Las prioridades económicas

634
Eduardo Sarmiento Palacio

Por Eduardo Sarmiento Palacio

El ministro de Hacienda anunció la eliminación de los tres ceros de los billetes dentro de un gran despliegue. La medida se ha presentado en forma repetida en los últimos años y se ha quemado en el horno. En la práctica han aparecido decisiones más urgentes que han desplazado los múltiples procedimientos administrativos y legales del cambio del valor de la moneda.

A nadie se le escapa que la eliminación de los ceros no tiene efecto real. La reducción del valor nominal del billete es proporcional al de las transacciones. Los beneficios se reducen a facilitar las transacciones individuales y los balances contables y acercar el peso a los números del dólar y otras monedas. Probablemente, en términos tangibles no son muy distintos al costo de reemplazar los billetes, estimado en $600.000 millones.

La duda es sobre la prioridad. El cambio de la nominación de los billetes abre el debate sobre un tema que no tiene mayor efecto sobre el ingreso de los colombianos y evita la discusión sobre temas centrales de política económica. La discusión y el control político del Congreso deberían girar sobre el estancamiento de la economía y el renacimiento de la industria.

En este momento hay dos temas que requieren una rápida respuesta. El primero es la inefectividad del banco central autónomo para recuperar la actividad productiva que debe ser monitoreado por el Congreso. La baja de la tasa de interés de referencia los últimos dos años no ha afectado mayormente la tasa ni el volumen del crédito. Es indispensable acudir a otros mecanismos para ampliar la liquidez y aumentar el gasto, como serían la intensificación de la política fiscal con apoyo financiero del Banco de la República.

El otro tema que les corresponde a las autoridades públicas y privadas es el de la industria. La experiencia de los últimos 25 años (1990- 2017) mostró cómo el liderazgo de los recursos naturales da lugar a un crecimiento modesto e inestable, y plantea sustituirlo por el proceso de industrialización que se inició en 1967 y se suspendió en 1991 con la globalización. Cada vez que aparecen cifras los dirigentes gremiales ilusionan al país anunciando que ahora sí la industria volverá a crecer y se encargará de levantar la economía. En el mes siguiente reaparecen los índices negativos, revelando que el problema no es de voluntad política y administrativa, sino teórico.

A estas alturas no se han concretado las causas del retroceso industrial.  No se ha avanzado en una formulación comprensible que explique las razones del lento avance de la industria en los países de mediano desarrollo. Mientras en los países desarrollados el mercado propicia la industrialización, en los países en desarrollo la frena. En Colombia la industrialización no es posible sin un marco estratégico de protección y subsidios, muy distinto al de los países desarrollados, que mal puede ser dictado en la OCDE.

Algo similar se puede decir del fracaso del sistema pensional, la desfinanciación de las universidades públicas y de la inconsistencia de las empresas de la salud. Las tres crisis han debilitado la capacidad distributiva del gasto público que llega al 40 % más pobre en un porcentaje mucho menor. Las soluciones requieren de reformas institucionales que tienden a posponerse y toman mucho tiempo en manifestarse.

El cambio de nominación de la moneda requiere una ley del Congreso que sólo podrá presentarse en marzo. Así, el debate sobre los aspectos descritos y los resultados de la actual administración quedarán postergados para el final de la campaña, y, de seguro, terminarán en el tintero. Las soluciones a la ineficacia macroeconómica, la recuperación de la industria y la inequidad del gasto público quedarán por cuenta de las angustias del gobierno entrante.

El Espectador, Bogotá.