¡Debacle duquista!

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POR LIBARDO SARMIENTO ANZOLA /

Este artículo provee la evidencia empírica sobre la crisis silenciosa de la era duquista, cuyo gobierno atiza el conflicto armado, el atraso económico, el sufrimiento social y la ausencia de futuro, conduciendo el país a la desesperanza y la ruina.

La verdad es que hoy estamos inmersos en una crisis. La advenediza administración de Iván Duque Márquez (2018 – 2022) no ha logrado ni intentado atacar ninguno de los heredados problemas estructurales de la economía nacional, campo en el cual sus políticas son erráticas, sólo apuntan a los asuntos de la microeconomía y desconocen los temas macro; la actividad productiva sigue sin rumbo o dirección alguna. Duque simboliza y concita la debacle, esto es, un desastre que produce mucho desorden y desconcierto, especialmente como final de un proceso.

Hablando desde el deseo, sus palabras reafirman esta realidad. En entrevista concedida al periodista Yamit Amat el pasado 10 de agosto, a propósito de cumplir su primer año como presidente de la República, el inexperto mandatario afirma: “Nuestro balance es positivo. Propusimos un pacto nacional alrededor de la equidad, del cierre de las brechas sociales entre los colombianos, y ya está en marcha. Le prometimos al país que la economía tenía que reactivarse y crecer, y lo estamos cumpliendo de acuerdo con (sic) las más recientes estadísticas”2.

Una explicación muy exacta de esta desacertada apreciación, con fundamento en la teoría psicoanalítica, se refiere al hecho de que, en lugar de admitir honradamente muchos de sus fracasos, incompetencias e inepcia, el Presidente Duque tiende a ponerse a la defensiva y recurrir a toda clase de mecanismos de escape, como la racionalización, la proyección, la evasión, el olvido, la agresión y la mentira. Duque cree en gran medida lo que desea creer, más bien que la verdad empíricamente apoyada; piensa con el deseo.

De esta manera, viendo solamente lo que desea ver, la dinámica económica no despega y la actividad productiva se encuentra muy por debajo de su capacidad. El desempleo no para de crecer desde hace cuatro años y la destrucción permanente de puestos de trabajo es catastrófica. El déficit comercial y fiscal permite observar a una sociedad que vive por encima de sus capacidades y que funciona mediante un endeudamiento público crónico y ascendente. Recientemente, la divisa se cotizó en $3.459, su máximo registro en la historia (el precio del dólar es la calificación de un país). El Estado está carcomido por la corrupción y la mala gestión. Las violencias generalizadas, el conflicto armado interno, la pobreza, la injusticia, el terrorismo estatal, las organizaciones criminales, el latifundismo y las actividades económicas extractivas y rentistas compiten entre sí para ver cuál puede causar más estragos entre la población.

Economía y empleo

La economía colombiana alcanzó un crecimiento del 6,6% en el año 2011 debido al buen momento que atravesaban los precios de las commodities en los mercados internacionales (materias primas y birrias de poco valor agregado, que se dividen en cuatro grupos: energía, metales, ganado y productos agrícolas). La alegría duró poco, pues pronto llegó la destorcida de los precios, provocada por la recesión de la economía mundial, la guerra comercial y de divisas y los indicios de una severa crisis financiera internacional, con lo cual el ritmo del crecimiento anual de la actividad productiva nacional descendió a 1,4% en 2017. Durante 2018 – 2019 el PIB no ha logrado remontar la norma de crecimiento del 3% que exige toda economía capitalista para poder funcionar con un mínimo de utilidad, acumulación, sostenibilidad y viabilidad (Gráfico 1).

