Abuso de poder en Ecuador

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POR VIRGILIO HERNÁNDEZ

Como ustedes saben en Ecuador hemos vivido dias de profunda conmoción política y social como consecuencia de las medidas adoptadas por el FMI por el Presidente Lenín Moreno, que cuenta con apenas el 15% de aceptación del pueblo ecuatoriano.

Durante los últimos 12 días el país escuchó, en cadenas nacionales e internacionales, a la máximas autoridades responsabilizarnos, sin ninguna prueba; Presidente, vicepresidente y sus ministros no ahorraron calificativos: mafiosos; terroristas, golpistas; zánganos; desestabilizadores y una serie más de adjetivos usados por el poder para intentar desprestigiar la movilización, aunque los propios dirigentes indígenas tomaban distancia del correísmo.

¿Cuál es la razón de la acusación de desestabilización? En mi caso, haber dicho al siguiente día de la adopción de las medidas, que el Gobierno tenía una disyuntiva: “Se cae el paquetazo o se cae el gobierno”, tema obvio para quienes conocemos la historia del Ecuador y luego porque, ante la cruenta represión, propusimos la aplicación de la Muerte Cruzada, que es una figura constitucional contemplada en los artículos 130 y 148 de nuestra Carta Magna mediante la cual la Asamblea Nacional puede destituir al Presidente y viceversa, precisamente cuando hay grave crisis política y conmoción interna. (Cabe mencionar que es una figura que la adoptamos en la Constituyente con la actual Ministra del Interior, María Paula Romo, además es mi tema de reflexión de tesis para el Doctorado de la UBA)

Desde la madrugada del lunes 14 se desató la persecución contra el “correísmo.”  Ese día fueron allanados los domicilios de la Prefecta de Pichincha, el mío destruido y el de cinco personas más, entre ellos, de la ex Presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, quien ha solicitado refugio en la Embajada de México, con otros tres asambleístas. Se detuvo a Paola Pabón, otro dirigente de Revolución Ciudadana, Cristhian González y una persona vinculada a la pastoral social y se emitieron órdenes de detención “con fines investigativos” para mi y otras tres personas. No me encontraba en mi domicilio por elementales razones de seguridad. Vale indicar que la Prefecta había señalado que ella permanecerá despachando en su oficina y la detienen en su casa.

En mi caso, lo he dicho siempre que quiero permanecer en Ecuador y defenderme en el país, que solo pido la aplicación de las garantías de la Constitución. Como ha sucedido en otras ocasiones, cuando se trata de correístas, la detención con fines investigativos derivó en audiencia de formulación de cargos y la medida cautelar, que debía ser la última ratio, de prision preventiva, se convirtió en la que impusieron a la autoridad electa de la provincia de Pichincha y a Cristhian González; mientras se liberó con prohibición de salida del país y obligación de presentarse cada 8 días a Pablo Del Hierro, que jamás fue mi colaborador, como dicen en medios desinformativos, militante más bien, de movimientos cristianos de base. El delito por el que se nos acusa: Rebelión que podría tener penas que van desde los 5 a 10 años; las evidencias: publicaciones de Twitter y orientaciones a la militancia para que acompañe a la movilización indígena; todas ellas en el marco de la ley, de hecho circulaban públicamente por redes sociales.

A la Prefecta además se le acusa de colaborar en la movilización con volquetes, sin mostrar una sola foto o prueba de dicha acusación que la sustente, cuando paradójicamente la alacaldesa de Guayaquil anunció por medios de comunicación y redes que ella sí colocó volquetas cargadas con piedras para evitar la entrada de manifestantes indígenas a Guayaquil. Cabe indicar que en la Audiencia de Formulación de Cargos de la Prefecta ante el Presidente de la Corte Provincial estuvo entre el público, la Fiscal General del Estado. ¿Podía actuar el fiscal y juez de acuerdo a la constitución y la ley con personaje tan importante sentada en la sala y la presión de los medios de comunicación social? ¿No tenía otras causas que atender, propias de su alto cargo, la Fiscal General? ¿Puede existir la mínima objetividad con dicha presión?

Rebelión sostenido con los “argumentos demoledores” de publicaciones en redes públicas, ni un solo elemento más para sustentar una acusación tan grave y medida cautelar que priva del ejercicio de su cargo a la principal autoridad de la Provincia en la que está Quito, la capital del Ecuador y otro dirigente del Correísmo.

En mi caso, ratifico ante ustedes mi voluntad de concurrir al proceso. Simplemente quiero que se me brinde las garantías de la Constitución y convenciones internacionales de derechos humanos, como la de ser considerado inocente y tratado como tal y que se apliquen normas del debido proceso. Nada más. El concurrir al proceso también permitirá que Presidente de la República y altos funcionarios demuestren las graves acusaciones o queden en evidencia frente al país. No espero disculpas ni indemnizaciones, simplemente la verdad para que mis hijos, el último de 14 años, puedan saber que las cosas que se dijeron de su padre solo eran un abuso de poder.

Virgilio Hernández es abogado y exasambleísta de Alianza País, el movimiento político que fundó el expresidente Rafael Correa.

@virgiliohernand

Página/12, Buenos Aires.