza el contenido reaccionario de sus políticas y suaviza la irreversibilidad de su aplicación.

Esa nueva derecha que encarna Duque no manifiesta el tradicional discurso de odio y polarizante que la caracteriza. Su retórica y su comunicación son muy propias de la virtualidad de las redes sociales, del mundo online. Es un discurso juvenil, fácil, leve, lúdico, y a veces hasta folclórico. La cuestión es que es una derecha con unas posiciones muy fuertes, racista, patriarcal, LGBT-fóbico, pero con un formato comunicacional que lo vuelve lúdico, que provoca un meme o una risa. Es como si hubiera una cierta trivialización o banalización de un discurso de odio mimetizado justamente por un formato seductor, «pop» y tan juvenil.  Es una derecha que usa un lenguaje joven e infantilizado pero que captura fuertemente a la gente más adulta en una especie de infantilización del público adulto.

Foto elgiromx.org

Modelo económico de capitalismo puro

La conformación gremialista de su gabinete responde al paso que dieron los dirigentes de los gremios al constituirse en actor político y reemplazar la intermediación de la clase política desprestigiada y, en muchos casos, sustraída de su control, con la acción directa de sus propios cuadros.

El corporativismo soñado por la derecha histórica del laureanismo falangista, que lo proyectó como forma de gobierno en la pretendida Constituyente de 1953 y que recogió Uribe con su propuesta de un Estado comunitario, regresa para hacerse realidad en el proyecto ecléctico de Duque que cobrará forma en el Plan Nacional de Desarrollo en elaboración.

Los gremios, por primera vez, dejaron atrás la supuesta neutralidad política que les impedía tomar partido en las elecciones y cruzaron la línea roja hacia la parcialidad política. En efecto, el Consejo Nacional Gremial, compuesto por 26 gremios que reúnen el 60% de la producción nacional, se pronunció abiertamente en favor de la candidatura de Iván Duque con un programa de fortalecimiento del gran capital y su modelo de capitalismo puro, que como lo ha señalado Thomas Picketty, ha generado la más alta concentración de ingresos y de riqueza desde los años del capitalismo salvaje del siglo XIX.

Paralelamente, para satisfacer los intereses feudales de terratenientes y señores de la guerra del ala radical del uribismo, desde el Congreso las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia así como más colectivamente, las bancadas del Centro Democrático y Cambio Radical, impulsan proyectos en vía contraria a la paz como la reforma de la Ley de Víctimas que busca invertir la carga de la prueba para hacer nugatoria la restitución de tierras despojadas, la reforma de la justicia que busca eliminar las altas cortes o debilitar su autonomía, con grave perjuicio de la separación de poderes y de la tutela; y la modificación del juzgamiento de militares que elimina el principio de un tratamiento simétrico pero separado que informa a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), requisito para que haya Verdad.

Reducción de las garantías sociales

Para fortalecer la acumulación del capital, el Gobierno acentúa la reducción de los impuestos a los más acaudalados, a pesar de la crítica situación fiscal que tanto se publicitó alrededor de la discusión del presupuesto de la Nación.  La compensación del hueco fiscal resultante, ese si real y cuantificable, se hará con la extensión del cobro del impuesto sobre la renta a los sectores medios y trabajadores y la ampliación del IVA a la canasta familiar; todo lo cual conduce a la reducción del gasto público social, el recorte de subsidios a los servicios públicos, la desfinanciación de la educación pública, una reforma pensional regresiva y la reducción del acceso a la salud, y el marchitamiento del componente agrario de los acuerdos de paz, para mencionar las inversiones sociales más impactantes.

El nuevo decreto que permite a la Policía registrar a cualquier ciudadano para decomisar la dosis mínima abre el camino al perfilamiento y la estigmatización de los jóvenes, contraviniendo el libre desarrollo de la personalidad y la propia dignidad de la persona; a la vez que abre nuevos estímulos a la corrupción de la Policía con desmedro de la seguridad ciudadana. El regreso a las políticas prohibicionistas que atacan a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico -consumidores y cultivadores – con la decisión gemela de abandonar la sustitución social por la erradicación forzosa y la aspersión con glifosato, no solamente no funciona; sino que abandona el criterio de corresponsabilidad de países productores y consumidores en la lucha contra este flagelo, mientras que en California, Canadá y otros países se recogen medidas represivas inútiles y se legaliza el porte y consumo recreativo de marihuana.