Es una caída que no pasa sin consecuencias para las mayorías que habitan esta parte de mundo, el empleo una de ellas, cuya tasa durante el último medio siglo tiende a mantenerse por encima de los dos dígitos. En el año 2000 subió al máximo histórico de 19,7%. En 2015, debido al buen ritmo del crecimiento económico, tocó piso con una tasa de 8,9%. Entre 2016 – 2019 el flagelo de la desocupación es imparable, durante 2019 retornó a la senda crónica del 11%. De acuerdo con el Dane –Gran encuesta integrada de hogares (Geih)–, durante el último año (trimestres móviles abril-junio de 2018 y 2019) el número de personas desempleadas creció en 147.000 al pasar de 2.351.000 desocupados a 2.497.000 (Gráfico 1).

El desastre social y económico generado por este repunte es más agudo debido a la mayor velocidad con que se destruyen puestos de trabajo en comparación con los nuevos que se crean. Durante el último año, en cifras netas, se perdieron 363.000. Los Acuerdos de Paz dieron un respiro a las actividades productivas rurales; con la intensificación de la guerra a partir de la administración Duque, a lo largo del último año se perdieron 188.108 empleos en el sector agropecuario. Por la recesión económica, la quiebra de empresas, el alza del desempleo, la caída en la demanda de consumo de los hogares, la perdida de productividad unida a los altos costos de la mano de obra y al cambio tecnológico sustitutivo de fuerza de trabajo, se destruyeron, adicionalmente, 107.838 puestos de trabajo en la industria manufacturera; 124.639 en las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; 82.940 en comercio, hoteles y restaurantes; 59.024 en transporte, almacenamiento y comunicaciones; y, 13.098 en suministro de electricidad, gas y agua. Las únicas ramas de actividad económica que generan unos pocos puestos de trabajo, caracterizados por la precariedad e inestabilidad, son la explotación de minas y canteras, la construcción, la intermediación financiera y los servicios comunales, sociales y personales (Cuadro 1).

La tasa de desempleo sería mayor en 2019 si se mantuvieran en el mercado laboral 216.000 personas que lo abandonaron durante el último año, desalentadas al superar el año de búsqueda infructuosa de un puesto de trabajo (las personas que así proceden no son tenidas en cuenta por las encuestas del Dane como desempleadas). Además, el subempleo objetivo (por insuficiencia de horas y empleo inadecuado por competencias o por ingresos) afectó a 307.000 trabajadores adicionales en el último año, alcanzando la cifra de 2.708.000 (la tasa de subempleo objetivo pasó de 9,6 a 11%).

Además, a mediados de agosto de 2019, el Dane entregó el boletín de Mercado laboral, informalidad y seguridad social correspondiente al trimestre móvil abril-junio, según el cual, para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas del país, el indicador se ubicó en 47,9%, mientras que la proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue de 46,8%.

Pese a toda esta evidencia el inquilino de la Casa de Nariño no deja de proclamar que “vamos para adelante”, sin precisar que al final de tal ruta está el despeñadero.

Espejito, espejito…

La economía colombiana se fundamenta en las actividades extractivas, la especulación financiera y la producción de bienes primarios de poco valor agregado y bajo coeficiente de exportación. Todos los bienes y servicios que requieren sofisticados conocimientos, complejidad en el proceso productivo y tecnologías avanzadas se importan. Esta trágica y vergonzosa situación queda al desnudo en la respuesta que dio el Presidente Duque a la pregunta hecha por el periodista Yamid Amat, ¿cómo resumiría el resultado de su visita a China? El advenedizo presidente respondió: “En China logramos más de 400 millones de dólares para el financiamiento de infraestructura, más de 40 millones de dólares por año en comercio de banano, más de 3 millones de dólares potenciales por año de exportaciones de aguacate haas, más de 2 millones de dólares en cooperación técnica y más de 400 millones de dólares en inversiones en el país”. La repuesta de Duque produce pena ajena.

Ante esta precariedad de la estructura productiva, desmontada en sus pocos avances a lo largo de las últimas décadas, en 2019 el déficit comercial se proyecta que alcanzará un máximo histórico cercano a los USD $9.000 millones (Gráfico 2); esto es, las importaciones superarán en un 21% el valor de las exportaciones (el promedio histórico durante las cuatro últimas décadas fue de 6,3%).

