Crisis y proceso de paz: el momento decisivo

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Por Jaime Caycedo Turriago

La crisis nacional, de la que la guerra prolongada ha sido la más patente expresión ha tenido un fuerte recrudecimiento con el resultado del 2 de octubre y el agónico triunfo del no. Con el estímulo de un no, que debe interpretarse como un voto castigo al desprestigio del gobierno en el ejercicio del proyecto neoliberal vertebral que defiende, la cúpula del guerrerismo civil se quiere adueñar del baile.

Ha pasado a la ofensiva con improvisadas propuestas regresivas, cuya esencia desconoce los contenidos estructurales del Acuerdo suscrito entre el jefe del Estado y el Comandante de las Farc- Ep, el 26 de septiembre, en presencia del Secretario general de la ONU y de mandatarios de varios países. Los jefes de la ultraderecha creen haber ganado la guerra por algo más de 53 mil votos, sobre 13 millones de votantes y 20 millones de ciudadanos/as que no votaron. El mismo gobierno que se empecinó de modo temerario en un plebiscito que no era obligatorio, tiene que buscar ahora, en asocio con su antiguo enemigo rebelde, salidas adecuadas para superar la crisis del proceso provocada por la contraofensiva de la ultraderecha y llevar a término la ejecución del Acuerdo.

La ultra derecha a la ofensiva contra el Acuerdo

No es una tarea simple. El lobby de extrema derecha que se ha apropiado del triunfo del no, está representado por personajes de la vieja oligarquía gobernante, con graves responsabilidades en la conducción y degradación de la guerra contrainsurgente, con escandalosas violaciones de los pactos internacionales suscritos por el Estado colombiano sobre los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y crímenes de guerra. Está conectado con los pasos del denominado nuevo “plan cóndor” que oficia como programa el derrocamiento o la derrota de los gobiernos de izquierda en América Latina, con la ayuda de nuevas metodologías de “golpes blandos” y campañas sucias, que se apoyan en el control ultraderechista del poder legislativo, judicial y mediático. El ex presidente Pastrana, uno de los campeones del no, es portavoz de dicha política, que, por demás, es la esencia doctrinaria del Centro democrático, aparato partidista del expresidente Álvaro Uribe.

En síntesis, el intento de frustrar la solución política para la paz en Colombia no está desconectado de la contraofensiva por cambiar el signo democrático en el continente y su objetivo es revertir las conquistas sociales y los cambios progresistas alcanzados en las últimas dos décadas en América Latina. Sin embargo, en el caso de la paz en Colombia parecen contrabalancearse confrontaciones más agudas, que tienen en vilo los rumbos de la política global en el interior del sistema imperial dominante. Por lo visto, la expresión de Obama hace dos años, en el sentido de “terminar las guerras innecesarias” en la región y el respaldo al diálogo en la Habana, no se contrapone excluyentemente con los esfuerzos desestabilizadores en la región, promovidos por las vertientes más conservadoras del capital transnacional. Los efectos de un eventual cambio en la orientación de la política estadounidense, aún si Clinton lograra ganar la elección presidencial pueden incidir, en los meses siguientes en el destino y el contenido del proceso de paz. En tales condiciones, la permanencia, la continuidad y la posibilidad de que la solución política se concrete en el eslogan de una paz “estable y duradera”, que reúna calidades básicas de paz “justa y democrática” va a depender en lo fundamental, en la capacidad de unidad, de convergencia, de iniciativa y de dinámica perseverante del movimiento popular.

Nuevos retos para la unidad de las fuerzas favorables a la solución política

El tema de la unidad es decisivo, pero plantea complejidades de no inmediata resolución. El anuncio de la apertura de una fase pública del diálogo con el ELN, en la ciudad de Quito, a partir del 27 de octubre amplía objetivamente el horizonte del proceso de paz como eje principal de la política nacional y pone en movimiento el compromiso en otros componentes de la lucha popular. Desvirtúa la argumentación de que el tema de la paz ha sido solo un estorbo para la lucha social, opinión que han alegado algunas corrientes en la izquierda para minimizar el profundo significado del diálogo y de los procesos dirigidos a una salida política de la prolongada etapa de guerra contrainsurgente. Además, el resultado negativo del plebiscito ha despertado dinamismos de la participación que no se habían manifestado en la campaña a favor del SÍ y que se hacen visibles ante un momento de frustración, de incertidumbre total por el devenir inmediato y de amenaza de reversión de lo alcanzado en términos del progreso hacia el fin de la guerra, como por ejemplo en el tema del cese al fuego bilateral y definitivo. El papel de las iglesias, lejos de ser espontaneo fue inducido a posturas fundamentalistas a través de una trampa publicitaria y al torpe manejo de la exministra Gina Parody a las políticas de educación sexual en los colegios.

