Democracia, intereses y estatus en América Latina

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POR MARÍA VICTORIA MURILLO /

La elección brasileña de 2018 marcó un hito por la aparición de una brecha de género, raza y religión en el comportamiento electoral latinoamericano. Esta novedad sugiere la emergencia de un voto por estatus similar al identificado en otras latitudes, al que es importante prestar atención y que coexiste con el impacto en las decisiones electorales del desempeño gubernamental en cuanto a la economía, la seguridad y la corrupción. Atender a este factor permitiría captar algunas de las tendencias electorales a escala latinoamericana y global, así como poner el foco en las formas de polarización que genera.

La democracia representativa, en su definición mínima, otorga a la ciudadanía la capacidad de elegir y reemplazar a sus gobernantes. Esta capacidad de establecer una rendición de cuentas vertical es la que, según Guillermo O’Donnell, debiera hacer que los políticos en el poder presten atención a los votantes incluso en las democracias delegativas1. El comportamiento electoral no es la única herramienta de la ciudadanía. Esta puede organizar marchas, denuncias, demandas y otras formas de presión en momentos no electorales. De hecho, varios países latinoamericanos vivieron en las últimas décadas movilizaciones que forzaron renuncias anticipadas o acompañaron procesos de juicio político que interrumpieron mandatos presidenciales. Sin embargo, el voto sigue siendo el componente esencial del funcionamiento democrático y por ello es importante discutir la evolución de los factores que moldean el comportamiento electoral en América Latina.

Muchas son las consideraciones que sopesa cada ciudadano antes de ingresar en el cuarto oscuro para definir su voto, aunque siempre deba terminar eligiendo alguna de las opciones posibles. Las diferentes dimensiones que entran en juego tienen un peso distinto en la decisión de cada individuo. La ideología, el desempeño del gobierno, la conexión personal con un partido, las expectativas distributivas y la identidad partidaria pesan en mayor o menor medida para cada votante al hacer su opción electoral. El peso de cada uno de estos factores varía no solamente entre votantes, sino también entre elecciones, dependiendo de cómo cambie el contexto, y esto genera, por ende, diferentes demandas electorales que la oferta de los partidos debe satisfacer2. En América Latina, el desempeño económico ha jugado un papel fundamental en el comportamiento electoral desde las transiciones democráticas de la década de 1980. La evaluación del desempeño económico ha sido interpretada tanto en relación con el acceso a bienes materiales, en lo que se llama «voto de bolsillo» o egotrópico, como con respecto a la salud de la economía en general, en lo que se denomina «voto sociotrópico»3.

Pese al predominio del voto económico, especialmente en América del Sur, la elección de Jair Bolsonaro en 2018 puso el foco en la emergencia del estatus como determinante de la movilización electoral. Si bien son diversos los factores que contribuyeron a su triunfo, la aparición de una brecha de género y de raza en el análisis de las preferencias electorales, así como la importancia del apoyo evangélico en la coalición de Bolsonaro, encendieron las alarmas sobre un potencial cambio en el comportamiento electoral latinoamericano4, más aún cuando la oferta electoral de Bolsonaro en esta campaña estuvo caracterizada por un discurso machista, racista y elogioso de la dictadura y de un orden perdido al que debería regresarse. Frente a este hito, y especialmente dado el peso de Brasil en la región, cabe preguntarse si nos encontramos ante un parteaguas en el comportamiento electoral latinoamericano. Este ensayo discute por ello cuáles han sido hasta ahora los determinantes del voto en la región y cuáles pueden ser las consecuencias de incluir el estatus entre ellos.

Democracia y voto en América Latina

La región se sumó temprano a la tercera ola de democratización. La crisis de la deuda generó un deterioro económico que aceleró ese proceso en los países sudamericanos, que no estaban tan expuestos a los avatares de la Guerra Fría como sus pares centroamericanos. Las democracias nacidas de esas transiciones estuvieron agobiadas por crisis macroeconómicas. En ese contexto, las evaluaciones sobre el desempeño económico de los partidos de gobierno se volvieron cruciales, tal vez con las excepciones relativas de Chile, donde la dictadura pudo capear el temporal, y las de Perú y Colombia, donde las guerrillas empujaron la cuestión de la seguridad al centro de la agenda electoral. Con el fin de la Guerra Fría, América Central y México –con autoritarismo competitivo5– se sumaron a la oleada democrática una década más tarde. En estos casos, la seguridad interna adquiere cada vez más importancia, primero vinculada al fin de guerras civiles y posteriormente, al crimen organizado. El voto económico, por ende, no tiene la misma importancia en esos países.