Reglamentación de la protesta social

Un programa de gobierno de naturaleza tan regresiva previsiblemente generará resistencia. Entre los acumulados detrás de los resultados electorales está sin duda el avance del movimiento social, compuesto por múltiples organizaciones de todo tipo, ahora articuladas bajo coordinadoras bien estructuradas sobre la base de la horizontalidad y del respeto de la autonomía de cada cual. En previsión, el Ministro de Defensa madrugó a anunciar la reglamentación de la protesta para permitir solo aquella que “represente los intereses de todos los colombianos y no solo de un pequeño grupo,” es decir, toda protesta que por definición es contra-mayoritaria, para después estigmatizarla como financiada y dirigida por mafias transnacionales del narcotráfico, en total desconocimiento de los derechos democráticos de la Constitución de 1991.

De la paz a la guerra

Talvez el tema más sensible es el derecho síntesis a la paz. No solamente se regresa a la tesis de que en Colombia no ha habido conflicto armado, sino que nuevamente el lenguaje oficial ambienta en su discurso que lo que hay es una amenaza terrorista de la criminalidad organizada transnacional dedicada al narcotráfico. El Acuerdo del Teatro Colón se mira solo en la dimensión del Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR) de las bases guerrilleras, sin recursos ni voluntad política para el desarrollo rural integral y la sustitución social de cultivos. La negociación con el ELN permanece en el congelador hasta que haya un “cese total de acciones criminales, con estricta supervisión internacional y tiempos definidos,” lo cual no podrá lograrse sin un diálogo y acuerdo previos.

Lo más sensible, es que la política guerrerista se extiende más allá de las fronteras con peligros de provocar un enfrentamiento armado con Venezuela que ya produjo su primer efecto: un aumento de tres billones de pesos para el sector defensa en lo que puede convertirse en una carrera armamentista con Venezuela.

Sin reconocimiento alguno por el logro de la paz y lo que ha significado para las zonas de conflicto y para el impulso de la economía, el Gobierno ha permitido que la política guerrerista del Presidente de EEUU, Donald Trump, frente a Venezuela contamine la política exterior colombiana que debe ser regida por un estricto acatamiento del interés nacional de Colombia. Sobre este particular, el Gobierno que no suscribió la declaración del Pacto de Lima oponiéndose a la intervención militar y al uso de la violencia para solucionar la crisis en Venezuela, ya ha encontrado una fuerte reacción en voces visibles del establecimiento que no está dispuesto a acompañar al uribismo en esa aventura. Aun cuando se ha visto cierta rectificación en recientes pronunciamientos del Presidente Duque afirmando que no tiene ánimos belicistas, el peligro de la “acción intrépida” frente a Venezuela no está del todo despejado.

Foto Presidencia de la República

Los rumbos de la política de paz de Duque

El nuevo gobierno de Iván Duque heredó dos asuntos de enorme trascendencia para el país: de un lado, la etapa de implementación del Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno de Santos y las Farc; y del otro, las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).  Se trata de dos procesos profundamente delicados, que de no consolidarse por el incumplimiento de lo acordado en el primero, y no alcanzar el objetivo esperado del segundo, darían al traste con la ilusión de paz que se construyó en el país y en la comunidad internacional con la firma del Acuerdo Final II en el Teatro Colón de Bogotá.

Con el nombramiento de los nuevos consejeros de paz y del posconflicto, empezó una sustitución del lenguaje oficial sobre la materia. La palabra “paz” se viene reemplazando por “legalidad” y “posconflicto” por “estabilización”, lo que se traduce en un cambio de concepción del nuevo Gobierno sobre términos con implicaciones políticas como conflicto, paz y guerra.

Lo único claro hasta el momento es que será una política de “paz condicionada”. El discurso del presidente Duque precisamente reitera términos como ‘desmovilización’, ‘desarme’, ‘reincorporación’, jamás ‘negociación’. Muestra el cambio de enfoque del nuevo Gobierno hacia el concepto limitado del DDR o paz negativa y no la paz integral contenida en los acuerdos firmados. Por el contrario, sus acciones conducen a generar las mayores incertidumbres en el proceso de implementación del acuerdo con las Farc y a marchitarlo por falta de recursos. En cuanto al ELN, se percibe la intención de congelar los diálogos hasta que “suceda algo inaceptable” para romper definitivamente la mesa instalada en La Habana.

