Ser líder social no es un delito: situación de derechos humanos en Nariño

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Ser líder social no es un delito: situación de derechos humanos en Nariño

El Equipo Departamental de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos de Nariño expidió una declaración formulando la siguiente denuncia pública:

El día viernes 20 de abril del 2018 en horas de la mañana, en el departamento de Nariño y en la ciudad de Cali – Valle del Cauca, las autoridades judiciales y la Fiscalía General de la Nación realizaron la captura de algunos líderes y lideresas sociales y defensores de DDHH y reconocidos activistas de la Paz, además 4 exalcaldes de Samaniego y otros exfuncionarios de diferentes administraciones en la subregión de Abades en el departamento de Nariño y el municipio de Ipiales. A estas personas se les ha vulnerado el debido proceso y sus derechos a la presunción de inocencia los cuales fueron sindicados ante los medios de comunicación como miembros del Ejército de Liberación Nacional acusándoles de rebelión entre otros delitos.

Ante la difícil situación en zona de frontera ocasionadas por el brazo armado del cartel de Sinaloa al mando de Alias ‘Guacho’, la respuesta del gobierno es la de continuar con la criminalización del movimiento social, desviando la atención de la sociedad y estableciendo nuevos falsos positivos judiciales en su afán de dar resultados ante las recientes críticas establecidas por sectores de derecha que tienen como propósito utilizar el miedo y la guerra fratricida como herramienta de campaña.

En la historia de nuestro país, los movimientos que han luchado por la paz, la defensa de los DDHH y acompañamiento jurídico a las organizaciones sociales víctimas del conflicto económico, social y armado, siguen siendo los sectores sociales que más ha sufrido la persecución judicial y extrajudicial, detenciones arbitrarias, seguimientos, amenazas, asesinatos, desplazamientos forzados y desapariciones.

Entre los capturados del día de hoy, se encuentran líderes y lideresas sociales y defensores de DDHH y activistas de Paz:

  • Sara Liliana Quiñonez Valencia y Tulia Marys Valencia, son oriundas de Tumaco- Nariño. Sara ha sido Presidenta y vicepresidenta de la junta de gobierno del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera. En el 2015, junto a su familia fue víctima de desplazamiento forzado, tras amenazas contra la vida e integridad física, por la labor que asumió como parte del gobierno propio en pro de la defensa y protección de los derechos étnicos colectivos de su comunidad. Su segundo desplazamiento se provocó en octubre de 2017, la junta del Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera fue amenazada y desplazada; además el 11 de marzo Sara fue cobijada con medidas cautelares bajo la resolución MC400-15 emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, Ha este consejo comunitario le han asesinado dos de sus representantes legales y otros miembros de la junta de gobierno. En la actualidad Sara y su núcleo familiar se encontraban en situación de desplazamiento forzado en la ciudad de Cali.
  • Harold Montufar Andrade, exalcalde de Samaniego, es reconocido como un líder del pacto local de paz en el municipio de Samaniego en el periodo 2004-2007, ha desarrollado un trabajo social y comunitario con población víctima del conflicto armado, siendo una persona preocupada por la construcción de paz y el buen vivir desde lo local, e inquieto por solicitar el apoyo del gobierno nacional y los grupos que dialogan en términos de paz en los desminados humanitarios. Desde año 2014 hasta la fecha se ha venido fortaleciendo el proceso de paz duradera para Santacruz y desminados humanitario con las comunidades del Sande en el municipio de Santacruz, el Chinchal y cabildo indígena de la montaña en el municipio de Samaniego, propuesta presentada por medio del proceso social Minga por la Paz de Nariño.
  • Alexander Garzón Rosero, reconocido líder estudiantil en los años 2000 a 2006, Abogado Universidad de Nariño especialista en instituciones jurídico penales de la Universidad Nacional especialista en derecho procesal penal de la Universidad externado de Colombia candidato a Magister de la Universidad externado es pertenece a la defensoría del Pueblo desde el año 2012, anteriormente se desempeñaba como personero municipal del municipio de Ricaurte, en un periodo en el que se agudizó la guerra por el control territorial entre los en el años 2007 – 2011, como personero recibía las declaraciones de desplazados y les ayudaba a salvaguardar sus vidas.
  • Alejandra Dizú (Vicegobernadora del Cabildo Pueblo Nuevo y representante al tribunal de justicia de las autoridades indígenas del valle): detenida a las 6:30 am en su residencia ubicada en la ciudad de Cali junto con su compañero. No se sabe a dónde han sido trasladados. En el momento de la detención se encontraba con su hija de 7 años, a quien el ICBF se la llevó. No se sabe nada del paradero de la niña.

Entre los demás capturados se encuentran:

  • Pedro Dorado, exalcalde del municipio de Samaniego, Nariño
  • Ricardo Dorado, exalcalde municipio de Samaniego, Nariño.
  • Yamile Montenegro, exalcaldesa municipio de Samaniego Nariño.
  • Darío Dorado. Odontólogo de profesión.
  • Porfirio Madroñero, exconcejal del municipio de Samaniego Nariño.
  • Oscar Betancourt, expersonero del municipio de Samaniego Nariño.
  • Manuel Molina.

Así mismo el Congreso de los Pueblos rechazamos estos atropellos realizados pues demuestran que en medio de un escenario de búsqueda de paz no hay garantías políticas ni jurídicas para quienes luchamos por un país para la vida digna con soberanía, democracia y paz, por lo tanto:

EXIGIMOS

  1. Se respete el debido proceso, el derecho a la defensa y las garantías constitucionales y el total cumplimiento de los derechos humanos a las personas que han sido detenidas. Exigimos la pronta libertad de nuestros compañeros que son y serán siempre libres por luchar por condiciones dignas para el pueblo colombiano.
  2. Que la Procuraduría Regional y la Defensoría del Pueblo, garanticen los derechos constitucionales de los líderes y lideresas y realicen las acciones pertinentes e inmediatas en la presentación de procesos, para que este garantice el debido proceso.

MANIFESTAMOS

Que condenamos cualquier falso positivo judicial que atente contra nuestros líderes y lideresas sociales, por parte de la Fiscalía General de la Nación y los organismos de inteligencia y les hacemos un llamado al respeto a nuestra condición de líderes en defensa de los derechos sociales.

Rechazamos y denunciamos todo tipo de violación de derechos individuales y colectivos, que ponga en riesgo la libertad y la dignidad de nuestros compañeros y compañeras detenidas.

Hacemos un llamado a las organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos a nivel Nacional e Internacional que nos acompañen a través del seguimiento y veeduría, para rechazar de los procesos de judicialización presentadas por la Fiscalía General de la Nación.

Equipo DDHH Congreso de los Pueblos, San Juan de Pasto, 20 de abril de 2018