Otra debilidad que muestra la economía colombiana en su relación con el resto del mundo es el déficit en cuenta corriente. Esta mide la diferencia entre los ingresos y egresos de divisas que tiene un país producto de su actividad económica con el exterior. En nuestro caso el déficit de cuenta corriente, según el Banco de la República, se estima en 4% del PIB al finalizar 2019, un dato muy superior al considerado sostenible del 2,5%. Esto significa que son más los dólares que salen que los que entran como producto de la actividad económica nacional.

Estructura productiva y economía débil. Es así como el valor de las exportaciones del país depende mayormente de la explotación de hidrocarburos y del precio del barril de petróleo en los mercados internacionales. La tasa de cambio está atada al valor del petróleo (Gráfico 3). Debido a la destorcida del precio de los hidrocarburos a partir de 2015, el peso colombiano es la cuarta moneda más devaluada del mundo, superada solamente por el Bolívar de Venezuela, la Lira de Turquía y el Peso de Argentina, países que vienen también en picada por la vulnerabilidad de sus economías. En agosto de 2019 el peso colombiano alcanzó su máxima devaluación frente al dólar en la historia al ubicarse en $3.459, superior a los $3.434 que alcanzó en febrero de 2016. Teniendo en cuenta el abultado déficit de cuenta corriente que registra Colombia en 2019, es inevitable que cuando sube el dólar perdemos mucho más de lo que ganamos. En un sólo día, el 14 de agosto de 2019, la fragilidad de la economía colombiana quedó en evidencia frente a la turbulencia de los mercados mundiales: el índice referencial de la bolsa de valores se deslizó en -2,5%, el petróleo cayó en más de 4% y el peso colombiano continuó su devaluación en 1,2%. Ante esta realidad, la administración Duque intenta disfrazar los hechos. El Dane sigue aumentando su pérdida de credibilidad: ahora infló el crecimiento del PIB correspondiente al primer trimestre que fue de 2,8% y arbitrariamente lo subió a 3,1. Con este truco, el Gobierno anuncia que durante el primer semestre del 2019 la economía aumentó 3,05%.

En resumen, el balance del primer año de la administración Duque es pésimo en el mercado laboral; mal en las cuentas externas y en las fiscales; flojo en crecimiento económico, y desastroso en materia de pobreza, distribución del ingreso, seguridad y violencia (Gráfico 4). Esta apreciación es compartida por los principales medios de comunicación europeos que siguen la huella a Colombia (The Economist de Inglaterra, El País de Madrid, la DW de Berlín, Le Monde de Francia y la BBC de Londres, entre otros), todos coinciden en que ha sido un año fallido, un gobierno sin rumbo, sin nada que mostrar distinto a equivocaciones una tras de otra y genuflexo a las exigencias de los gamberros criollos de la extrema derecha y las fanáticas sectas cristianas y evangélicas que lo eligieron como presidente y a los mezquinos intereses imperiales estadounidenses. Un problema de fondo del “subpresidente” (como nombran ahora a Duque gran parte de la prensa internacional) es su falta de liderazgo, ineptitud y dependencia ciega y muda a su sociópata mentor.

En el mismo plano internacional, adicionalmente, 12 congresistas estadounidenses le enviaron una dura carta a Duque por el mal manejo laboral. Con acritud, la comunicación del 27 de junio de 2019, habla de la mala calidad del empleo y de la persecución al sindicalismo, de cara a los compromisos asumidos por el país en 2012, cuando entró en vigencia el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos: “Es profundamente preocupante que Colombia esté potencialmente retrocediendo en algunos de estos temas, incluso con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) recientemente aprobado y con respecto a las cooperativas, todo mientras que la violencia contra activistas laborales, civiles y de derechos humanos, incluso sindicalistas y sus líderes, sigue siendo un problema grave”. Insisten en que el gobierno de Duque no ha tomado acciones para corregir la grave violación de los derechos humanos que registra actualmente el país.

