Los riesgos para Colombia de que Iván Duque no traicione a Álvaro Uribe

Colombia Plural

La organización International Crisis Group (ICG) ha hecho público un informe demoledor sobre las posibles consecuencias de la llegada de Iván Duque Márquez al poder y de un viraje radical en la política del Estado respecto a los procesos de paz.

Este centro de pensamiento con sede en Bélgica no tiene dudas: la llegada de  Duque a la Presidencia de Colombia (y de todos sus aliados con él) es peligrosa para los procesos de paz. El pasado jueves 21 de junio, la prestigiosa entidad independiente consagrada a observar y alertar sobre los conflictos en el planeta, ha hecho público un informe (en inglés) con el título “Negocios peligrosos: el enfoque del gobierno de Duque hacia la paz en Colombia”.

Y el informe es duro. Considera el ICG que en la deriva de Duque “el papel de Uribe será fundamental. El ex presidente acusa a su ex aliado Juan Manuel Santos de traición al negociar la paz con las FARC y es poco probable que acepte si otro protegido traza un rumbo que consideraría una traición”. Por eso, los expertos consideran que “el presidente Duque debería resistir los llamados de los aliados para socavar el acuerdo de paz, especialmente las disposiciones destinadas a revertir la desigualdad rural y el subdesarrollo”.

Y es que el ICG ve contradicciones en las posiciones públicas de Duque respecto del proceso de implementación de los acuerdos con las FARC que pueden provocar que “las iniciativas de desarrollo rural y la sustitución de coca corran más riesgos de revocación que la justicia transicional y la reintegración de [los miembros de las] FARC”.

El fracaso de las conversaciones con el ELN probablemente presagie un regreso a una guerra prolongada e imposible de ganar con la guerrilla

También creen que “la administración entrante parece más propensa a ofrecer respaldo condicional a algunos aspectos específicos del acuerdo, mientras que retiene el apoyo político y financiero de las agencias recientemente creadas encargadas de implementar reformas clave”. Y en esa línea señala que, “quizás más peligrosamente, el nuevo gobierno podría verse tentado a revocar las reformas rurales esbozadas en el acuerdo de paz, que parecen contradecir sus predilecciones sobre el campo colombiano”.

La incertidumbre en todos los frentes

Obviamente, en el informe no se ignoran las otras amenazas a la paz –“La transición de Colombia de la guerra a la paz se ve amenazada por la proliferación de grupos armados, economías ilícitas, fronteras problemáticas y fallas en la implementación del acuerdo de las FARC”-, pero considera que “las presuntas políticas de Duque [las anunciadas] sobre la reintegración de la guerrilla, la justicia de transición, la reforma rural, la sustitución ilegal de cultivos y los desafíos de seguridad fomentan aún más la incertidumbre”. De hecho, la entidad alerta a Duque que, aunque “un regreso total a la guerra con las FARC es altamente improbable”, “(…) los repuntes en la violencia de disidentes de las FARC y de la guerrilla del ELN y una expansión de la influencia de ambos grupos son bastante plausibles. Si el nuevo gobierno retrocede en sus compromisos en el acuerdo de paz, directa o sigilosamente, los disidentes de las FARC y los sectores más duros del ELN se sentirán reivindicados. Pueden ganar nuevos reclutas y apoyo más fácilmente, a medida que los electores rurales pierden la fe de que las reformas prometidas en el acuerdo [con las FARC] se materializarán y sus persistentes sospechas sobre el Estado emergerán. En el peor de los casos, el ELN puede decidir que no tiene nada que ganar con las conversaciones [que ahora se mantienen en La Habana], dadas las aparentes reservas del gobierno. Los líderes de las Fuerzas de Autodefensa de Gaitán pueden pensar dos veces antes de rendirse, incluso si se aprueba una legislación que permita que eso suceda [la legislación ha sido aprobada este mismo jueves]”.

Respecto del ELN, el International Crisis Group, dirigido por el que fuera asesor de Obama y de Clinton Robert Malley, advierte que la guerrilla “ha rechazado la noción de desmovilización sin negociaciones sobre sus demandas políticas, y las conversaciones anteriores con el grupo fracasaron como resultado de condiciones previas similares [a las que quiere imponer el nuevo gobierno]. Duque puede estar haciendo estas demandas sabiendo que el ELN las rechazará, acelerando así el final de las negociaciones y evitando asumir la responsabilidad de hacerlo y el costo político en que incurriría. El fracaso de las conversaciones probablemente presagie un regreso a una guerra prolongada e imposible de ganar con la guerrilla”.

“El odio del partido de Duque hacia el gobierno venezolano [también] tendrá que ver con que continúe las conversaciones con el grupo guerrillero, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que ha entrado en negociaciones con el actual gobierno colombiano, pero utiliza a Venezuela como un refugio seguro con la aquiescencia de las autoridades en Caracas”.

Las opciones

Frente a estos escenarios e incertidumbre y de crisis de los procesos de paz, cree el ICG que es la sociedad civil, la oposición, y los acompañantes extranjeros del acuerdo los que tienen un papel que jugar en esta coyuntura. “El fuerte respaldo para el acuerdo de paz [con las FARC] del Consejo de Seguridad de la ONU, de la Unión Europea y de otros Estados latinoamericanos, la presencia de una misión de la ONU en el país, y una sociedad civil dedicada a salvar el acuerdo podrían actuar como un freno a cualquier esfuerzo [de Duque] para deshacerse de ella”.

En el informe se sugieren los pasos que debería dar Duque si no quiere frustrar los anhelos de paz de Colombia y los resume en estos puntos:

-Dejar intactos y financiar adecuadamente las agencias responsables de llevar a cabo las disposiciones del acuerdo de paz sobre el desarrollo rural, especialmente la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia para la Renovación Territorial;

-Honrar sin excepción los acuerdos firmados por las comunidades rurales para sustituir la coca por otros cultivos;

-Continuar promoviendo leyes y esfuerzos para desmovilizar a los grupos armados ilegales, incluidos los mecanismos de justicia transicional que respetan los derechos de las víctimas; y

-Moderar las condiciones previas que actualmente amenaza con imponer para la continuación de las negociaciones destinadas a poner fin al conflicto con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El ICG utiliza el argumento de beneficios frente a pérdidas para intentar que el nuevo presidente, un hombre de números, entienda las dramáticas consecuencias de volver a la guerra: “Aunque una campaña militar podría debilitar a algunos grupos armados y reducir, en el corto plazo, la cosecha de coca en Colombia, podría incitar a las comunidades rurales a abrazar facciones armadas que desde hace mucho argumentan que el acuerdo de paz con las FARC es una farsa y que Bogotá no es confiable”.

“El acuerdo de paz de las FARC puede no ser perfecto, pocos de esos acuerdos lo son, y el paisaje de seguridad colombiano, que ha evolucionado desde que se firmó el acuerdo, sigue suponiendo un enorme desafío, sobre todo a lo largo de las fronteras. Pero tratar de descarrilar el acuerdo o adoptar políticas que impidan sus objetivos a más largo plazo -de abordar la desigualdad y el subdesarrollo en las zonas rurales- probablemente genere una mayor inestabilidad, obstaculice la devolución de la autoridad estatal a las periferias de Colombia y, con el tiempo, impulse la violencia y el tráfico de drogas”.

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