Las limitaciones de los gobiernos democráticos para ofrecer salidas a la crisis económica, especialmente durante la recesión que afectó a la región entre 1998 y 2003, dieron lugar al desencanto con los partidos tradicionales, especialmente cuando partidos populistas habían girado hacia el neoliberalismo y dejado a los votantes sin opciones para oponerse a políticas públicas con las que no estaban de acuerdo. En una primera instancia, los votantes fragmentaron su apoyo electoral, en un proceso de ensayo y error que aumentó la volatilidad del voto. A continuación, emergieron nuevas opciones que buscaban cubrir la demanda de renovación en la oferta electoral, muchas veces con outsiders que reflejaban la desafección hacia los partidos políticos tradicionales. Los outsiders buscaron sostener sus coaliciones ofreciendo cubrir las expectativas de desempeño en el terreno de la seguridad, como Álvaro Uribe en Colombia, o con promesas de bienestar económico, como Hugo Chávez en Venezuela o Rafael Correa en Ecuador. El cumplimiento de esas expectativas, fuera por esfuerzo propio o por condiciones externas, como el boom de las materias primas, fue crucial para que estos presidentes fueran reelegidos. La elección, entonces, fue el principal mecanismo de rendición de cuentas, y el desempeño, la principal condición para explicar el comportamiento electoral. La reelección permitió a estos outsiders extender sus mandatos y su popularidad los ayudó a concentrar el poder en el Ejecutivo, en línea con las predicciones de O’Donnell. Ambas características son importantes para entender la polarización que se generó alrededor de sus figuras, que se extendió también a nuevos dirigentes que emergieron dentro de los partidos ya existentes, como Luiz Inácio Lula da Silva, cuyo liderazgo excedió al Partido de los Trabajadores (pt) en Brasil, y Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, quienes construyeron una coalición que sobrepasó, pero también dividió al Partido Justicialista (peronista) en Argentina.

En el nuevo milenio, el crecimiento económico que acompañó el boom de las materias primas, especialmente en América del Sur, produjo una reducción de la pobreza y de la desigualdad de ingreso, así como la emergencia de una nueva clase media todavía vulnerable a los impactos de shocks negativos. Según Nora Lustig, la desigualdad cayó más en los países que tuvieron gobiernos de izquierda y que exportan materias primas6. En esos mismos países también se produjo una expansión de derechos que buscaba reducir otras formas de desigualdad. Se adoptaron nuevas constituciones y procesos de consulta previa que dan voz a los pueblos originarios, instituciones que buscaban incluir en el sistema político y educativo a los afrodescendientes, leyes de matrimonio igualitario o uniones civiles y regulaciones que expandieron derechos respecto a opciones de género y sexualidad. El simbolismo de un indígena en la Presidencia de Bolivia y de un trabajador en la de Brasil tampoco pasó desapercibido. En lo que respecta a las mujeres, se expandió la regulación sobre la violencia de género y en muchos países ya se habían adoptado cuotas legislativas, pero el feminismo parece más beneficiado por la caída de la natalidad, que facilita la feminización del mercado de trabajo, que por la política pública.

Estos procesos reproducen tendencias recientes de las democracias de los países ricos, donde estos cambios políticos y sociales han generado reacciones de aquellos que sienten amenazado su estatus, especialmente hombres, blancos y cristianos. En América Latina, cambios (muchas veces tímidos) en las oportunidades de afrodescendientes, indígenas, mujeres y poblaciones lgbtiparecen también generar una amenaza al estatus de estos mismos grupos. Las protestas organizadas para denunciar la llamada «ideología de género» y para evitar la liberalización del acceso al aborto legal o al matrimonio igualitario son algunos ejemplos de la capacidad de movilización que generó la defensa del estatus, atada en América Latina a la defensa de la «familia tradicional». La elección presidencial de Costa Rica en 2018 demostró el peso de la polarización provocada por un fallo judicial que hizo del matrimonio igualitario el eje de la campaña. La división de la opinión pública llevó a un pastor evangélico, Fabricio Alvarado, de los últimos lugares a ser el candidato más votado en primera vuelta, con un cuarto de los votos. Más tarde fue derrotado en segunda vuelta por una fórmula que llevó a la Vicepresidencia a Epsy Campbell Barr, la primera mujer afrodescendiente en ocupar ese cargo en un país latinoamericano.

