Industria del cultivo de palma involucrada en violación de derechos humanos, conflictos por tenencia de tierras e impunidad en América Latina

Cronicón.net

Varios estudios e investigaciones de diversos organismos no gubernamentales que se han realizando desde hace algunos años vienen mostrando el influjo negativo que tiene el cultivo de palma africana en distintos países de América Latina en lo concerniente a violación de derechos humanos, conflictos de tenencia de tierra e impunidad.

Este sector agrícola ha iniciado un incremento de su producción en Latinoamérica y con ello, se ha aumentado el potencial para dar lugar a conflictos sociales y destrucción ambiental.  De los diez principales países productores de palma en la región, solo uno (Costa Rica) no está catalogado como “altamente corrupto” por Transparencia Internacional. Igualmente, más de un tercio de las empresas se encuentran bajo investigación por abusos laborales, destrucción masiva del medio ambiente y conflictos sociales.

La mayoría de empresas dedicadas a la producción de palma tiene un largo historial de conflictos por los derechos a la tierra, guerras civiles e impunidad por la violencia cometida contra comunidades y activistas de derechos humanos. Además, otro elemento negativo es que los gobiernos locales, regionales y nacionales a menudo se confabulan con las empresas para perpetrar abusos. En Colombia, por ejemplo, grupos paramilitares han sido el mecanismo de empresarios dedicados a este cultivo para presionar o forzar desalojos de pequeños propietarios rurales, como en el caso de Poligrow. En Honduras, la Cooperación Financiera Internacional del Banco Mundial ha investigado a Dinant Corporation por denuncias de asesinatos de al menos cuarenta personas vinculadas a sus plantaciones de aceite de palma, personal de seguridad y subcontratistas. Estos, desafortunadamente, no son extremos atípicos, sino ejemplos de “negocios como siempre” en la región. La frecuencia y la consistencia de la violencia han otorgado a América Latina la dudosa distinción de ser la región más peligrosa para los defensores del medio ambiente.

Los principales países productores de palma, Brasil, Colombia, Guatemala y Honduras, se encuentran entre los diez primeros por asesinatos de defensores y líderes sociales.

En este contexto, las violaciones de los derechos humanos van de la mano con la devastación ambiental y en América Latina. Teniendo en cuenta los peligros que enfrentan las comunidades que se oponen a las empresas que buscan apoderarse de la tierra a través de medios ilícitos, se necesitan más recursos humanos y financieros para proteger los derechos humanos y a los activistas ambientales en el terreno.

Una caja negra

El aceite de palma ha sido un producto menor en la región durante años, generalmente promovido por agencias de desarrollo y gobiernos como un “cultivo de reemplazo” para detener las plantaciones de coca como parte de la “guerra contra las drogas”. Sin embargo, desde 2001, la producción de aceite de palma se ha duplicado.

A pesar de esta expansión, el sector de la palma de América Latina sigue siendo en gran medida una caja negra.

Las empresas de producción de Palma son en su mayoría de propiedad privada, a menudo de propiedad familiar y, en muchos casos, subsidiarias de conglomerados nacionales poderosos y conectados políticamente. La mayoría de los productores de palma de América Latina son compañías privadas, muchas de propiedad familiar. Esto significa que su nivel de transparencia y la capacidad de la sociedad civil para comprender sus operaciones es mucho menor que en el caso de las empresas que cotizan en bolsas de valores nacionales o internacionales. Los negocios de producción de palma también suelen formar parte de grupos de conglomerados principales más grandes y verticalmente integrados. En algunos casos, el grupo matriz se está comprando y vendiéndose a sí mismo a través de varias subsidiarias. En los casos más extremos, como en Perú, estos conglomerados controlan grandes porciones de las cadenas nacionales de suministro de palma, desde el insumo hasta la exportación, creando monopolios. Cuando el vendedor y el comprador son la misma empresa, hace que muchas tácticas de presión tradicionales de la cadena de suministro sean irrelevantes.