Las movilizaciones del 5 y sobre todo la del 12 de octubre han empezado a desvanecer la dicotomía plebiscitaria entre un si derrotado y un no triunfante, para reemplazarla por sentimientos compartidos de respaldo a un Acuerdo existente, de contribución a destrabar la vía rápida de la implementación, deshabilitada por el no, el desconcierto de muchos votantes del no que lo hicieron como voto de castigo a las medidas antipopulares del gobierno, pero que están a favor de la paz y también el rechazo a la manipulación grosera de los electores por la propaganda hipócrita de la campaña del Centro democrático o la apropiación oportunista de la crisis por Uribe, Pastrana y el ex procurador como si hubieran ganado la guerra el 2 de octubre.

Una acelerada politización ciudadana en la onda de la paz y un aprendizaje del significado real del Acuerdo le están dando una calidad diferente al momento político. Las declaraciones prudentes del equipo negociador de las Farc EP, el nuevo Protocolo sobre el Cese al fuego bilateral y definitivo junto con la prolongación del mismo hasta el 31 de diciembre, despeja, de momento temores fundados en los riesgos efectivamente existentes de eventuales rompimientos y/o provocaciones. También Santos actúa con prudencia, en una circunstancia en la que acecha la presión ultraderechista por imponer la renegociación total del Acuerdo o cuando menos modificarlo para anular sus contenidos sustanciales en el tema de tierras, de justicia y de participación política.

El tipo de convergencia que ha ido surgiendo es la de un frente de coincidencias muy amplio en torno de puntos esenciales: defensa del Acuerdo en su integralidad y la coherencia de su contenido; aseguramiento del cese al fuego y a su mecanismo de Verificación tripartita (Farc EP, gobierno, ONU); nuevo convenio en la Mesa de Diálogo sobre implementación y procesos legislativos; rechazo popular al pacto de elites y pasos hacia el Pacto Político Nacional, tal como fue definido en el punto 3.4 del Acuerdo, o sea pacto de no armas en la política, no más paramilitarismo ni “enemigo interno”, no más doctrina de seguridad nacional, no más “limpieza social”, garantías para la vida y el ejercicio de la política y compromiso de no repetición.

En el marco de esta amplia convergencia, la izquierda social y política debe afinar sus acercamientos y su disposición a actuar como una fuerza definitoria, en primer lugar como la más firme abanderada del Acuerdo de paz y de la lucha por la justicia social. Su posición en contra del tipo de reforma tributaria regresiva que lidera el gobierno, en apoyo a las consultas previas y consultas ciudadanas sobre explotaciones mineras, que están en la Constitución y han sido avaladas por la Corte Constitucional, en exigencia de una moratoria sobre concesiones minero energéticas y del agua o en relación a la disolución del Esmad (Escuadrón anti disturbios) y el cese del trato violento a las protestas de inconformidad cívica tiene un extraordinario valor convocante, como complemento necesario de la paz. La defensa del proceso y la lucha por la justicia social constituyen la base de una plataforma democrática de unidad en torno a la cual podrían tejerse los puntos de una alternativa de poder para 2018. La política de Frente Amplio por la Paz, la Democracia y la Justicia Social debe ayudar a afinar iniciativas para acercar fuerzas y diseñar procedimientos que permitan unir propósitos.

Una reflexión necesaria sobre los acontecimientos y su perspectiva

A la pregunta de qué característica conviene retener del momento político que vive Colombia diríamos que estamos ante una transición que tiene como punto de partida un compromiso político. El Acuerdo de paz nos ha puesto ante la realidad viviente de un compromiso político para hacer tránsito del estado de guerra contrainsurgente a un estado de no-guerra, de garantías, de libertades y de reformas. Es el compromiso para poner fin a una modalidad de guerra civil, a un prolongado y doloroso capítulo de confrontación en la lucha social y de clases, que puede pasar de existir como confrontación armada a un escenario de civilismo, normado, con garantías relativas para la vida y la intervención en política de quienes debieron empuñar las armas para romper el endurecido cascarón de la antidemocracia, en un régimen excluyente y violento, donde los privilegios de unos pocos contrastan con la creciente desigualdad social de las mayorías y donde la desigualdad política se ha sostenido en distintas modalidades del terrorismo de Estado. Pese a los presuntuosos sepultureros del marxismo, tal es el fondo de la realidad con que debemos contar. Lenin decía, sabiamente, al valorar la importancia estratégica de circunstancias como estas, que “hay compromisos y compromisos. Es preciso saber analizar la situación y las circunstancias concretas de cada compromiso o de cada variedad de compromiso”.

Las huellas trazadoras de la crisis muestran el equilibrio inestable que la ultraderecha trata de alterar para recuperar las riendas del gobierno en 2018. Al desconocer el Acuerdo y formular propuestas imposibles porque se sitúan en las antípodas de lo consensuado en durísimas jornadas, la postura anti Acuerdo pretende dilatar en el tiempo una salida a la implementación. Está surgiendo, con la movilización popular ascendente una nueva configuración de las fuerzas que pueden consolidar el paso histórico que el pueblo ha emprendido hacia un nuevo país.

Secretario General del Partido Comunista Colombiano.