En medio del avance del proceso de paz entre el Gobierno de Santos y la insurgencia de las Farc, y con claro propósito de sabotear la implementación de los acuerdos de La Habana, el paramilitarismo viene arremetiendo sus acciones criminales contra comunidades y líderes sociales, como está ocurriendo en el departamento del Cauca, en el que en los últimos días han sucedido una serie de asesinatos, ataques y amenazas afectando, como es obvio, la convivencia en las zonas rurales.
En efecto, grupos paramilitares que le hacen el juego a los sectores políticos que en Colombia se oponen de manera categórica a todo intento de acabar con el inveterado conflicto armado, han activado desde hace algunos meses un “plan pistola”, dirigido a ultimar y amenazar a reconocidos dirigentes sociales y políticos comprometidos con el proceso de paz en diversas regiones del país, situación que pone en serio riesgo la sostenibilidad de esta etapa de aclimatación de los acuerdos suscritos en la capital cubana.
Cuando la sociedad colombiana se apresta a la implementación de los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno nacional y la insurgencia de las Farc, reaparece la “mano negra” que en forma sistemática se ha opuesto mediante procedimientos violentos a la construcción de paz en el país.
Crítica situación en el Cauca
Autoridades indígenas del norte del Cauca se encuentran en máxima alerta por las acciones criminales que vienen cometiendo grupos paramilitares que han generado zozobra en las comunidades de los resguardos de Huellas y López Adentro, en el municipio de Caloto.
En la madrugada del pasado jueves 1 de diciembre, un comunero del resguardo de Huellas logró escapar de varios sujetos armados que vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, quienes lo habían secuestraron tres días antes en el corregimiento de El Palo.
El afectado denunció que estos individuos tienen retenidos además a otro hombre y una mujer, cuyo paradero es desconocido.
Ante esta crítica situación de amenaza paramilitar a los territorios ancestrales del Cauca, unos 200 guardias indígenas de esta zona y de los resguardos de San Francisco, Tacueyó y Toribío se encuentran en alerta para apoyar las labores de control y verificación para contrarrestar este tipo de ataques.
Las comunidades indígenas del Cauca se muestran muy preocupadas por cuanto el accionar paramilitar es sistemático. El pasado 25 de noviembre se denunció la incursión de por lo menos 12 hombres fuertemente armados en dos viviendas de familias del Resguardo de López Adentro, hechos en los que un menor de edad resultó herido cuando trataba de huir.
Además, el grupo de paramilitar que hace presencia en el territorio de López Adentro secuestró a unas personas. Gracias a la rápida reacción de la comunidad y la guardia indígena se logró capturar a unos paramilitares, quienes se encuentran retenidos en el mismo lugar para ser entregados a las autoridades.
La guardia indígena ha venido realizando una labor de inspección con el fin de establecer si aún quedan paramilitares entre los cañales (que son extensos) y se está convocando a todas las autoridades del norte del Cauca para evaluar la situación en un consejo de seguridad.
Estos ataques de los paramilitares se han incrementado con el firme propósito de sabotear la segunda asamblea nacional del pueblo Nasa que precisamente se hace en el Resguardo de López.
Las autoridades indígenas han expuesto esta crítica situación a la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas y otros organismos defensores de derechos humanos para que se implementen las medidas necesarias que permitan brindar garantías de seguridad y protección.
Asesinadas des jóvenes en territorio indígena de Puracé
Este sombrío panorama de ocupación de territorio, ataques, secuestros, se agravó con el asesinato el pasado 29 de noviembre de las jóvenes Marly Yuliet Gómez y Shirley Dayana Lozada Ramírez, ambas de 23 años de edad, en la comunidad indígena de Puracé, Cauca, desestabilizando la vida comunitaria de los habitantes de ese territorio.
Estos ataques criminales agravan el clima de violencia en diversas regiones de la geografía colombiana, pues en lo que va corrido de este año no han cesado las amenazas, los desplazamientos y el hostigamiento a reconocidos líderes sociales y políticos que han hecho suya la causa de la paz, con el lamentable balance de 71 asesinatos, 279 amenazas y 30 atentados.
Diversos sectores democráticos y líderes comunitarios han levantado su voz para exigir del Estado colombiano su pronta respuesta para brindar las suficientes garantías a los movimientos sociales y políticos en los territorios que les posibilite continuar con su ejercicio legítimo, así como generar condiciones de seguridad que permitan la implementación de los acuerdos y la construcción de una paz definitiva, estable y duradera, sustentada en la garantía de los derechos humanos y la participación ciudadana.