Volviendo al plano interno, ni siquiera los empresarios lo califican bien en el balance de su primer año de gobierno; no obstante que con la primera reforma tributaria en el gobierno de Duque les “regaló” 21 billones de pesos mediante rebajas fiscales y exenciones de todo tipo3. En efecto, la Ley de Financiamiento aprobada por Duque en diciembre de 2018 le redujo la tasa de tributación a las empresas en diez puntos porcentuales, lo cual es inequitativo y abrió además un gran boquete fiscal. No obstante, según los empresarios, el arranque de este gobierno ha sido lento, complicado y sin agenda clara o concertada.

Opinión refrendada de manera amplia, según el diario La República, que realiza desde hace nueve años una encuesta entre 650 empresarios de todas las regiones, de grandes, medianas y pequeñas empresas, para conocer la calificación que le dan al presidente, a sus ministros y a algunos funcionarios clave para el desarrollo de la economía y las empresas. La primera calificación de este Gobierno se hizo a los 100 días y fue también bastante baja, máxime cuando las expectativas de cambio eran las mejores; calificación contaminada por el prematuro debate en el Congreso de una reforma tributaria y por el cuestionamiento ético y de corrupción que le hicieron al ministro de Hacienda Carrasquilla, reconocido por su odio en contra de las clases trabajadoras y populares, todo lo cual debilitó la imagen del Presidente; además, la agenda económica de todo el primer semestre de este año se desplazó por asuntos como la crisis venezolana, las objeciones de la JEP y la desgastante trama judicial del guerrillero ‘Jesús Santrich’.

Entre tanto, los ministros del gabinete más enfocados en lo económico estaban concentrados en desarrollos micro, que poco o nada impactaban el mensaje de que las cosas mejoraban; con la llegada del estudio del PND al Congreso las cosas se decoloraron porque esa hoja de ruta fue una abigarrada colcha de retazos y un asunto de segundo plano por temas judiciales que enrarecían el ambiente en la opinión pública, situación que se ha extendido hasta terminar julio, incluso sin asimilar el impacto fundamental que tiene un trabajo como el Marco Fiscal de Mediano Plazo que traza un camino hacia una macroeconomía más sana y mejor administrada y cuyos supuestos quedaron rápidamente invalidados por la caída en el precio del petróleo, la significativa devaluación del peso colombiano y el lento crecimiento económico.

El pesimismo de los colombianos, según la más reciente encuesta de Invamer (Investigación de Mercados con Analytics y Social Media), sigue en aumento. A la pregunta: “En general, ¿cree usted que las cosas en Colombia van por buen camino o por mal camino?”, un 68% respondió que mal y solo el 25,6%, dijo que bien. Los consultados consideran que el desempleo y la corrupción son los temas más preocupantes, seguidos por la inseguridad, la calidad y el cubrimiento de la salud y los efectos para Colombia de la crisis en Venezuela. Sobre el presidente Duque, en julio de 2019, el nivel de desaprobación llegó al 56,5% y el de aprobación bajó al 37. En septiembre de 2018, el nivel de aprobación era del 53,8% y el de desaprobación, del 32,5. Esto quiere decir que, en el primer año de su gestión, el jefe de Estado ha perdido 24 puntos de confianza en su gobierno por parte de la sociedad colombiana.

