El progresismo latinomericano en acción

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Por Clara López Obregón*, especial para NODAL

Hace dos años, cuando una treintena de dirigentes progresistas de América Latina nos reunimos en la ciudad de Puebla, el modelo liberal de mercado a ultranza y de Estado mínimo estaba entrando en crisis para sus beneficiarios, pues el grueso de la población siempre sufrió sus rigores. Coincidimos en que la principal falla de los gobiernos de la ola progresista de comienzos de siglo consistió en no haber consolidado un modelo alterno, solidario y democrático de gobernanza y desarrollo que corrigiera la desigualdad y abriera los espacios para una protagónica participación ciudadana.

También analizamos cómo la justicia se ha venido pervirtiendo, al extremo de cohonestar golpes parlamentarios como los propinados contra Dilma Rousseff y Fernando Lugo; y de protagonizar el encarcelamiento arbitrario de Lula da Silva. En nuestra primera declaración denunciamos el “lawfare” o guerra jurídica diseñada para excluir de la competencia política a los líderes y lideresas progresistas y manifestamos nuestra solidaridad con el expresidente Lula quién habría sido nuevamente presidente, de no haber mediado la ya comprobada prevaricación judicial. En ese primer encuentro se habló de la necesidad de conformar un equipo de juristas de primera línea que se convirtió en el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) que ha defendido los derechos de los perseguidos del golpe de Estado contra Evo Morales y de las retaliaciones contra los seguidores de Rafael Correa en Ecuador.

En estos cortos dos años, el Grupo de Puebla se ha consolidado y adquirido resonancia internacional por su constante deliberación y acción alrededor de temas centrales de nuestros pueblos. Su Manifiesto Progresista plantea la necesidad de promover un modelo alterno y solidario de desarrollo que recupere el liderazgo del Estado en las políticas redistributivas y de desarrollo responsable con la naturaleza y la sociedad en su conjunto, así como de garante de la igual libertad de hombres y mujeres, etnias y culturas.

En dicho Manifiesto nos anticipamos al G-6 en la exigencia de tasas mínimas de tributación a las multinacionales, pedimos declarar bien público de la humanidad a la vacuna contra el Covid-19 y expresamos la urgencia de adoptar la renta básica para paliar la crisis social agravada por la pandemia. Al G-20 le propusimos ampliar la iniciativa de moratoria temporal de la deuda externa a los países de renta media que la soliciten para abrir espacio fiscal a la necesaria inversión social y la reactivación económica en la post pandemia.

En nuestras actividades cotidianas de Diálogos por el Cambio, Encuentros Temáticos y declaraciones promovemos la solidaridad con quienes luchan por una vida digna, defendemos a los pueblos hermanos que sufren agresiones e injerencias de potencias y terceros Estados, promovemos la integración regional como herramienta de recuperación de soberanía y el reconocimiento del “otro” como base de la convivencia global. En este segundo aniversario renovamos nuestro compromiso con esa utopía posible de una nueva ciudadanía solidaria, productiva, participativa y en paz con la naturaleza. Un nuevo mundo sí es posible.

*Exministra y excandidata presidencial