El voto evangélico, como ya mencionamos, también fue clave en la elección brasileña de 2018. En la elección de Alberto Fujimori en 1990 la ciencia política latinoamericana se había asombrado al descubrir la potencialidad de las redes evangélicas para un outsider sin partido, pero en el caso de Brasil el proceso no fue tan sorpresivo. Ya en 2003 se había creado el Frente Parlamentario Evangélico, que agrupaba a legisladores de diferentes partidos. El importante apoyo evangélico a Bolsonaro, aparentemente empujado por los fieles, le otorgó al candidato redes listas para difundir su mensaje7. Las iglesias evangélicas prometen tanto salvación espiritual como beneficios materiales inmediatos vinculados al acceso a espacios de sociabilidad y patrones de consumo. Eso les ha permitido crear redes de gran flexibilidad, basadas fundamentalmente en relaciones personales, que se vuelven un activo clave en contextos de desarticulación partidaria8. Sin embargo, sus apoyos políticos son contingentes, como se demostró cuando los evangélicos brasileños abandonaron sus opciones electorales por el pt y por Marina Silva9. Pese a la importancia de estas redes y de su capacidad para movilizarse contra la llamada «ideología de género», los intentos de establecer partidos religiosos propiamente dichos en general no han sido exitosos hasta ahora. Incluso el pequeño Partido Encuentro Social (pes), que formó parte de la coalición electoral de Andrés Manuel López Obrador en la elección mexicana de 2018, ha perdido su registro electoral. No hay un voto confesional, sino una sensibilidad que pareciera impulsar la defensa del estatus montado sobre las jerarquías asociadas a la familia tradicional y redes que se vuelven atractivas en el contexto del desencanto con los partidos tradicionales y la emergencia de outsiders10.

Crisis económica y desencanto electoral

El deterioro económico y el desencanto con los partidos son claves para entender el comportamiento electoral actual. El apoyo a la democracia se ha erosionado significativamente en América Latina entre 2014 (cuando se terminó el boom de las materias primas) y 201611. A esto se suma la creciente inseguridad pública, que también deteriora las evaluaciones de desempeño de los gobiernos, y los escándalos de corrupción, que afectan la legitimidad de todas las instituciones políticas. Desde 2014, gobiernos desgastados por muchos años en el poder comienzan a confrontar elecciones más competitivas y la emergencia de outsiders, especialmente en el contexto de identidades partidarias negativas con gran peso electoral. El antipetismo fue clave en la elección de 2018 en Brasil, el antikirchnerismo lo fue en la elección de 2015 en Argentina y lo será en la de 2019, y también el anticorreísmo en la de Ecuador en 2017. Todos estos casos surgen del resentimiento hacia la forma de hacer política de esos movimientos que, según David Samuels y Cesar Zucco, no puede ser explicado por preferencias ideológicas12. Estas identidades negativas rememoran las generadas por movimientos populistas como el peronismo o el varguismo en el siglo xx, que también habían tenido un peso significativo sobre el comportamiento electoral13.

Si bien el comportamiento electoral no se ha modificado radicalmente, incluye ahora nuevos elementos. En la elección brasileña de 2018, no solamente pesó el voto económico –dada la dramática caída en el pib que vivió ese país en 2015 y 2016–, sino también la influencia del antipetismo, que creció mucho y especialmente entre los evangélicos durante una campaña empañada por juicios de corrupción, que incluso inhabilitaron al principal contendiente de la elección, el ex-presidente Lula da Silva14. Sin embargo, esa elección también presenta características habitualmente asociadas al voto por estatus. El voto por Bolsonaro fue más masculino, más blanco, más evangélico y de mayor ingreso, así como más concentrado en ciudades grandes y en las zonas más ricas del sur y el sudeste15. Es decir, si bien el mal desempeño económico y de seguridad así como los escándalos de corrupción no se pueden disociar del desencanto con los tres partidos tradicionales –PT, Partido del Movimiento Democrático Brasileño (Pmdb) y Partido de la Social Democracia Brasileña (Psdb, ubicado en la centroderecha)–, no queda claro que esas variables expliquen la brecha de género, religiosa o de raza16. Estas podrían, en cambio, asociarse a una reacción contra la expansión de derechos, en lo que respecta a las jerarquías de género y sexuales, así como contra la inclusión de afrodescendientes a través de las políticas del PT. El estatus relativo de los hombres, blancos y evangélicos se vería afectado en esa circunstancia. La caída de los retornos por educación secundaria y universitaria que señala Lustig y el hecho de que el ingreso de la vieja clase media no haya crecido en forma proporcional al de los ricos y a los pobres durante el boom también sugieren que el estatus relativo es una pieza importante en este rompecabezas electoral17.