Ante estas circunstancias, con variedad de factores y resultados en contra, para sobrevivir el Gobierno acude al incremento de la deuda pública a niveles suicidas. Tal deuda, del sector público consolidado (SPC) como proporción del PIB (incluyendo Ecopetrol y similares), escaló del 42% en 2012 al 62% en 2019. Teniendo en cuenta que gran parte de esta es en dólares, con la devaluación el país queda más vulnerable pues está expuesto a la salida de flujo de capital y el costo de mantener la deuda aumenta, lo que afecta el bolsillo de los consumidores, quienes finalmente somos quienes la pagamos. La deuda externa suma USD $135.083 millones; a inicio de 2019, con un dólar a $3.239, esta representaba cerca de $437,5 billones; con la última alza histórica en el precio de la divisa, la deuda externa registró un incremento de $31,2 billones en lo corrido del año, quedando en $468,7 billones.

El déficit fiscal también es creciente. En 2019 los gastos del Estado superan en más del 3 por ciento del valor del PIB a los ingresos públicos, situación que no muestra variaciones de acuerdo con el Presupuesto General de la Nación (PGN) del año 2020. En efecto, el Ministerio de Hacienda radicó en el Congreso el PGN para la vigencia 2020 que contaría con recursos por 271,7 billones de pesos, es decir, 4% más que la cifra de $259 billones de 2019. Casi la totalidad del presupuesto se orienta a la amortización de la deuda pública ($59,2 billones), a los sectores de educación ($43,1 billones) y fuerza militar ($35,7 billones, aumentó 6,8% frente a 2019) y al pago de pensiones que según el proyecto sube a 43 billones de pesos, desde 38,5 billones que se ejecutan este año (ver composición del PGN 2019 – 2020).

De todos los sectores que hacen parte del PGN hay que señalar que 7 de ellos tienen caídas, la más estrepitosa de las cuales (entre los sectores económicos que pueden mover la economía y generar empleo) es el agro, que se reduce en un 21,6% al pasar de 2,2 billones en 2019 a 1,8 billones en 2020.

Mirado desde otra perspectiva, la meta de austeridad en el gasto de la cual viene hablando el gobierno nacional es otra quimera: el proyecto de presupuesto suma un monto de 271,7 billones de pesos, 63,3% del cual estará destinado a gastos de funcionamiento. De los restantes recursos, el segundo mayor rubro está dirigido al pago del servicio de la deuda pública, para lo cual se dispondrá de 59,2 billones de pesos, lo que representa el 21,8% de la torta presupuestal. Finalmente, para inversión se estableció el 14,9% restante, equivalente a 40,3 billones de pesos (se reduce en 14,5% frente a la vigencia 2019).

El grueso del recorte fiscal en la inversión del año 2020 va a reducir la formación de capital fijo público (carreteras, acueductos, energía) que del 2,2% del PIB en 2018 pasará al 1,4% en 2020, afectando negativamente el crecimiento económico y la generación de empleo.

Con la tasa de desempleo subiendo, la intensificación del conflicto armado interno, la migración venezolana4 y el crecimiento económico por varios años por debajo del potencial, lo natural es que la pobreza, los homicidios y la desigualdad registren aumento. Los índices de sufrimiento de la sociedad colombiana han retornado a niveles angustiantes. En efecto, a partir de 2016, tras un período de descenso, los datos de pobreza, violencia y desigualdad volvieron a incrementarse (Gráfico 4). El nuestro es uno de los pocos países que presenta una tendencia de los homicidios al alza, mientras que, en comparación con 1990, la tasa mundial ha ido en descenso. De acuerdo con las investigaciones realizadas, se identifica que no se trata solo de una lucha de narcotraficantes o de pandillas, sino que hay muchos problemas de territorio en el país, de luchas por concentración de la tierra, la expansión del latifundio ganadero, el control de los recursos naturales y la explotación de recursos minero-energéticos; pero, además, que hay un factor cultural, y es que en el país se entiende el asesinato como una forma de solucionar problemas. Colombia, al igual que en el resto de América Latina, registra un nivel superior de 90 por ciento de impunidad; el crimen no tiene castigo, entonces se termina matando simplemente porque se puede matar y resulta más “eficaz” y “rentable”.

