El lastre de la violencia en América Latina: efectos sociales y políticos

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“La protesta”. Serie: La Edad de la Ira del pintor ecuatoriano Oswaldo Guayasamín.

POR TICA FONT /

Latinoamérica ostenta el título de ser la región con la tasa de homicidios más elevada del mundo. El nivel de violencia en las ciudades de América Latina se parece, por la intensidad, a un escenario de guerra silenciosa o guerra invisible. 7 de los 20 países con mayor tasa de asesinatos mundiales en 2017 son latinoamericanos. De las 50 ciudades con niveles de homicidios más altos, 42 están en América Latina, Los Cabos (México 365 homicidios), Caracas (Venezuela 3.387 homicidios), Acapulco (México 910 homicidios), Natal (Brasil 1.378 homicidios) y Tijuana (México 1.897 homicidios) son ciudades que superan las 100 muertes por cada 100.000 habitantes y año.

La mayoría de estas muertes no son fruto de las guerras, de conflictos armados, no son luchas por el poder político, son producto de economías ilegales como el narcotráfico, el tráfico de personas u órganos, de la violencia de bandas o maras, del control territorial y de la violencia interpersonal en la vida cotidiana. Economías que no funcionan sin la aplicación de violencia.

La violencia tiene unos efectos directos en vida de las personas y en el desarrollo económico del país. En aquellas zonas o poblaciones con elevadas tasas de criminalidad, la calidad de vida de las personas se ve altamente reducida, en tanto que esta violencia les impide tener trabajos estables, disfrutar de los espacios públicos seguros o tener restringido el derecho de moverse con libertad por su barrio; la violencia provoca bajo rendimiento escolar, altas tasas de abandono escolar en adolescentes y en definitiva el miedo que imponen en los barrios provoca que se rompa el tejido asociativo, las formas de organización vecinales, modifica las conductas de la gente y aumenta la vulnerabilidad de las mujeres.

Las bandas, las maras o el narcotráfico, con sus formas de control territorial, de control de la vida de las personas que viven en ese territorio, de la extorsión económica que ejercen, de la imposición de trabajar para ellos o del miedo que imponen, rompen las estructuras relacionales de la población.

Frente a esta violencia, que la Organización Mundial de la Salud denomina como de epidemia y que afirma que se está volviendo crónica en algunas zonas urbanas, los gobiernos de los diferentes estados de América Latina han aplicado la misma receta política, la de «mano dura”. Esta política ha consistido en incrementar el número de policías en la calle, excesos de los mismos cuerpos de seguridad, modificar el código penal en el sentido de endurecer las penas de prisión y rebajar la edad de entrada a prisión para incluir a jóvenes de maras o bandas y finalmente de militarizar la seguridad incorporando a los militares en las tareas propias de la policía. La incorporación del ejército en labores policiales o la creación de unidades especiales fuera de la policía, se ha implantado como medida para contrarrestar la alta corrupción de los cuerpos policiales; pero esta política de mano dura y la presencia del ejército en la calle ha supuesto un aumento de desaparecidos o de ejecuciones extrajudiciales.

Estas políticas han provocado un incremento notable de miembros de bandas encarcelados y un aumento de los años de condena, lo que ha supuesto un incremento considerable de la gente encarcelada, en prisiones que ya de por sí estaban colapsadas y que como efecto contrario al perseguido, han facilitado que las redes criminales se organizaran mejor y desde dentro de las mismas cárceles y reforzaran su estructura orgánica.

Por otra parte hay que considerar los altos índices de corrupción de los estamentos públicos con dinero que provienen de las diversas formas de economía ilegal como el narcotráfico o el tráfico de personas, corrupción que afecta a los cuerpos policiales, los políticos electos, a los jueces o los empresarios. Los altos índices de corrupción es uno de los principales factores de la baja confianza y credibilidades en las instituciones públicas; en concreto la policía es de los estamento más degradados y con menor apoyo de la población y, no sólo por la corrupción sino también por la multitud de casos de denuncias por excesos o de denuncias de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad y por los elevados índices de impunidad. Este deterioro de las instituciones públicas acaba fomentando que los países centroamericanos se hayan convertido en la principal ruta de la droga y el tráfico de personas hacia Estados Unidos.

