Por Héctor Alonso Moreno / Semanario Caja de Herramientas
En los acuerdos de La Habana se pactó la concentración de más de 7 mil exguerrilleros en unas zonas campamentarias denominadas Zonas veredales. Son 22 en total, en las cuales en muchas de ellas aún no se han construido los dispositivos necesarios en equipamiento de infraestructura para que puedan permanecer allí los desmovilizados de la guerra.
En los proceso de paz se acuerda implementar en el posconflicto dos aspectos centrales. De un lado, el tema referente a la reinserción de los ex combatientes; y de otro lado, el tema de las reformas pactadas que benefician directamente a las comunidades afectadas por el conflicto armado, y otras reformas generalmente pactadas acerca de aspectos estructurales como circunscripciones de paz, tierras, reparación de víctimas, financiación de nuevos partidos políticos. Etcétera.
En los acuerdos de La Habana se pactó la concentración de más de 7 mil exguerrilleros en unas zonas campamentarias denominadas Zonas veredales. Son 22 en total, en las cuales en muchas de ellas aún no se han construido los dispositivos necesarios en equipamiento de infraestructura para que puedan permanecer allí los desmovilizados de la guerra. Ello ha permitido que muchos hayan abandonado esas zonas veredales e incluso en una de ellas solo hay viviendo 8 personas, según denuncia del analista político Ariel Ávila a Caracol Radio en días pasados.
También, en declaraciones a Caracol Radio, el jefe desmovilizado de las Farc, Francisco González, alias Pacho Chino, dijo que muchos ex guerrilleros están abandonando los espacios territoriales porque no han recibido lo prometido; y que el gobierno no está cumpliendo cabalmente sus compromisos con los miembros de las Farc que se desmovilizaron y entregaron sus armas. Afirmo que “los cumplimientos han sido bastante débiles, no hay preocupación por cumplir a los combatientes”, y agrego que muchos de los desmovilizados han tenido que acudir a donde sus familias para poder sobrevivir.
Puso como ejemplo que donde eran las zonas veredales y ahora son espacios territoriales, los campamentos quedaron sin terminar. “Algunos ni siquiera fueron construidos” y otros tienen problemas de agua, energía, salud y múltiples inconvenientes. Insistió en que muchos se han ido a sus hogares, a sus casas, buscando el refugio de sus familias para sobrevivir, porque el gobierno no ha cumplido lo que les prometió para reincorporarse.
A ello se agrega el hecho de que, un poco más de dos mil desmovilizados, han tenido problemas con la bancarización, como quiera que no hayan podido abrir sus cuentas bancarias para recibir los emolumentos pactados del 90% de un salario mínimo mientras se reintegran a una actividad laboral. Los exguerrilleros afirman que “Muchos tienen problemas jurídicos y no se les reconoce, por el contrario, son detenidos y no se les cumple”.
Esto ha creado en los exguerrilleros una desconfianza e incertidumbre que, sin temor a equivocarme, está generando las condiciones objetivas para que muchos de ellos deserten de esas zonas, no propiamente hacia las ciudades, sino con dirección a integrar seguramente las bandas armadas del narcotráfico, en unos casos; y en otros casos, a integrar la disidencia de las Farc que –según informes de la inteligencia militar– se están nutriendo de este desorden del Estado colombiano que está demostrando su incapacidad institucional y burocrática para manejar el asunto de la reinserción. El jefe insurgente del suroccidente colombiano aseguro además que de los espacios territoriales o antiguas zonas de ubicación han salido más de 200 excombatientes sin que se sepa su paradero.
Es bueno recordar igualmente en este marco de incumplimiento e incertidumbres, que el gobierno nacional tuvo que sacar del presupuesto de investigación de ciencia y tecnología de las Universidades públicas los recursos económicos sin ejecutar en vigencias pasadas, para poder cumplir con la financiación de la Unidad Especial de Protección, que es la entidad encargada de dar empleo como escoltas de sus propios hombres a los excombatientes desmovilizados. Lo anterior no constituiría ningún problema, sino fuera porque los recursos económicos de las universidades públicas son escasos y se requieren todos los días mayores recursos para incentivar la investigación científica tan débil en el país. Lo anterior demuestra que el gobierno no solo está improvisando, sino también, que tampoco estaba preparado financieramente para asumir las tareas del posconflicto en lo referente a los excombatientes.
En cuanto a las reformas estructurales que deberán favorecer a las comunidades, hay que decir que en lo que tiene que ver con la implementación de una reforma rural integral no se ha podido legislar nada en el Congreso Nacional por falta de voluntad política. La reforma política, que es otro elemento estructural del acuerdo de paz, pese a sus limitaciones de fondo, aun va a paso lento, y por su pobre contenido se puede afirmar que poco tendrá que ver con la democratización de la vida nacional y con la reinvención de la actividad política en Colombia, y que seguramente esta reforma no permitirá sacar a los partidos y movimientos políticos y a la propia actividad política, del descredito en que han caído producto de la corrupción, la vagabundería y el clientelismo que los corroe.
Esperemos entonces que el gobierno nacional cumpla la palabra empeñada y tome las medidas efectivas a fin de solucionar este grave problema en la implementación del proceso de paz. De lo contrario, estaremos dando un paso hacia atrás en la consolidación de la paz.