Las consecuencias del voto por estatus

¿Sumamos el estatus a los determinantes no ideológicos del voto en América Latina? Los estudios de voto por estatus en países de ingreso alto consideran la situación personal de los individuos en relación con otros. Algunos de estos análisis se enfocan en las amenazas que perciben los individuos frente al avance de la automatización, la globalización y la entrada de las mujeres en el mercado de trabajo. Los hombres con educación secundaria son el grupo que más parece estar afectado por el cambio en su estatus, ya que su posición se ve amenazada tanto en el mercado de trabajo como en sus hogares. Y esta amenaza es la que los llevaría a votar por partidos extremos (o populistas) de derecha con discursos xenófobos, machistas y nacionalistas en Europa18. En el caso estadounidense, tanto la diversidad racial como los riesgos económicos han sido señalados como amenazas al estatus de los hombres, los blancos y los cristianos. Y esa amenaza a su lugar en la jerarquía social ha sido asociada a su comportamiento electoral, en un país percibido como expuesto a un contexto de creciente globalización y especialmente a partir de la elección de Donald Trump19. La percepción de cambio económico, social y cultural son terrenos claves para que los políticos apelen al estatus perdido o amenazado y movilicen electoralmente prometiendo un regreso al pasado.

En América Latina, el voto por desempeño siempre ha sido clave para explicar el comportamiento electoral y el peso de la economía será difícil de subestimar en un contexto de vacas flacas en el que el impacto de las condiciones internacionales quita grados de libertad a los gobiernos20. Además, el desempeño en el terreno de la seguridad parece haber sido más efectivo respecto de los conflictos políticos que del crimen organizado. Si bien la promesa de mano dura ha sido la solución en ambos casos, el fracaso de esta política para resolver la violencia criminal sugiere riesgos para los políticos que busquen apropiarse de esta temática en el mediano plazo. De hecho, la reciente elección salvadoreña, donde el joven Nayib Bukele desplazó a los dos partidos tradicionales apoyándose en promesas de acabar con la corrupción y dejando en segundo plano la violencia criminal en uno de los países más peligrosos del mundo, sugiere que los políticos son conscientes de ese riesgo. Sin embargo, la promesa de acabar con la corrupción, que también ha movilizado al electorado latinoamericano, puede ser difícil de cumplir. Esto se vio en la elección presidencial de 2015 en Guatemala, otro país con una aguda crisis de seguridad. El outsider Jimmy Morales ganó con una campaña que prometía acabar con la corrupción. Sin embargo, su familia cercana se vio involucrada posteriormente en escándalos de corrupción y, a raíz de ello, Morales finalizó unilateralmente las labores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), pese a su reconocimiento internacional. Finalmente, y en un proceso de cuestionada legitimidad, se impidió la candidatura de la fiscal anticorrupción Thelma Aldana en las elecciones de 2019.

¿Cómo afecta este contexto la movilización electoral del estatus? Tanto desde la demanda electoral como desde la oferta política, hay condiciones que podrían facilitar su emergencia, como ha ocurrido en las democracias de los países más ricos. El deterioro económico amenaza a sectores que habían logrado aumentar su estatus social durante el boom de las materias primas, especialmente aquella nueva clase media vulnerable a los shocks negativos. La clase media que invirtió en educación también ha visto una reducción de los retornos que las credenciales obtenidas ofrecen en el mercado de trabajo. Su distancia con los pobres se acorta y ellos carecen de red de contención, incluso aquella mínimamente ofrecida por los programas de transferencia de ingreso a los sectores más humildes. El fenómeno económico es diferente al de la automatización, pero sus consecuencias podrían ser similares en términos de resentimiento y en su expresión electoral. Si esta hipótesis se sostiene, deberíamos observar una caída en la popularidad de esos programas para los no beneficiarios, como ocurre en Brasil desde 201421.

