El reto de la agricultura

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Eduardo Sarmiento

Por Eduardo Sarmiento Palacio

El campo colombiano fue el escenario de confrontación armada y el área de mayor atraso en los últimos 25 años. El diálogo económico de La Habana se limitó al agro y el primer punto del acuerdo por la paz contempla un diagnóstico y soluciones generales que deben concretarse y ponerse en ejecución.

El diagnóstico revela en forma clara que las fallas del mercado y los desaciertos de la política económica provocaron un retroceso que se manifiesta en condiciones de pobreza e inequidad de dimensiones que no guardan relación con el desarrollo del país. A renglón seguido proponen elevar el ingreso de los pequeños productores para reducir la pobreza a la mitad, reactivar el sector y mejorar la distribución del ingreso. Los medios para lograr los propósitos se han venido analizando en un estudio de la Escuela Colombiana de Ingeniería y no es difícil adelantar algunos resultados.

El país lleva 25 años de anuncios y esfuerzos para aumentar la productividad agrícola, que no se han podido materializar por la falta de demanda. En unos casos, la tarea no se realiza y en otros resulta en pérdidas para los productores. La solución es el cambio de estructura productiva en favor de actividades de alta demanda, como serían los cereales y los derivados de la ganadería. El mayor margen de maniobra está en las empresas de mayor tamaño, lo que plantea un tema desconocido en la ciencia económica. ¿Por qué el salario en los servicios más elementales es menor en la agricultura, que en los últimos años ha sido materia de espectaculares avances tecnológicos? Simplemente, el sector de servicios se encuentra cerca y compite con la industria en el mercado laboral. Así, las alzas de productividad de la industria significan mayores salarios que se trasladan al sector urbano. En cambio, en la agricultura dominada por la pequeña empresa no hay nadie que pueda hacer lo mismo. De acuerdo con el censo agrícola, las productividades del mediano y gran productor son mucho menores que la del pequeño.

En este punto adquiere forma la proposición del acuerdo de elevar los ingresos del pequeño productor y articular el sector para fortalecer las interrelaciones con el sistema económico. Lo primero se consigue en la medida que los pequeños productores dispongan de amplio suministro de riego y caminos de penetración, utilicen y combinen adecuadamente los fertilizantes y la inversión propia, y amplíen el tamaño de las unidades. Más aún, se puede amplificar con un subsidio de $1,9 millones anuales por unidad productiva, $20 millones de inversión y $5 millones de titulación.

La articulación del sector exige una actitud propositiva de los empresarios agrícolas y una mayor presencia del Estado. De un lado, se requiere que el mediano productor eleve la inversión, acceda a los servicios estatales de riego, caminos y tecnología y crédito para revertir el rezago en la productividad. De otro lado, se requiere una empresa estatal, tipo Embrapa en Brasil, que ponga en ejecución proyectos de gran extensión en los cultivos de mayor demanda mundial y economías de escala, como soya, sorgo, maíz, arroz y derivados de la ganadería.

En síntesis, los subsidios y las mejores condiciones de explotación de las pequeñas unidades le pueden significar al productor una elevación del ingreso de 50 % en seis años. Si adicionalmente se recortan las brechas salariales del campo, se establecen impuestos selectivos a los grandes productores y se incrementan los presupuestos del agro, el ingreso rural aumentaría en forma significativa y en mayor grado en los trabajadores que están por debajo del salario mínimo. Sin duda, se trata de un paso firme y audaz para erradicar la pobreza y mejorar la distribución del ingreso.

El Espectador, Bogotá.