De igual manera, en términos geopolíticos, Duque debilita el multilateralismo que estableció Santos como parte de su política exterior. Al circunscribir su política exterior a la agenda narcotizada de los EE.UU., el presidente de Colombia impone al proceso de implementación del acuerdo con las Farc y a la negociación con el ELN, los intereses norteamericanos y, en particular, los de las empresas fabricantes y comercializadoras de armas, interesadas en prolongar el conflicto armado interno y propiciar una carrera armamentista con Venezuela.

Protección ambiental

En materia ambiental ya se ven síntomas de la prelación del modelo económico sobre la protección de los territorios, el agua y la naturaleza. Colombia sorprendentemente no ha firmado el Acuerdo de Escazú orientado no solo a proteger la vida de los defensores del ambiente, siendo Colombia el tercer país donde más líderes ambientales han sido asesinados; sino que contempla mecanismos de participación ciudadana respecto de la explotación de minería, hidrocarburos e hidroeléctricas, entre otros. Es ahí donde el Convenio que Colombia ayudó a redactar encuentra escollos con la política del extractivismo acentuado de la clase empresarial. También se viene la reglamentación de las consultas previas y populares, buscando echar para atrás la doctrina constitucional sobre la materia para darle rienda suelta a la explotación minera y energética.

Ministerio de familia

Un tema final, entre tantos otros que se deben seguir analizandod, de importancia para los grupos poblacionales es la propuesta del Ministerio de la Familia que marca el retroceso en materia de igualdad de derechos de las mujeres. Con la sola denominación se retrotrae la discusión sobre los roles y estereotipos que limitan la libertad y libre desarrollo de la personalidad de las mujeres en línea con los dictados religiosos de los apoyos cristianos de la coalición de gobierno.

Contagio represivo

Recientemente, Pascual Gaviria en su columna en El Espectador hizo referencia a un libro sobre herejes y hogueras escrito por Pedro Gómez Valderrama en el describe las exageraciones y desenfrenos en que incurren las personas imbuidas de un sentimiento de poseer la verdad que les lleva a ver demonios por todas partes y a imponer su purismo a sus conciudadanos por los medios que sean necesarios. Generan en la sociedad un “contagio represivo” del que nacieron las cacerías de brujas, la inquisición y el nazismo. Cita a Valderrama en el ensayo denominado “el Engañado” para afirmar que “es el hombre común de cualquier época, el espectador de las hogueras, del proceso, de las cámaras de televisión, el hombre a quien se instruye en determinados temores, se dota de una serie de conceptos ad hoc, de temores fabricados, de odios previamente planeados.”[3]

Síntomas de ese contagio represivo se ven en las redes sociales, la hoguera moderna, mediante la cual se matonea sin piedad y se estigmatizan los sectores políticos y sociales contestatarios e inconformes. El discurso público se contagia de intolerancia e irrespeto, con grave perjuicio para las libertades y la democracia.

Deterioro de la deliberación pública

De un tiempo para acá se ha venido apoderando del discurso público un desprecio por la verdad acompañado de la utilización de insultos degradantes y deshumanizantes que pueden pasar a mayores.  Lo más grave es que en razón de su reiteración, sin sanción social suficiente, ese discurso repleto de falsedades y se ha venido normalizando en el debate público legítimo, lo que deteriora la democracia y los derechos humanos.

Un ejemplo preocupante apareció en Noticias UNO cuando circularon amenazas en Tunja contra integrantes de la comunidad académica de Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC).  En la nota interpelan a Carlos Fajardo, un activista de las juventudes del Centro Democrático, sobre un audio divulgado, supuestamente por él, en un grupo de WhatsApp denominado “Espartanos.”  El audio es escalofriante.

: sugiere crear “una lista negra” para dar cumplimiento al planteamiento de la “solución final” para lo cual “hay que crear una especie de SS o Gestapo para empezar a exterminar a esos triple hp…..s.”