Los cambios políticos y sociales que vive la región implican nuevos desafíos que producen redistribución de estatus. Las transformaciones demográficas facilitaron la entrada de las mujeres en el mercado de trabajo, y esto genera cambios tanto en su ingreso como en las relaciones domésticas. La entrada de los afrodescendientes en las universidades públicas brasileñas, por ejemplo, no solamente implica competencia con los blancos por los espacios educativos, sino que también modifica una jerarquía social y provoca cambios de estatus. El matrimonio igualitario acaba con el monopolio otorgado a los heterosexuales respecto a ese estado civil y sus beneficios, y al hacerlo, el valor de la exclusividad se ve amenazado, así como las relaciones domésticas que se sostienen en el modelo de familia «tradicional».

Se producen de ese modo procesos de redistribución directos porque las relaciones de estatus son relativas y no es posible que todos suban en estatus, a menos que los individuos cuya posición de privilegio se reduce se resocialicen con una forma diferente de entender las relaciones interpersonales que le otorgue valor a estar en una relación menos jerárquica22.

La reducción de estatus relativo genera incentivos para movilizarse, porque los individuos tienden a ser más afectados por las percepciones de pérdidas que por las de ganancias23. Asimismo, los «perdedores» perciben esto como una redistribución de suma cero, ya que el valor de su estatus está dado por la distancia relativa. Es decir, la redistribución de estatus es diferente de la material, en el sentido de que esta última puede subir el piso para todos, incluso si lo hace más para unos que para otros. Por el contrario, al ser relativa, la redistribución de estatus implica pérdidas para aquellos que no se ven beneficiados. Desde la oferta política, este voto tiene la ventaja de ser relativamente barato en términos económicos. Es por ello un voto clave para las derechas que buscan ampliar su coalición sin redistribuir ingreso hacia abajo y prefieren prometer estatus en su lugar –la promesa de hacer que «América vuelva a ser grande» de Trump remite a un pasado en el que las jerarquías tradicionales no estaban amenazadas–. Sin embargo, el voto de estatus, por sus características de suma cero, debería exacerbar la polarización, en una región ya de por sí muy polarizada y en un contexto económico desfavorable. No es claro cuál será el impacto de ese eje de polarización en la política latinoamericana. Pareciera que si se superpone con otros ejes podría contribuir a una situación de mayor desgaste de los partidos políticos.

Este proceso podría explicar las regularidades que observamos en la elección brasileña de 2018 de un modo similar a la superposición de clivajes que conforma la identificación partidaria asociada con la polarización en eeuu. La diferencia es que el voto negativo en eeuu suele ocupar la identidad partidaria alternativa. Sin embargo, con sistemas de partidos más fragmentados y generalmente organizados alrededor de una sola identidad positiva o negativa, por ejemplo, petismo y antipetismo o kirchnerismo y antikirchnerismo, es posible que el resultado sea un pluralismo polarizado, que a veces coincida con la dimensión de mayor peso en el comportamiento electoral y otras veces no. En un pluralismo polarizado se sumaría una dimensión más al comportamiento electoral, pero eso no necesariamente estabilizaría el sistema de partidos, sino que mantendría su fluidez. Para democracias que están peleando por mantener su legitimidad, los conflictos por estatus pueden aguzar el descontento con un sistema político en el que la intensidad de las preferencias puede llegar a hacer más difícil conseguir coaliciones efectivas de política pública en un contexto de pocos recursos. En este caso, no es la falta de cumplimiento de las promesas democráticas de desempeño económico lo que debilita al sistema, sino el éxito de la expansión de derechos, la inclusión de nuevos grupos, así como también cambios sociales más allá del control político. Más democracia, entonces, es también una democracia más expuesta a nuevos desafíos y con mayores problemas de legitimidad.