Otro escenario preocupante es que Colombia sigue ocupando uno de los primeros puestos en desigualdad, además exhibe una pornográfica y permanente agudización hacia la concentración del ingreso y la riqueza. Colombia es un país inequitativo en la distribución de tierras, concentración de las cuentas bancarias, oportunidades de trabajo y educativas, propiedad accionaria, reparto del valor agregado y, en general, en todas las actividades económicas. Desde la constitución como república independiente, hace doscientos años, el manejo del país se ha basado en la exclusión, y nunca la desigualdad económica ha hecho parte de una política pública que comprometa al Estado o a las clases dominantes.

Adicionalmente, entre 2016 y 2018 ingresaron 1,1 millones de personas a la pobreza multidimensional. En el futuro cercano no cabe esperar mayores progresos en estos índices debido a los bajos crecimientos del PIB-real, al aceleramiento de la inflación de alimentos, al aumento en los impuestos que gravan la canasta familiar, a los crónicos déficits comercial y fiscal, al aumento en el endeudamiento externo, a la mayor incidencia de la pobreza, al escalamiento del crimen organizado y de la violencia política por el incumplimiento del Estado con los Acuerdos de Paz, a la extensión del conflicto armado interno y al acelerado crecimiento de la corrupción y las actividades ilegales.

En estas condiciones, nuestra sociedad necesita hacerse su propia introspección. Esta radiografía debe permitirnos saber dónde estamos, dónde están los problemas y los límites para solucionarlos, hacía que escenarios nos dirigimos y que sujetos sociales pueden orientar y animar el cambio. Sin respeto por la dignidad humana, bienestar, paz, justicia, igualdad, democracia, derechos humanos, armonía sociedad-naturaleza, ciencia, tecnología e innovación, ningún desarrollo es sostenible.

De acuerdo con el libro “La pobreza y la riqueza de las naciones”, del economista David Landes, si bien el clima, los recursos naturales y la geografía son elementos a tener en cuenta a la hora de explicar por qué determinados países son capaces de dar un salto al desarrollo sostenible y por qué otros no, el factor clave es, en realidad, el bagaje cultural del país, en especial el grado en que ha interiorizado el trabajo disciplinado y duro, el ahorro, la honestidad, paciencia y tenacidad, así como su grado de apertura al cambio, a la ciencia y las nuevas tecnologías y a la igualdad entre hombres y mujeres. El estancamiento o el atraso continuado de diversos países no tienen que ver simplemente con el colonialismo experimentado, con la geografía o con el legado histórico, mucho menos con la “mala suerte”, según el decir popular, es la cultura, la corrupción y una clase dirigente lumpen, violenta e inepta las que afectan el rendimiento económico y el bienestar social5. La cultura cuenta y puede cambiar; la cultura política y económica anida en las instituciones y los contextos y no en los genes.

Ante estas evidencias, en debacle la economía nacional, y restando aún tres años de un gobierno gris, ciego, sordo e inepto, por decir lo menos, la sociedad tiene el reto de reencauzar el desastre que se avizora, a no ser que prefiera, a la estabilidad y la felicidad, las penurias, las angustias y desesperanzas ya sufridas, fruto del derrumbe económico, social y cultural.

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1 Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

2 “El Gobierno seguirá buscando acuerdos, sin aplanadora ni ‘mermelada’” Diario El Tiempo. (consulta 11 de agosto de 2019).

3 Garay, Luis Jorge, Espitia Zamora, Jorge Enrique, Dinámica de las desigualdades en Colombia. En tono a la economía política de los ámbitos socio-económico, tributario y territorial, en impresión.

4 El número de venezolanos que han migrado a Colombia, a febrero del 2019, sumaba 1,2 millones, cifra que podría crecer en otro millón producto de las medidas de embargo y bloqueo decididas al inicio de agosto del año en curso por los Estados Unidos.

5 Thomas, Friedman. (2017, sexta reimpresión). La tierra es plana. Editorial Planeta Colombiana SA.; Bogotá, p. 340.

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