Empresas generadoras de daño ambiental

Con estos antecedentes, el pasado 7 de junio la organización Forest Heroes presentó en Washington el informe titulado “El Retraso de la Industria del aceite de Palma en América Latina” (https://bit.ly/2sZWfQo), en el que se destaca que esta actividad agrícola constituye una de las mayores generadoras de daño ambiental a nivel mundial, al tiempo que se ha duplicado en la región de Latinoamérica desde el 2001.

El 90% (24 de 26) de empresas de aceite de palma que fueron evaluadas por el reporte en América Latina, reprobaron al ser calificadas en torno a estándares internacionales laborales y ambientales.

Si bien varias de las empresas dedicadas a la producción de aceite de palma cuentan con declaraciones de sustentabilidad, carecen de componentes críticos que les permitan tener de políticas corporativas de sustentabilidad viables.

El informe señala además cómo en Latinoamérica estas empresas se encuentran bajo escrutinio público debido a su accionar con relación a la falta de políticas responsables, de transparencia y mecanismos para la rendición de cuentas teniendo en cuenta el complejo contexto político de la región.

En efecto, donde se encuentran los cultivos de palma africana, hay un común denominador y es que se vive un ambiente de violencia contra los defensores de la tierra, se dificulta el acceso a la información para los grupos de interés y se mantiene una relación poco o nada transparente entre el sector gubernamental y los grandes productores. Ante los casos de abuso expuestos por la sociedad civil, las industrias disfrazan la solución con la creación de nuevas políticas que no son llevadas a la práctica.

La palma en Colombia, un cuadro alarmante de paramilitarismo y despojo de tierras

Colombia es el mayor productor de palma en Latinoamérica, sin embargo, “esta industria se caracteriza por favorecerse de las políticas públicas permisivas en el país y no representa un ambiente laboral seguro para los trabajadores” dice el informe de la organización estadounidense Forest Heroes.

Si bien en 2017 de manera voluntaria, compañías colombianas que producen aceite de palma firmaron un compromiso de deforestación cero, no incluyeron acciones relacionadas con derechos laborales, derechos de tierras, consentimiento libre e informado o derechos de conflicto social o humanos. La evaluación deja en evidencia que los compromisos de deforestación cero son inadecuados y que el sector colombiano de producción de aceite de palma tiene una necesidad imperante de estándares más altos que incorporen en sus prácticas protecciones laborales, sociales, de derechos humanos y al medio ambiente.

Igualmente, la tabla de calificaciones del reporte muestra que el sector, a lo largo de América Latina y particularmente en Colombia -donde 8 de las 26 compañías que fueron evaluadas – está plagado de conflicto y violaciones ambientales.

Por ello la organización estadounidense recomienda que mientras la reincorporación de la exguerrilla de la Farc avanza en los esfuerzos para estabilizar al campo colombiano, generar modos de sustento, mejorar las economías locales y promover la participación democrática, se deben realizar esfuerzos para asegurar que el sector de la palma opere bajo estándares internacionales para asegurar protecciones a los trabajadores, consentimiento libre e informado y transparencia.

Es de señalar que la industria de la palma ha estado apoyada durante mucho tiempo por las políticas públicas colombianas y ha sido presentada por agencias de apoyo como una alternativa viable para los cultivos en las iniciativas rurales de desarrollo. Empero, esta industria en el país está plagada de conflictos, violación a los derechos humanos y al medio ambiente.

