Colombia: desbarrancadero moral

El INPEC es apenas el eslabón de una larga cadena de corrupción que conduce el ethos mafioso y criminal que guía la vida pública y privada de empresarios, políticos, de expresidentes, de congresistas, diputados, gobernadores, concejales y alcaldes, entre otros más.

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POR GERMÁN AYALA OSORIO /

Apenas 24 horas después de conocidas las circunstancias en las que se fugó Aída Merlano, la delincuente y condenada a 15 años de prisión por concierto para delinquir, porte ilegal de armas y compra de votos, bien vale la pena intentar ir más allá de los registros noticiosos de los “cinematográficos” hechos; los mismos que solo sirven para confirmar la sempiterna corrupción que carcome no solo a la institucionalidad penitenciaria en el país, sino en general, al resto de la institucionalidad pública-estatal y de manera concomitante a la privada.

Inicio con una pregunta que los periodistas no se atreven hacer: ¿qué partido o partidos políticos manejan al INPEC? Una vez resuelto el interrogante, entonces queda exigirles a las colectividades comprometidas, al Gobierno de Iván Duque y al Congreso de la República que se diseñe el camino institucional para acabar, de una vez por todas, con el INPEC.

De la misma manera como el presidente Santos lideró el cierre del DAS, por haber sido penetrado y capturado por los paramilitares y convertido por Uribe en su policía política para perseguir críticos y detractores, el gobierno de Duque está obligado a clausurar esa desprestigiada entidad penitenciaria.

El INPEC es una vergüenza para el país, no cabe duda. Y es así, no por los hechos que dan cuenta de la fuga de Merlano en las circunstancias ya conocidas. No. Antes, se dio la huida de la peligrosa Oneida Pinto, entre otros innumerables casos de corrupción. A estos bochornosos hechos se suman el hacinamiento carcelario, la corrupción de guardianes del INPEC, de sus directores y directoras, que han permitido que las cárceles sean, para unos, guaridas desde donde siguen delinquiendo peligrosos condenados; y para otros, cómodos y costosos hostales de paso, por los que pagan cuantiosas sumas de dinero no solo a guardias, sino a directores de cárceles y muy seguramente a agentes directivos del propio INPEC.

Y estoy seguro de que los mismos directores de las prisiones en Colombia y los funcionarios del INPEC reciben presiones de congresistas y de otros agentes estatales para salvaguardar privilegios a ciertos delincuentes, como Merlano. ¿Qué falta, entonces? Ante el histórico silencio ante el comportamiento mafioso, sucio y criminal al interior del sistema penitenciario de Colombia, solo queda el camino de su cierre definitivo y su posterior transformación.

El gobierno de Iván Duque tiene la oportunidad de ponerle coto a esa sinvergüencería en la que se convirtió todo el sistema carcelario y penitenciario en Colombia. ¿Querrá o podrá hacerlo? Son varios los intentos políticos fallidos para acabar con el INPEC. Insisto: ¿quiénes lo manejan? ¿Qué partidos políticos, qué congresistas, excongresistas o líderes de las distintas mafias que operan en Colombia?

Los indignantes hechos que dan cuenta de la escapada de Aída Merlano deberían de servir para que el presidente Duque lidere lo propuesto en esta columna, no solo porque la excongresista se burló del INPEC, sino de la institucionalidad estatal en su conjunto. Y, sobre todo, porque manda un equivocado mensaje a millones de ciudadanos que no legitiman la trampa, el chanchullo, la marrulla y el crimen, pero que, ante tales circunstancias contextuales y ante hechos apremiantes, terminan sumándose a esos otros millones que de tiempo atrás optaron por exhibir, sin tapujo, un ethos mafioso y criminal.

El INPEC es apenas el eslabón de una larga cadena de corrupción que conduce el ethos mafioso y criminal que guía la vida pública y privada de empresarios, políticos, de expresidentes, de congresistas, diputados, gobernadores, concejales y alcaldes, entre otros más.

Es que se trata de una exsenadora con vínculos con la clase política barranquillera y de la costa Atlántica en general, en particular con miembros del clan de los Char. Así lo registró EL TIEMPO:

“Entre las personas contra quienes la Corte compulsó copias están el senador Arturo Char; el representante a la Cámara, Laureano Augusto Acuña Díaz; la diputada Margarita Ballén, y al empresario Julio Gerlein, entre otras figuras importantes del caribe. Uno de los testimonios que enreda a Gerlein, hoy investigado por presuntamente hacer parte de la red que compraba votos en la costa, es precisamente el de Merlano. En abril pasado un juez dejó en libertad a Gerlein, pero sigue estando vinculado a una investigación penal, sindicado de ser el cerebro de la financiación de la campaña de Merlano”1.

¿O será que tanto el gobierno de Duque como el Centro Democrático, su partido, guardan silencio ante lo sucedido porque de tiempo atrás se viene cocinando alianzas con los Char para abrirle el camino a uno de ellos para que llegue a la Casa de Nariño o de Nari? ¿Será que la condenada y ahora prófuga de la justicia, Aída Merlano dio algunos nombres, como forma de presión para exigir su salida de la cárcel el Buen Pastor? Acaso estamos ante un pacto político concertado al interior del Establecimiento para beneficiar a un miembro del clan Char para llegar a la Presidencia; ¿plan que la exsenadora puso en riesgo, de allí la necesidad de sacarla de prisión?

Lo más preocupante es que no hay un liderazgo real y sincero en agentes de la sociedad civil y de los insepultos partidos políticos, en especial los tradicionales, Liberal y Conservador, que conduzca a establecer un pacto político por unos mínimos de decencia. No hablo de “reducir la corrupción a sus justas proporciones” como lo propuso, cínicamente, el expresidente Julio César Turbay Ayala, el abuelo del candidato a la Alcaldía de Bogotá y sucesor de Peñalosa, Miguel Uribe Turbay. No. Se trata de parar este desbarrancadero moral en el que cayó la sociedad colombiana y el Estado.

Ojalá la volada de Merlano sirva para algo más que para provocar las renuncias del director del INPEC, el general William Ernesto Ruiz, y la de la directora de la cárcel El Buen Pastor, Diana Muñoz, claros responsables de lo sucedido, pero no los únicos.

Edición 655 – Semana del 05 al 11 de octubre de 2019

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