De las palabras e insultos, como los que se protagonizaron contra el expresidente Santos y el senador Petro, a los hechos de violencia solo hay un tenue paso. La historia de la violencia en Colombia es una clara demostración de ello. El silencio y la tolerancia ante este tipo de lenguaje amenaza con aniquilar la convivencia y la democracia y contribuyen a la ausencia de pedagogía respecto de este lento retiro de las garantías de una deliberación pública racional sin la cual no puede funcionar la democracia.

Foto Revista SEMANA

Las amenazas y asesinatos a líderes sociales y políticos de oposición

Hace unas semanas, circuló la enésima amenaza de muerte de las Águilas Negras. La nota distintiva del nuevo texto es que revela un proyecto político que revive el que propagaba Narváez entre los paramilitares cuando dictaba su cátedra denominada “Por qué es lícito matar comunistas.” Plantea el panfleto que fue poco divulgado el proyecto detrás del asesinato selectivo consiste en: “contrarrestar las estructuras urbanas de la insurgencia camufladas (sic) como supuestos (sic) líderes sociales y orientamos a nuestros bloques la aplicación de esta, deteniendo el avance de la denominada Colombia Humana que impulsa gobiernos de un carácter progresista, entreguista y proclive al fortalecimiento de organizaciones de izquierda y contrarias al proyecto político propuesto por el doctor Iván Duque.”

Preocupa mucho esta declaratoria de objetivo militar a la oposición alternativa y democrática. Es de relievar que esta amenaza es adicional a la que se cierne sobre los líderes sociales, que en un número superior a los 350 han sido asesinados, desde la firma del acuerdo de paz. A ello se suma, el asesinato de cerca de cien excombatientes de las FARC y sus familiares. Dicha amenaza es concreta en su objetivo de atacar la alternativa de oposición que no ha sido debidamente reconocida por el actual Gobierno. El Presidente Duque no solamente omitió referencia alguna a la oposición en el discurso de posesión, sino que en Mompox, donde realizó uno de los primeros consejos comunitarios, expresó que no era necesaria cuando es la base del pluralismo democrático y del binomio Gobierno Oposición contemplado en la Constitución, con derechos y estatuto propios.

Conclusiones

Las mayorías acumuladas por el uribismo significan un paso firma hacia el cambio de la forma de Estado en Colombia. La política planteada en campaña y ahora en plena ejecución por el Gobierno Duque apunta al desmantelamiento de los pocos avances del Estado social de derecho y de la paz.

Frente a este proceso de debilitamiento de las libertades públicas y garantías sociales, el bloque alternativo de oposición tiene una responsabilidad estratégica: conquistar la Presidencia de la República en 2022. Para ello debe agotar todos los esfuerzos para mantener la Coalición por la Paz que respaldó a Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial y ampliarla para construir unas nuevas mayorías capaces de reconducir el Gobierno hacia la realización del Estado social de derecho con todo lo que ello implica en materia de profundización de la democracia, consolidación de la paz, realización efectiva de los derechos sociales, económicos, ambientales y culturales, respeto por la libre determinación de los pueblos y defensa de la soberanía.

Para ello, la Mesa de Facilitación ideada como un espacio de interlocución en busca de acuerdos programáticos y de reglas de juego para actuar conjuntamente en la movilización y social y electoral debe estar dentro de las prioridades de Nuestro partido es Colombia. De igual forma, la participación en los espacios de unidad que ya funcionan en los departamentos y ciudades capitales y la convocatoria a su conformación donde hagan falta.

No hay tarea más importante que la Convergencia orientada a conformar un Frente Común como el de Uruguay, donde partidos desde el centro hasta la izquierda, sobre acuerdos programáticos básicos y reglas de participación electoral que aseguren las mayorías necesarias para hacerle frente a los desafíos que se desprenden del uribismo en el poder.

[1] La utilización del vocablo “Gobierno” en lugar del más comúnmente utilizado “Poder” responde a que éste último representa el factor real de poder económico que se escapa al control de la política y, más frecuentemente la determina, como ha sido el caso de Colombia y de los países donde triunfó la primera ola de gobiernos alternativos en la primera década del presente siglo.

[2] Colombia Humana, UP, MAIS, el movimiento Nuestro Partido es Colombia, Liberales Independientes, rebeldes de La U, sectores de Alianza Verde y el Polo Democrático y abierta a la presencia de otras fuerzas.

[3] Pascual Gaviria. “Aquelarres y Linchamientos”. El Espectador. 3 de octubre de 2018. P. 23