¿Perderá Colombia?

POR CLARA LÓPEZ OBREGÓN

En diciente caricatura, Matador concibe el congelamiento de la ley del procedimiento de la JEP por parte del Congreso como un golazo con el que “Perdió Colombia”. Y no es para menos. Si se impone la revancha, el país puede perder en más de un sentido.

En primer lugar, porque la Justicia Especial para la Paz (JEP) no puede denegar justicia y debe actuar, aún con el vacío de la Ley. Pero cuando lo hace, le cae el mundo encima por no esperar a que el Congreso legisle su procedimiento.  Fue lo que pasó con el caso de Santrich en el cual la JEP se vio precisada a aplicar su propio reglamento. De no aprobarse la ley en las sesiones extras, la polémica se repetirá, con la consecuente deslegitimación de esa naciente institución crucial para la paz.

En segundo lugar, el cambio de posición de las nuevas mayorías del Senado erosiona la institucionalidad constitucional de manera grave. Solo bastó que el Presidente electo pidiera frenar la creación del procedimiento de la JEP para que el Senado atendiera el llamado.  Sin siquiera tomar posesión del cargo, Iván Duque ya da órdenes que se cumplen en el Congreso. La nueva mayoría está a la vista y el mensaje quedó claro.

Tanto el requerimiento del presidente electo, como el acatamiento de su voluntad por parte del Congreso, abren paso a la concentración del poder en el Ejecutivo, haciendo nugatoria la fórmula constitucional de la división de poderes diseñada para que el poder controle al poder. Sin esa máxima democrática, no hay blindaje jurídico que proteja los acuerdos, ni seguridad jurídica, ni siquiera garantías para que opere – democráticamente- la institucionalidad vigente.

Sólo hay que ver cómo, para arropar esta indefensable decisión política, se tomó como argumento una interpretación jurídica que en dos meses de debate no se había esgrimido y que la Corte Constitucional ya aclaró suficientemente. La interpretación jurídica da para todo, pero no hay institucionalidad que la resista, cuando detrás se ciernen solamente los pulsos del poder y no los de la razón, ni del deber ser.

El Congreso viene tramitando la ley de procedimiento bajo las reglas del mensaje de urgencia del Presidente Santos quién ya ha citado a sesiones extraordinarias para buscar superar el impasse, llegando a un acuerdo con las nuevas mayorías. La realidad es que este no es solamente un pulso entre el presidente Santos y el presidente electo Duque. Hace parte de la erosión paulatina que ha sufrido el acuerdo de paz desde el plebiscito. Si bien éste se renegoció, quedando aprobado el Acuerdo Final del Teatro Colón con la mayor parte de las proposiciones del NO, el Gobierno que se instalará el 7 de agosto viene por más: la efectividad de la JEP para juzgar a los actores del conflicto que cometieron graves abusos contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y la participación política de los mandos de la guerrilla ya desmovilizada bajo las reglas que hoy se busca cambiar.

La pregunta es si un Acuerdo firmado por el Presidente de la República en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, refrendado por el Congreso y avalado por la Corte Constitucional, puede ahora ser modificado unilateralmente por el Estado firmante. La respuesta es NO. El Acuerdo Final no debe ser modificado en sus reglas esenciales. Está de por medio la Constitución y la palabra empeñada por Colombia ante la comunidad internacional. El reto para el nuevo Gobierno y sus nuevas mayorías en el Congreso es si se va a imponer la revancha contra la paz o si se van a honrar el Acuerdo Final pactado y la Constitución para evitar que pierda Colombia.

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