De acuerdo con el análisis de los investigadores sociales Renán Vega Cantor y Felipe Martín Novoa, este ha sido un cultivo que hace parte de la estrategia de agroindustrialización del país, cuyo propósito fundamental ha sido la de legalizar la tierra para impulsar este modelo de producción agrícola, en contraposición al modelo tradicional de tenencia entre comunidades campesinas, afros e indígenas, en el que la agricultura se concibe bajo la lógica del autoconsumo y la venta de excedentes. En consecuencia, dicha estrategia se contrapone a los resguardos, a los consejos comunitarios y las reservas campesinas para desarticular la propiedad colectiva, individualizar su usufructo a partir de la ganancia monetaria, con lo cual es seguro que se pierdan los contenidos culturales intrínsecos asociados al trabajo con la tierra y la comunidad. Es decir, se impone la individualización como mecanismo para la explotación y robo de tierras en el sentido amplio del territorio, que ha sido objetivo de la guerra, lo que ahora se quiere legitimar con la lógica del posconflicto.

Existen casos “exitosos” de supuestos esquemas de asociación entre campesinos y agroempresarios, como la sonada experiencia de San Alberto, en el departamento del Cesar, región controlada hasta la actualidad por paramilitares. Ahí, la empresa Industrial Agraria La Palma, Indupalma Ltda., explota de manera ilegal 4000 hectáreas a baldíos, las cuales son reclamadas por campesinos.

Ese municipio cuenta con 8.528 hectáreas de palma africana, cuyos cultivos se sembraron en tierras que pertenecían a colonos y campesinos que poseían pequeñas parcelas dedicadas a la agricultura de subsistencia. Estas tierras fueron recuperadas en la década de 1970, posteriormente en los años 80 los terratenientes adoptaron “medidas de protección” para recuperar el terreno perdido, con el Ejército y después con el paramilitarismo.

Este proyecto de despojo ha tratado de consolidarse sobre la tierra de los campesinos desde la década de 1960. Así, con la creación de Indupalma en 1961, se dio paso al proyecto de crear un proletariado agrario, que provenía de la expropiación de los campesinos pobres. Estos trabajadores soportaban pésimas condiciones de trabajo, salarios paupérrimos y tercerización laboral.

En este contexto, en 1963 surgió el primer sindicato palmero, en momentos en que comenzaba la producción de aceite de palma que era financiado con capital de la Alianza para el progreso (programa bandera del gobierno de Kennedy para América Latina) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Carlos Lleras Restrepo, la familia Santodomingo y Morris Gutt poseían el 20% de las acciones de Indupalma. En 1977 se organizó una manifestación exigiendo trato justo y garantías laborales, lo cual terminó en el despido de los trabajadores y el señalamiento como auxiliares de la guerrilla.

Debido a la terrible situación de los campesinos despojados, Indupalma plantea las “alianzas productivas”, como mecanismo de legalizar y legitimar los terrenos expropiados y aprovechar la fuerza de trabajo de aquellos.

Un modelo económico fracasado

Desde el punto de vista de la rentabilidad, el modelo económico de la palma africana ha sido un fracaso en Colombia, a tal punto de que dejaría de existir si el Estado no lo financiara, pues le crea grandes costos de inversión en subsidios y préstamos crediticios. La ley obliga a los colombianos a consumir y a pagar el biodiesel, más costoso que el ACPM, de acuerdo con un precio determinado oficialmente, garantizando utilidades a los palmeros.

Este modelo económico, por otro lado, incrementa el despojo de tierras, destruye los ecosistemas, contamina aguas y genera violencia directa o indirecta para miles de campesinos, afros e indígenas a lo largo y ancho del país, quienes viven como intrusos en su propio territorio o son desterrados por los intereses de los empresarios de la palma.

Dicha estrategia constituye un nuevo modelo de explotación de tierras, en el cual la tenencia no es necesaria, se alivia el problema de los títulos de propiedad, y se centran en el contrato de exclusividad y usufructo. Este tipo de estrategias, presentadas como alianzas entre empresarios y campesinos, pretende ocultar las raíces estructurales del conflicto armado, cuyo origen y motor se encuentra en las disputas por la tierra y, en tanto, la desigualdad de acceso a la misma no se solucione, el “posconflicto” será solamente un mecanismo para hacer invisible la guerra y la desigualdad.

