La paz: política constitucional de Estado

En el diseño de la política de paz interviene la libre disposición de cada gobierno, pero dentro del marco de la Constitución que establece, hoy por hoy, el único acuerdo expreso de política de Estado.

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Semana.com

El rechazo contundente al acto terrorista del ELN contra los cadetes de la Escuela General Santander expresado por sectores de todo el espectro político, desde la izquierda, pasando por el centro hasta la derecha, es muestra fehaciente de una voluntad general de condenar y superar la violencia como herramienta de infundir miedo y de hacer política. Los llamados a la unidad nacional a partir de esta premisa son lógicos y bienvenidos. No obstante, para lograr este objetivo superior, que ha eludido a los colombianos prácticamente desde la Independencia, no se pueden pasar por alto los contenidos de esa unidad, que algunos comentaristas ya toman por sentada como si el rechazo al terrorismo y a la violencia y la sentida solidaridad con nuestra Policía significaran un cheque en blanco al presidente Duque.

Rápidamente, se ha demostrado que tal unanimidad no existe. Son varias las discrepancias que se han hecho patentes con las declaraciones del presidente, ampliadas por el canciller Trujillo y el alto comisionado para la paz Ceballos. Los dos puntos de controversia centrales son: (i) la decisión de solicitarle al Gobierno de Cuba que incumpla los protocolos en caso de rompimiento de la mesa de diálogo y proceda a capturar y entregar a la Policía colombiana a los diez negociadores del ELN y (ii) la aseveración de que la política de paz no es una política de Estado sino de Gobierno, con las incidencias que ello tiene sobre la implementación de los acuerdos de paz con la Farc, hoy partido político legal.

Respecto de los protocolos, lo primero que debe señalarse es que la política de seguridad no debe afianzarse en el incumplimiento de la palabra empeñada del Estado. Si así se comienza, nadie sabe a dónde se irá a parar en materia de seguridad jurídica y de respeto por la legalidad. La primera consecuencia es la de poner en cuestión la credibilidad del Estado colombiano ante la comunidad internacional, con los efectos adversos que ello tendrá para futuras negociaciones de paz, las cuales hoy no se ven en el horizonte, pero tampoco se vislumbraban recién ocurrida la toma del Palacio de Justicia. ¿Qué país del mundo se prestaría como garante o anfitrión cuando se den las condiciones para una nueva negociación?

Surge también el interrogante de hasta dónde quiere llegar el gobierno Duque. ¿Quiere quemar las naves con Cuba que ha jugado un papel tan importante en el éxito del acuerdo de paz con las Farc? ¿Quiere sentar las bases para el rompimiento de relaciones diplomáticas con la Isla y también con Venezuela, para generar un involucramiento regional en el retorno a la política antisubversiva en una región que viene cambiando de signo político? ¿Será conveniente para el país la internacionalización de los reductos del conflicto armado colombiano?

El segundo punto de discrepancia es sobre el carácter de la política de paz. El alto comisionado sostiene que se trata de una política de gobierno y no de Estado. La distinción entre una y otra está en el corazón del llamado a la unidad nacional. Las políticas de Estado trascienden de un gobierno a otro, incluso de distinta ideología, porque constituyen un acuerdo o consenso mayoritario de país. Ahí está el meollo del asunto.

En el diseño la política de paz interviene la libre disposición de cada gobierno, pero dentro del marco de la Constitución que establece, hoy por hoy, el único acuerdo expreso de política de Estado. Ella dispone en su artículo 22 que “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento,” entre muchas otras disposiciones que dan garantías de no repetición, estatuyen la justicia transicional y plantean la vigencia de los derechos humanos, entre otros elementos de la política de paz del Estado colombiano.

Es ese el marco de la paz como política constitucional del Estado, más no de Gobierno, que hace obligatorios y vinculantes los instrumentos que el Estado utiliza para facilitar, negociar y concretar acuerdos y, desde luego, los acuerdos finales suscritos o que se suscriban. Pretender que se pueden derogar o desconocer unilateralmente no solamente es inconstitucional, sino inconveniente y una negación de la buena fe y la legalidad exigible en todas las actuaciones oficiales.