Inconveniencia de la paz no es un problema de mayorías

La inconveniencia de la paz que ahora defiende el Gobierno está en vía de convertir los acuerdos suscritos por el Estado colombiano en simples hojas de papel, que el Gobierno se abstiene de tratar con la rigurosidad y acatamiento que todo acuerdo de Estado amerita.

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Por Clara López  / Semana.com

Al objetar por inconvenientes seis artículos de la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz y proponer tres modificaciones al Acto Legislativo 01 de 2017 que incorporó a la Constitución los ejes estructurantes del acuerdo de paz suscrito por su antecesor Juan Manuel Santos, el presidente Duque está incumpliendo la palabra empeñada del Estado colombiano. Desde el derecho romano, el principio de pacta sunt servanda –los acuerdos son para cumplirlos– ha estado en la base de la legalidad y exigibilidad de las obligaciones contraídas por las partes de su libre voluntad. En la mayoría de los casos, cada parte ha cedido una porción de su aspiración en las negociaciones que anteceden a la suscripción del respectivo contrato, tratado o pacto.

Respecto del Acuerdo final para la terminación del conflicto, los actores reunidos alrededor del Centro Democrático han adelantado una campaña de propaganda dirigida a deslegitimar lo pactado. No es exagerado afirmar que han moldeado una parte importante de la opinión pública mediante consignas falsas diseñadas para manipular los contenidos y alcances de lo pactado con el fin de enemistar a los ciudadanos y ciudadanas con el acuerdo de paz. Vladdo lo ilustra de manera didáctica en la caricatura que titula “Cambio de doctrina,” en la que se muestra cómo el uribismo ha transformado el conflicto armado en una “amenaza terrorista;” la JEP en “Tribunal de Impunidad”; la bancada de oposición en “enemigos de la democracia” y la Cátedra de Paz en “Adoctrinamiento”. Todo ello, arropándose en la defensa de las víctimas y de los niños, sobre todo los más pobres, cuando existen serios indicios que apuntan más bien a evitar que se sepa toda la verdad. Con supuestas nobles motivaciones, trabajan por debilitar y hacer fracasar la justicia transicional y con ella, el proceso de paz.

De eso se tratan las objeciones. Como si el Estado colombiano empezara y terminara con cada cuatrienio, eximiéndose al nuevo gobierno del cumplimiento de las obligaciones contraídas por todos los anteriores. Bueno no todos, solo de los que adversan como es el caso de la paz de Santos que la Presidencia de la República sostiene ahora si será “una paz bien hecha” o “una paz que nos una para zanjar de una vez por todas las discusiones que han marcado la historia reciente del país,” como afirmara el presidente Duque en su alocución televisada, cuando estaba haciendo todo lo contrario.

Con el gancho de la unidad, el presidente Duque esconde su verdadero planteamiento que consiste en el incumplimiento directo y consciente de lo acordado: el acuerdo renegociado después del plebiscito que fuera suscrito por el jefe de Estado en uso de sus atribuciones constitucionales, refrendado por el Congreso, validado por la Corte Constitucional y depositado en Naciones Unidas como acto unilateral del Estado colombiano exigible conforme al derecho internacional y en Berna como acuerdo especial de los protocolos comunes de los Convenios de Ginebra.

Declarar inconvenientes o modificar por la vía de una contrarreforma constitucional normas determinantes de la voluntad de las partes en materia de justicia transicional y extradición, entre otras, para llevarlas a un Congreso con nuevas mayorías adversas a los acuerdos de paz, equivale a una modificación unilateral de lo pactado. Tal eventual modificación riñe con el principio de pacta sunt servanda y constituye perfidia, vocablo que califica al traidor o desleal, a aquel que abusa de la buena fe del otro, siéndole desleal.

La inconveniencia de la paz que ahora defiende el Gobierno está en vía de convertir los acuerdos suscritos por el Estado colombiano en simples hojas de papel, que el Gobierno se abstiene de tratar con la rigurosidad y acatamiento que todo acuerdo de Estado amerita. Y no es la primera vez, pues ya está desconociendo los protocolos firmados con los garantes para el regreso de la delegación del ELN a territorio colombiano. El cumplimiento de la palabra empeñada formalmente por el Estado no es, no puede y no debe ser un problema de mayorías.