La pirámide pensional

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Eduardo Sarmiento Palacio

Por Eduardo Sarmiento Palacio

La comisión de gasto designada por el Gobierno ha manifestado su preocupación por el sistema pensional que genera una rogación presupuestal de $ 38 billones. El monumental desajuste proviene de la reforma de la ley 100 de 1993, en la cual muchos de ellos tienen serias responsabilidades. En ese entonces, al igual que en columnas posteriores, mostré que la reforma dejó a los pensionados en el Estado y trasladó las cotizaciones a las AFP.

Los hechos se han encargado de demostrar que el sistema se copió de Chile sin saber sus implicaciones. En los estudios realizados en esa época por los centros de estudio y por el Gobierno, liderados por Rudolf Hommes, el sistema privado se justificaba porque producía mayores rentabilidades. Por su parte, las AFP convirtieron la intuición en propagandas y artificios que convencieron al público de que sus empresas generaban mayores pensiones.

En el sistema público de prima media, antes de la ley 100, las pensiones se cubrían con las cotizaciones de los afiliados al sistema. En la modalidad privada corresponden a las cotizaciones acumuladas y ampliadas por la tasa de interés. La reforma significó la movilización masiva hacia los fondos privados. El sistema público se quedó con los pensionados y tenía que atenderlos en forma creciente con erogaciones presupuestales. De otro lado, las AFP obtenían recursos por encima de las obligaciones y los movilizaba al sector financiero, muchas veces para apalancar a sus propios socios. Así, los gastos presupuestales destinados a las pensiones subieron aceleradamente y en la actualidad ascienden a $38 billones. Los directivos de las AFP se han precipitado a atribuir el monumental desbalance a las bajas cotizaciones con respecto a las pensiones.

La realidad es muy distinta. La falacia se fundamenta en el engaño de que los usuarios reciben mayores beneficios en el sistema privado. De acuerdo con las disposiciones vigentes, las mesadas del sistema de prima media corresponden al 65% del ingreso promedio de los últimos años, y de acuerdo con la aritmética elemental y las liquidaciones realizadas por los mismos fondos, la mesada de las AFP se estiman cerca de 25%. Sin duda, la ley 100 ocasionó la reducción generalizada de las pensiones.

La situación actual es crítica. Mientras que en el pasado por cada adulto mayor había diez cotizantes, hoy en día hay únicamente dos. La diferencia la cubre el estado con las erogaciones presupuestales, que en esencia constituyen un subsidio al sector privado para sostener una pirámide. En el momento en que el público entienda que la rentabilidad del sistema de prima media es mucho mayor que el de las AFP se pueden precipitar grandes movimientos que colocarían a las AFP en un estado de pasivos menores que los activos, que las tornarían inviables. El sistema es claramente inestable. La estabilidad de las AFP proviene del marchitamiento del sistema público, que es el que ofrece mayores posibilidades de acceso a los grupos menos favorecidos, y la reducción del subsidio significaría la desaparición de las AFP.

La solución no es mantener el engaño. Lo que se plantea es reconocer que la reforma de la ley 100 de 1993 fue un monumental error que ha colocado al país entre una erogación fiscal insostenible y la insolvencia de las AFP. La propuesta dominante de cerrar Colpensiones o elevar las cotizaciones con relación a las pensiones sería una forma de continuar incrementando las ganancias del capital a expensas de los ingresos del trabajo.

La solución no puede ser otra que separar los dos sistemas que no pueden sobrevivir sin la destrucción del otro. En la práctica se podría lograr ampliando el sistema de prima media y limitándolo para los salarios menores de 1.7 salarios y dejando los fondos privados para rentas superiores.

El Espectador, Bogotá.