  • 1.G. O’Donnell: «Democracia delegativa» en Journal of Democracy en Español vol. 1, 7/2009.
  • 2.Sobre el peso de los diferentes determinantes del voto y los incentivos que generan en la competencia electoral, v. Ernesto Calvo y M.V. Murillo: Non-Policy Politics: Richer Voters, Poorer Voters and the Diversification of Electoral Strategies, Cambridge UP, Cambridge, 2019.
  • 3.Para una discusión sobre los estudios de voto económico en América Latina y su impacto en la región desde las transiciones democráticas, tanto con medidas reales de indicadores económicos como con opinión de los votantes individuales, v. M.V. Murillo y Giancarlo Visconti: «Economic Performance and Incumbent Support in Latin America» en Electoral Studies No 25, 2017.
  • 4.Osvaldo do Amaral: «Do baixo clero à Presidência: os determinantes do voto em Jair Bolsonaro em 2018», 3/2019, MIMEO.
  • 5.V., por ejemplo, Steven Levitsky y Lucan A. Way : «Elecciones sin democracia. El surgimiento del autoritarismo competitivo» enEstudios Políticos No 24, 1-6/2004.
  • 6.N. Lustig: «Inequality in Latin America: Markets and Politics», conferencia final de la 6a Conferencia Anual de la Red para el Estudio de la Economía Política de América Latina (REPAL), Tulane University, Nueva Orleans, 13/5/2019. Lustig señala que esta reducción de la desigualdad no incluye al 1% más alto en la distribución que no es medido en las encuestas y sugiere que las pensiones no contributivas, los programas de transferencias monetarias, los aumentos del salario mínimo, la mejora de ingresos en el mercado de trabajo y la reducción en el plus salarial para los más educados explican la reducción de la desigualdad en la región. Otros autores mencionan también el bono demográfico producido por la caída de la natalidad, que impacta sobre un aumento de la población económicamente activa antes de su envejecimiento y también sobre la entrada de las mujeres en el mercado de trabajo.
  • 7.Ari Pedro Oro y Marcelo Tadvald: «Consideraciones sobre el campo evangélico brasileño» en Nueva Sociedad No 280, 1-2/2019, disponible en www.nuso.org.
  • 8.Pablo Semán: «¿Quiénes son? ¿Por qué crecen? ¿En qué creen? Pentecostalismo y política en América Latina» en Nueva Sociedad No 280, 1-2/2019, disponible en www.nuso.org.
  • 9.A.P. Oro y M. Tadvald: ob. cit.
  • 10.Ver José Pérez Guadalupe y Sebastian Grundberger (eds.): Evangélicos y poder en América Latina, Instituto de Estudios Social Cristianos / Konrad Adenauer Stiftung, Lima, 2018.
  • 11.Mollie J. Cohen, Noam Lupu y Elizabeth J. Zechmeister (eds.): The Political Culture of Democracy in the Americas, 2016/17: A Comparative Study of Democracy and Governance, Usaid / lapop / Americas Barometer, 8/2017.
  • 12.D. Samuels y C. Zucco: Partisans, Antipartisans, and Nonpartisans: Vote Behavior in Brazil, Cambridge UP, Cambridge, 2018.
  • 13.M.V. Murillo: «La historicidad del pueblo y los límites del populismo» en Nueva Sociedad No 274, 3-4/2018, disponible en www.nuso.org.
  • 14.Agradezco a Cesar Zucco la información sobre el antipetismo en esta elección. Información reciente sugiere que la condena judicial a Lula no tuvo el debido proceso, lo que pone en cuestión, por ende, la legitimidad de su inhabilitación y el resultado electoral de 2018. V., por ejemplo, Naiara Galarraga Gortázar: «El descrédito del héroe anticorrupción» en El País, 16/6/2019.
  • 15.O. do Amaral: ob. cit.
  • 16.Los evangélicos conformarían un tercio de la población brasileña en 2018, según J.L. Pérez Guadalupe: ob. cit., p. 74.
  • 17.N. Lustig: ob. cit.
  • 18.Ver Noam Gidron y Peter Hall: «The Politics of Social Status: Economic and Cultural Roots of the Populist Right» en The British Journal of Sociology vol. 68 No 51, 2017; y Bram Spruyt, Gil Keppens y Filip Van Droogenbroeck: «Who Supports Populism and What Attracts People to It?» en Political Research Quarterly vol. 69 No 2, 2016.
  • 19.Ver Diana Mutz: «Status Threat, Not Economic Hardship, Explains the 2016 Presidential Vote» en PNAS vol. 115 No 19, 2018.
  • 20.Ver Daniela Campello y C. Zucco: «Presidential Success and the World Economy» en Journal of Politics vol. 78 No 2, 2016.
  • 21.De acuerdo con los datos de lapop, el apoyo por el programa Bolsa Família cae entre 2014 y 2016 y especialmente para los más educados, y se mantiene más alto entre los pobres y los afrodescendientes. M.J. Cohen, N. Lupu y E.J. Zechmeister (eds.): ob. cit.
  • 22.Por ejemplo, el intento de enmarcar esfuerzos de acción afirmativa como «diversidad» tiene el objetivo no solo de incluir a nuevos grupos, sino también de convencer a los grupos dominantes de que ellos estarán mejor en un ambiente más diverso.
  • 23.Amos Tversky y Daniel Kahneman: «Loss Aversion in Riskless Choice: A Reference-Dependent Model» en The Quarterly Journal of Economics vol. 106 No 4, 11/1991.

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