Los desplazamientos de población centroamericana cruzando México hasta los Estados Unidos no es nueva, se remonta a hace bastantes años, pero en los movimientos actuales de población se puede apreciar como la violencia ejercida por las maras, las bandas o los grupos criminales se han convertido en un factor relevante en la emigración; al tiempo que está siendo un factor importante en los desplazamientos de población entre ciudades o dentro de la misma ciudad, la población huye de las extorsiones y amenazas. En una ciudad el control social y territorial de las bandas o las maras puede llegar a ser tan asfixiante o generar suficiente miedo entre las familias que lo mejor es marcharse. Las consecuencias del desplazamiento o la migración para estas familias es enorme, abandonan la casa, las escuelas, los trabajos y los escasos recursos económicos de la familia, todo ello afecta de forma profunda los vínculos familiares y los vínculos comunitarios.

Para la población la situación que viven es tan dura que políticamente están surgiendo populismos que defienden la «mano dura», candidatos políticos que ganan elecciones pero que gobiernan de forma autoritaria y que pueden llegar a poner en peligro los pocos logros democráticos que se han conseguido en derechos políticos, sociales o económicos. Desde hace más de 20 años que se están aplicando las mismas políticas públicas, las mismas recetas para combatir la violencia como pueden ser el populismo punitivo y represor o políticas de frontera que limitan el paso de personas, las mismas políticas que ya se ha visto que son obsoletas, pero que pueden generar votos haciendo creer a la gente que con mano dura todo irá mejor.

El segundo elemento preocupante son las iglesias evangélicas con un mensaje ultraconservador. Estas iglesias han sido determinantes en la victoria de Bolsonaro en Brasil, en Costa Rica el candidato a las elecciones a presidente y predicador evangélico, convulsionó las elecciones con un programa populista que explota el sentimiento popular antipolítico y religioso, o en Colombia donde las iglesias evangélicas lograron decantar la balanza por el «no» en el referéndum sobre los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC.

No hay respuestas o propuestas y menos respuestas simples y de corto plazo para revertir esta situación. En todo caso sí lo cierto es que las recetas políticas que se han aplicado hasta ahora no han resultado, y lo que se requiere es aplicar respuestas de largo plazo.

América Latina no es la región más pobre del mundo, pero sí que es la región más desigual, es importante revertir o disminuir las violencias estructurales, disminuir las brechas estructurales como: reducir el número de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, eliminar la pobreza extrema, revertir la falta de infraestructuras (eminentemente donde viven los más pobres: alcantarillado, agua potable o transporte público), la segregación de población en función de los recursos económicos (guetos), incrementar la escolarización infantil y juvenil, mejorar la salud, respetar a las minorías. En definitiva respetar los Derechos Humanos, poner a las personas, la igualdad entre las personas y la dignidad de las personas en el centro de las políticas, cambiar el estilo de vida y el modelo de crecimiento implantando, respetando el medio ambiente.

Impulsar políticas que ayuden a las mujeres a ejercer sus derechos a los recursos económicos, poder acceder a la propiedad, poder acceder a la propiedad de la tierra, a combatir el patriarcado que provoca tantas violaciones de los derechos de las mujeres. Los jóvenes necesitan oportunidades reales de inclusión social, necesitan programas educativos, laborales, culturales, deportivos y recreativos que les permitan optar por planes de vida en sociedad. Los jóvenes necesitan trabajos legales como alternativa al crimen organizado o a las bandas delincuenciales.

También podríamos pensar en medidas más problemáticas políticamente como legalizar la droga, si la producción, distribución y consumo son legales, si se regulan y pagan impuestos una buena parte de criminalidad y violencia disminuiría.

Pero es necesario que la población de todo el mundo esté organizada, que crezca el tejido social donde las personas nos apoyamos mutuamente, pero también organizaciones que planteen respuestas y propuestas políticas que nos ayuden a convivir, respetando la diversidad y los derechos humanos de todas las personas. En definitiva es necesario que todos participemos en la construcción de un mundo mejor, es importante que este trabajo no lo deleguemos en los políticos.

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