Un cultivo que genera situaciones de injusticia social

Según un detallado examen realizado por la revista Semillas, en las últimas dos décadas, la dinámica de crecimiento alcanzada por la agroindustria de la palma de aceite en Colombia ha sobrepasado las situaciones de injusticia social y la destrucción de la biodiversidad.

A inicios de la década de 1990, en Colombia existían cerca de 100.000 hectáreas sembradas en palma aceitera y a finales del año 2006 había alrededor de 300.000. Gran parte de esta área a partir de plantaciones grandes de inversionistas y empresas en zonas potenciales para el cultivo. También un área significativa corresponde al trabajo de pequeños y medianos productores, que por las condiciones mismas de la actividad han sido llevados a que se organicen en alianzas productivas, modelo en el cual se agrupan cerca de 4.500 agricultores vinculados a 83 alianzas, que responden por el 25% del área nueva sembrada en palma de aceite entre 1998 y 2005, equivalente a 33.000 hectáreas.

Los propietarios de las plantaciones de palma en Colombia se ubican en 78 municipios del país, de las cuales un porcentaje significativo se encuentra bajo el esquema de alianzas productivas y modelos de trabajo a destajo, que, según el gobierno nacional “está mejorando la calidad de vida de más de 4.500 pequeños productores y de sus familias”. Pero que en realidad los que se están beneficiando son un puñado de empresas que controlan todo el proceso y también la mano de obra barata.

Para el sector palmero y para el gobierno uno de los mayores problemas es la baja productividad. Es por ello que se ha buscado pasar de rendimientos promedio de 4 toneladas de aceite crudo por hectárea a 7 y 8 toneladas. Adicionalmente el problema de las enfermedades y plagas, tiene fuerte incidencia en algunas regiones. Por ejemplo, en el Pacífico sur, muchos agricultores de palma en Tumaco, han sido fuertemente afectados por estos problemas fitosanitarios, lo que los ha llevado a abandonar los cultivos y han vuelto a los cultivos ilegales como única opción.

¿Por qué Colombia tiene costos de producción superiores a los principales productores de aceite de palma y otros aceites y grasas sustitutos? Entre estas se destacan: una tasa de cambio no competitiva, alto costo de la mano de obra, alto precio de la tierra, alto costo de transporte, la logística de comercialización y exportación, una alta incidencia de enfermedades y plagas en el cultivo, el bajo aprovechamiento de economías de escala, el alto costo del capital léase como tasa de interés, y finalmente los altos costos asociados con la inseguridad y los cultivos ilícitos.

Esta situación ha llevado a que no se pueda competir con los costos de producción que se tiene en los países del sureste asiático, en donde el Estado ha entregado a las transnacionales casi gratis el territorio nacional y las condiciones laborales son mucho peores que en Colombia. En la publicación El amargo fruto de la palma aceitera, se muestra que mientras el costo promedio de producción de una tonelada de aceite de palma en Colombia costo alrededor de 359 dólares en los años 2004 y 2005, en Malasia, la misma tonelada costo 246 dólares y en Indonesia de 158.

Impactos ambientales

Son varias las investigaciones a nivel nacional y mundial que se han realizado en relación con los impactos ambientales de la palma aceitera sembrada como monocultivo en grandes extensiones, cultivo al que se le ha denominado desierto “verde”. De acuerdo con las realizadas por el Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, los impactos provocados por los monocultivos forestales, como es el caso del cultivo de la palma aceitera, son analizados sobre el agua, el suelo, la flora, la fauna y el paisaje, en tanto en el segundo se tratan los efectos sociales y económicos. Los suelos cambian sus características empobreciéndose y la capacidad agronómica de éstos, se pierde. Adicionalmente, se presenta un empobrecimiento de la biodiversidad vegetal y animal.

Referencias bibliográficas:

Geopolítica del despojo, Renán Vega Cantor y Felipe Martín Novoa, CEPA editores, Bogotá, 2016.

Revista Semillas, http://www.semillas.org.co

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