“Chocó requiere de una comisión interétnica que se encargue de concretar acuerdos de paz para atender sus necesidades”

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Por Fernando Arellano Ortiz / Paxcolombia.si.org

Las comunidades del Chocó que han vivido los rigores de la guerra ven con esperanza la concreción de los acuerdos de paz entre el Gobierno nacional y las Farc, pero al mismo tiempo tienen el temor de que otro actor armado se asiente en el territorio y reemplace a ese grupo insurgente que ahora se desmoviliza. En esta coyuntura histórica de Colombia infortunadamente “la paz corporativa” es la que quieren tanto el Gobierno como las transnacionales, pero es la auténtica “paz social” la que tiene que llegar en la etapa del posacuerdo. Así reflexiona Ariel Quinto Murillo, presidente de la Federación de Mineros del Chocó (Fedemichocó) frente a las expectativas que genera el pacto de paz definitivo suscrito en La Habana por el enfoque tanto étnico como territorial que contiene, el cual podría significar soluciones concretas al abandono proverbial de este departamento localizado en el noreste colombiano, en la región del Pacífico, que no obstante estar asentado en las selvas del Darién y atravesado por las cuencas de los ríos Atrato y San Juan, lo que significa todo un potencial hídrico y minero-energético, su historia no es más que una dolorosa crónica de saqueo, latrocinio, explotación, violencia y corrupción.

El Chocó, explica este dirigente gremial que se la ha jugado por la paz y las reivindicaciones sociales de su región, es un departamento donde se dan todas las contradicciones socioeconómicas, por eso es que fue invitado a participar en tres oportunidades de la mesa de negociaciones de La Habana. Su punto de vista ha sido importante para abocar la compleja problemática minera.

Hay que desarrollar derecho de comunidades a explotar recursos naturales

Para Quinto Murillo los acuerdos de paz en una región minera como la chocoana deben apuntar a que las comunidades ancestrales tengan el reconocimiento del Estado, “porque legalmente no existimos y en consecuencia no contamos con territorio para ejercer la minería”. Frente a esta desoladora declaración, la pregunta obvia es ¿por qué ese desconocimiento del Estado colombiano? Y la respuesta del dirigente gremial además de ser contundente es desilusionante: “Porque el Estado le hace el juego a las transnacionales para favorecer sus intereses, por eso declaró la ilegalidad de los mineros”.

Es más, dice, en concepto de la legislación colombiana, el 99% de los mineros no son formales. Si bien la minería es la actividad económica de siempre, las áreas donde se ejerce esta actividad son consideradas reservas forestales y por esa razón no se titulan. Sin embargo, su explotación de la que derivan su sustento miles de familias chocoanas, se sigue desarrollando como si fuera una actividad normal. Esta circunstancia ha servido para que los mineros sean objeto de extorsión.

“Los mineros estamos obligados a pagar para que nos dejen trabajar, tanto a los sectores ilegales como a la fuerza pública. Hasta el barequero (minero artesanal) tiene que pagar”, se lamenta Quinto Murillo.

De ahí, agrega, hay que aprovechar la oportunidad que se abre con los acuerdos de paz logrados en las negociaciones de La Habana para desarrollar el derecho de las comunidades a la explotación de los recursos naturales renovables y no renovables. Ello es lo que permitirá la consolidación de la convivencia en una zona tan compleja socialmente como el Chocó, aspiración de sus habitantes que tienen como principal actividad económica la minería que genera cinco mil empleos directos.

Fedemichocó, por su parte, agremia a 91 organizaciones de primer grado y es la federación con mayor capacidad de movilización social.

La paz, oportunidad para las reivindicaciones sociales

Tras la firma de los acuerdos de paz en La Habana, este dirigente social sostiene que su departamento tiene una excelente oportunidad para lograr las reivindicaciones sociales por las que tanto han luchado sus habitantes y que llevaron a protagonizar recientemente un paro cívico que duró varios días.

En efecto, explica, Chocó tiene que aprovechar el enfoque étnico y territorial de los acuerdos para lograr generar desarrollo y equidad social. Por ello, afirma, esta región del Pacífico colombiano, abandonada a su suerte por el poder central, requiere de “una comisión interétnica que se encargue de aterrizar los acuerdos en los territorios y de esta manera atender las necesidades de todos los municipios chocoanos”. Con este mecanismo, además, subraya Quinto Murillo, la gente se va a sentir partícipe en el diseño de su propio destino.

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Los temores

El acuerdo de paz “es una bendición porque va a mitigar tanta violencia” en una región como la chocoana tan afectada por los efectos del conflicto armado, afirma el presidente de Fedemichocó. Empero, a las comunidades aún les asalta el temor por la continuación del accionar de sectores paramilitares, narcotraficantes y del ELN. Por ejemplo, explica, en las zonas de los ríos San Juan y Baudó la situación de orden público es crítica por la disputa de los corredores para efectos del tráfico de estupefacientes y porque es paso obligado de los migrantes. Es paradójico, dice Quinto Murillo, pero las Farc generaban tranquilidad y ahora sigue la zozobra por saber cuál de los grupos ilegales tomará posesión de los territorios que deja esa organización insurgente que se desmoviliza.

Por eso es que la paz, puntualiza, tiene que servir para que el Estado colombiano haga presencia en todo el territorio pero no solo con fuerza pública sino llevando atención y soluciones concretas a los requerimientos sociales de las comunidades históricamente abandonadas, garantizándoles sus derechos básicos para una vida digna y con oportunidades.