Subsidios privatizados

Por Eduardo Sarmiento Palacio

La evaluación de los resultados de la actual administración y los planteamientos de reformas para el futuro revelan especial preocupación en la salud, las pensiones y la financiación de la educación superior. En las tres áreas se hicieron grandes transformaciones en los últimos 25 años, que no han dado los resultados previstos y anunciados.

La privatización de los servicios sociales básicos está altamente relacionada con el subsidio a la demanda. No sobra recordar que el subsidio a la oferta lo entrega la entidad oficial, en tanto que el subsidio a la demanda lo entrega el intermediario privado. Si bien el subsidio de demanda ofrece algunas ventajas operacionales, tiene la gran desventaja de que carece de dientes. No hay ninguna garantía de que las cotizaciones de los afiliados se conviertan en servicios médicos efectivos.

La aplicación del subsidio ha sido especialmente desafortunada en los servicios sociales básicos. Estas actividades se caracterizan por prestar servicios que se pagan mucho antes de que se realicen. Se configuran estructuras piramidales que les dan claros poderes monopólicos a los gestores para apropiarse de la diferencia entre los ingresos y los egresos. En términos contables, las operaciones y negocios les significan activos superiores a los pasivos. En la salud se manifiestan en la alianza entre los hospitales y las EPS para cubrir los faltantes financieros con la captación de dinero al público; en los fondos privados de pensiones, en rentabilidades superiores a las del mercado y a las reconocidas a los pensionados; en las universidades privadas, en el subsidio del programa Ser Pilo Paga, que supera ampliamente los costos de la formación educativa.

En síntesis, el subsidio a la demanda en actividades con características piramidales constituye un medio para realizar transferencias de los contribuyentes al capital. Por el solo hecho de administrar las pensiones, la salud y la educación, las empresas y las instituciones obtienen activos superiores a los pasivos que les significan ganancias desproporcionadas. Es precisamente lo que se observa en la información global. Las tres áreas le causan al presupuesto nacional erogaciones de 17 % del PIB, y el 40 % más pobre sólo recibe 3,5 % del PIB en forma de subsidios. La mayor parte se la lleva el capital. Esta es una de las razones por las cuales la distribución del ingreso en Colombia es similar antes y después de impuestos, y se encuentra entre las más inequitativas del mundo.

Como los responsables de los fracasos son los mismos encargados de corregirlos, las propuestas dominantes están orientadas a continuar y mantener las privatizaciones y los subsidios a la demanda, y trasladar los desvaríos a los contribuyentes. Así, la crisis de las pensiones se resuelve aumentando las cotizaciones y reduciendo los beneficios; la de la salud, trasladando las deudas de las EPS al Gobierno, y la de la educación superior, reduciendo la apropiación por estudiante de las universidades públicas. Se equivocan de nuevo. Al igual que las rectificaciones de las últimas dos décadas, son paliativos que ocultan y posponen las soluciones de fondo.

Lo que se plantea, más bien, es una abierta decisión, ojalá de carácter constitucional, que amplíe la presencia del Estado en la gestión de los servicios sociales básicos y regrese a los subsidios de oferta. Para empezar, habría que mantener a Colpensiones para construir un tercer pilar basado en el sistema público de prima media que garantice la pensión mínima a los trabajadores con rentas inferiores a 1,7 salarios mínimo, trasladar la intermediación de las EPS al sector público y limitar el subsidio al programa Ser Pilo Paga, y en su lugar ampliar la cobertura de la educación pública superior en la mitad en los próximos cuatro años.

El Espectador, Bogotá.

Abrir la barra de herramientas