Las fallas de la infraestructura

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Por Eduardo Sarmiento Palacio

Los fracasos continuados de las obras civiles demandan un llamado de la sociedad civil. Los accidentes obedecen a errores técnicos y de planeación que revelan grandes deficiencias en la organización del Estado.

Tanto en el desbordamiento de Hidroituango como en la caída del puente Chirajara, de la vía Villavicencio, las fallas se originaron en errores elementales de planificación. En el caso de Chirajara, los evaluadores reconocieron un error de diseño, y en el de Hidroituango se sabe que el diseño original se modificó. En ambos casos se trata de áreas de amplio conocimiento tecnológico y experiencia, donde se conoce cómo detener los accidentes y las alteraciones de la naturaleza. Al parecer los aspectos administrativos y jurídicos de la obra tienden a predominar sobre los requerimientos mínimos de la ciencia de la ingeniería. Lo cierto es que los desastres se hubieran podido evitar con mayores precauciones, seguimiento y aumentos de costos de menor orden.

De tiempo atrás he sostenido que las anomalías de la estructura física obedecen a que la rentabilidad privada de su realización es menor que la social. El valor subjetivo de los proyectos es menor que el costo real. Debido a los elevados costos fijos, los proyectos no pueden ser financiados fácilmente. Las concesiones o contratos se obtienen en licitaciones públicas y por otros medios a pérdida, en tanto que la ganancia se logra posteriormente con modificaciones de los diseños, cambio de materiales e incluso no faltan los sobornos. Por eso, en la mayoría de los proyectos, el valor final resulta muy por encima del inicial. En el proceso se termina sacrificando los requerimientos de la ingeniería y de la naturaleza, y se incurre en riesgos excesivos.

Las adversidades de los contratistas se han buscado remediar con apoyos de las agencias estatales en la forma de créditos con plazos muertos y de los trámites para mejorar los términos de referencia. En los episodios de Odebrecht se vio cómo la gestión de los intermediarios en las agencias estatales cumplen un papel clave en las modificaciones de las condiciones de los proyectos y los ajustes por sobrecostos. En el desespero por sacar adelante los proyectos, los contratantes y contratistas se asocian en la realización de las obras. El seguimiento, la interventoría y la rendición de cuentas quedan relegados a segundo plano.

Infortunadamente, el juego es favorecido por la Ley 80 de contratación de obras públicas que autoriza el cambio de condiciones de los proyectos, facilita la culminación de los contratos y les da toda clase de ventajas a quienes incumplen los compromisos. En las reformas más recientes se establece que en el caso de los proyectos fallidos, que resultan con valores superiores a los costos de contratación, la diferencia la asume el Estado.

El otro aspecto es el de la enseñanza y la investigación. Los esfuerzos de las instituciones educativas se orientan a replicar los programas de las universidades prestigiosas y publicar los trabajos de los profesores y estudiantes en revistas extranjeras. El desarrollo de habilidades para interpretar los conceptos generales y resolver problemas concretos no reciben la importancia merecida. Las obras fallan por los detalles.

El rápido avance de la infraestructura no ha tenido un desarrollo institucional paralelo. El país está en mora de una nueva ley de contratación pública y una mayor participación de la sociedad civil, en particular de las universidades, en la selección y seguimiento de los grandes proyectos.

El Espectador, Bogotá.