La anarquía del sector salud

Por Eduardo Sarmiento Palacio

El aspecto más traumático de las reformas neoliberales ha sido la privatización de la administración de los servicios sociales. El gasto social, que representa un alto porcentaje del producto nacional, se queda en buena parte en los grandes consorcios y llega en una fracción a los sectores más necesitados.

Por las economías de escala, la inelasticidad de la demanda, la información asimétrica y las tendencias piramidales de los ingresos y gastos, los sectores sociales tienen características que proscriben la competencia y amplían los poderes monopólicos. Los agentes económicos disponen de un amplio margen para apropiarse de las cuantiosas asignaciones presupuestales del sector. La solución más crítica se presenta en la salud. Las empresas prestadoras de servicios (EPS) les deben más de $7,5 billones a las clínicas y hospitales.

En virtud de la ley 100, el sistema gira alrededor de las EPS, que tienen como propósito captar los aportes de los afiliados y los subsidios oficiales del Sisbén y suministrarles el acceso a los servicios médicos. En un principio los ingresos de las EPS no significaban mayores gastos y se manifestaban en grandes ganancias para las empresas, que llevaron en muchos casos a retirar los recursos del sistema y en general a ampliar los programas obligatorios de salud. Lo cierto es que la diferencia entre los ingresos y los egresos de las empresas disminuyeron progresivamente y se tornaron negativos.

El otro componente del sistema son los hospitales y clínicas, que han realizado grandes inversiones para ampliar las instalaciones y acceder a las tecnologías y procedimientos más avanzados. Los servicios se entregan por conducto de las EPS y en los últimos años les han reportado cuantiosas ganancias.

No obstante que desde el principio se previno sobre la inconveniencia de la integración vertical en la propiedad, las dos organizaciones se fusionaron por la vía de las relaciones de producción y comercio. Las EPS cubren las pérdidas con el incumplimiento de sus obligaciones con los hospitales y clínicas. Las ganancias de los hospitales se convierten en préstamos a las EPS. En términos técnicos, los activos de los hospitales están representados por préstamos a las EPS y los pasivos de estas en deudas a los hospitales. Si a esto se agrega que los hospitales y clínicas financian sus inversiones con préstamos el sistema bancario, se cierra el círculo. Estamos ante una monumental organización piramidal que capta recursos del público y los presta a sus clientes.

El montaje no podía ser más frágil e incierto. Los hospitales venden los productos a las EPS a altos precios a cambio de que no se los paguen; las EPS operan a pérdida para mantener los clientes. En el juego ganan los hospitales que pueden vender sus productos a altos precios y las EPS que pueden mantener los servicios al público con menores cotizaciones. Lo grave es que la organización está expuesta a la insolvencia. Si los hospitales y clínicas exigen el pago de las obligaciones, las EPS no podrían ofrecer los servicios y conservar los clientes. El Gobierno se vería obligado a intervenirlas y asumir los pasivos, incurriendo en erogaciones presupuestales que terminan a cargo de los contribuyentes.

El historial de la salud se replica en las pensiones y en otras áreas sociales, donde los agentes privados se lucran con el gasto social. Es hora de que se entienda que los sectores sociales, por tener características distintas a las mercancías, no pueden regularse fácilmente dentro de las disposiciones de mercado. Se requiere la presencia directa de los organismos del Estado tanto en la intermediación administrativa como en la conducción de los subsidios al 40 % más pobre.

El Espectador, Bogotá.

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