¡Plop!: “la Fiscalía no tiene pruebas contra Santrich”

57
Por Héctor Riveros
Desde hace casi seis meses, cuando se privó de la libertad a Jesús Santrich con fines de extradición a los Estados Unidos el proceso de reincorporación de las Farc entró en una aguda crisis. Difícil imaginar una situación peor: o bien uno de los más importantes dirigentes de esa organización había seguido delinquiendo lo cual resultaba no solo inaceptable sino decepcionante o bien, había una manipulación judicial para dar al traste con los beneficios judiciales que se habían otorgado a cambio de la desmovilización, el desarme y el sometimiento a la justicia.

La detención de Santrich provocó una especie de regreso a la clandestinidad de Iván Márquez, quien fue jefe de la negociación en nombre de las Farc. Se ha insinuado de todas maneras que Márquez también estaría implicado y todos los días hay rumores de que también se ordenaría detenerlo.

De ahí en adelante centenares de ex guerrilleros pretextando una inseguridad jurídica que los pondría al borde la cárcel han engrosado disidencias que habrían crecido en forma importante en estos últimos meses.

El Fiscal Néstor Humberto Martínez, consciente de la gravedad de la detención de Santrich, invitó a los directores de los más influyentes medios de comunicación del país a su despacho para exhibir parte de las pruebas con base en las que se ordenaba la privación de la libertad del ex negociador. Eran unos videos de corta duración y algunas fotos que si bien no revelaban nada insinuaban que Santrich habría sido cogido literalmente “con las manos en la masa”.

El acuerdo había previsto que una situación como esta podría ocurrir y por tanto había diseñado un mecanismo de control que diera certeza, no a la Farc, sino al país, que un gobierno extranjero no estaba tratando de obligar a incumplir el acuerdo, dado que se había convenido que los ex guerrilleros no serían entregados en extradición por hechos ocurridos antes de la suscripción del acuerdo.

El control más importante se le dio a la Jurisdicción Especial de Paz que debe certificar que los hechos por los que se solicita la extradición ocurrieron después de la firma, es decir que implican un burdo incumplimiento a lo pactado.

Cómo cumple la JEP con ese mandato ha sido materia de discusión desde el primer día de la detención de Santrich. Si se trata de un mero trámite secretarial en el que verifica lo que dice la solicitud, caso en el cual el trámite sería innecesario, o valora las pruebas de la ocurrencia del hecho y del momento de su comisión y da fe de ello.

El Fiscal y los opositores al Acuerdo se rasgan las vestiduras para “denunciar” que si la JEP pide pruebas quiere amparar a los miembros de la Farc y sí, el trámite ante esa jurisdicción es una protección judicial para impedir que quienes suscribieron ese acuerdo con el Estado colombiano no sean detenidos arbitrariamente, así como es deber de un juez que conoce un Habeas Corpus verificar que la detención de cualquier persona sea legal.

En general la labor de los jueces de garantías es proteger a los sindicados, por eso se llaman así, su labor consiste en brindar garantías de protección de los derechos de los procesados.

Después de un tira y afloje, la Corte Constitucional tuvo que recordarle al Fiscal que la JEP “es el órgano competente para evaluar la conducta y determinar la fecha exacta de ocurrencia de los hechos” y debió repetir una obviedad: que para decidir “podrá decretar todas las pruebas necesarias”.

Con la anuencia del Fiscal y el impulso de la bancada del Centro Democrático, contra lo dicho por la Corte, el Congreso introdujo una prohibición legal a la JEP para decretar pruebas en trámites de extradición, prohibición, que la JEP inaplica por inconstitucional, pero que, si aplicase, como el Fiscal insiste que se haga, le trasladaría a él la carga probatoria.

Lo que no resulta aceptable, con mediano sentido común, es que un órgano deba “evaluar la conducta y determinar fecha de la ocurrencia de los hechos” sin tener pruebas de que los hechos ocurrieron o al menos evidencias que, por la etapa procesal, no se han controvertido judicialmente. O la JEP busca las pruebas o el que adelanta el trámite está obligado a aportarlas.

La JEP ha pedido las pruebas que existan para “evaluar la conducta” y la Fiscalía no las ha enviado, se ha limitado a mandar lo que el Fiscal Martínez llama el “expediente burocrático”, es decir unas cartas y poco más.

En su última respuesta la Fiscalía sorprendentemente afirmó que “no tiene pruebas de audio y video (…) Los elementos que ahora se solicitan son aquellos que hacen parte de un proceso judicial en Estados Unidos”. ¡Plop!, como en la historieta de Condorito: ¡la Fiscalía no tiene pruebas contra Santrtich!

Todos los medios lo registraron de esa manera, basta con buscar en google 10 segundos, eso dice la carta que la Fiscalía le remitió a la JEP y con base en la cual ella tiene que “evaluar la conducta” y “determinar la fecha de la ocurrencia de los hechos”. Si todo sigue así, esa Jurisdicción no podrá decir cosa distinta a que no existe prueba de que Santrich haya incurrido en delitos después de firmar el acuerdo.

No sé si Santrich es un narcotraficante puro o no. No tengo razones para confiar en él, a pesar de haberlo visto durante más de cinco años negociando las condiciones para pactar su desmovilización y desarme, puede ser que haya defraudado la expectativa de los demás negociadores de lado y lado, constitucionalmente estoy obligado a presumir que no lo es y constitucionalmente, la Fiscalía, que es la que da la orden de privarlo de la libertad y mantenerlo en esa condición, está obligada a probar que ese señor incumplió el acuerdo, incurrió en delitos después de su firma y que por tanto está sometido a las consecuencias penales incluida la extradición.

Martínez llamó al programa radial Voces RCN donde un grupo de panelistas intentaba alguna explicación a la insólita respuesta del Fiscal a la JEP, y dijo que no había dicho lo que había dicho, que sí había pruebas, pero que no en el expediente de extradición sino en otros y que estaban a disposición de la JEP. No sé si la grabación de la llamada se incorporara al expediente que tiene la JEP y no sé si el Fiscal mandará entonces las pruebas que dice tener pero que se niega a mandar a la Jurisdicción especial, pero lo cierto es que por lo que se sabe, a la JEP nadie le ha enviado siquiera un principio de prueba contra Santrich.

El Fiscal dice que en los casos que tiene contra el sobrino de Iván Márquez tiene pruebas contra Santrich y nadie le pregunta si esos hechos ocurrieron en Colombia, como evidentemente habrían ocurrido, por qué no ha iniciado un proceso en su contra como está obligado a hacerlo según dice la Corte Constitucional. Dice que las pruebas están a disposición de la JEP pero que es que le han pedido el expediente de extradición y ahí no están porque están en los Estados Unidos.

El caso de Santrich es un asunto crucial para el proceso de desmovilización de las Farc, no hay lugar a juegos de palabras: que ya las mandé; que no las he mandado porque no las tengo porque las tiene la justicia de los Estados Unidos; que sí las tengo, pero en otros expedientes que no me han pedido; que si me las pide se las mando pero que ya se las mandé.

Lo que está en juego no es poco: de cómo se decida este caso depende el futuro de la desmovilización de las Farc.

La Silla Vacia.