Las recomendaciones de la ONU en materia de derechos humanos para Colombia

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El Espectador

Los asesinatos a líderes sociales y excombatientes de la guerrilla de las Farc; el abandono a la población rural; la seguridad de la población civil; y la respuesta a los derechos de las víctimas en el marco de la justicia transicional son los puntos que durante el 2017 observó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos. A partir de esto entregó 19 recomendaciones.

Mirar a las regiones, ese es el llamado general del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos. Es en los territorios donde están sucediendo la mayoría y más graves violaciones a los derechos humanos en el marco de la implementación del Acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc. Los epicentros son las zonas donde antes estaba esta guerrilla, donde hay cultivos ilícitos y donde ahora se disputa el control territorial por parte de disidencias, Eln, Epl, paramilitares y delincuencia común.

Las cifras que alertan

Del total de defensores asesinados, 14 fueron mujeres, cifra que dobla el porcentajes de los casos registrados en 2016.

Medir el impacto del Acuerdo

El informe es enfático en las causas de la violencia después del acuerdo, recalcando lo ya dicho por la Defensoría del Pueblo en las alertas de riesgo para las comunidades: «El 64 por ciento de los asesinatos ocurrieron en las Zonas más Afectadas por el Conflicto (ZOMAC) y en zonas con una presencia histórica de las FARC-EP. El vacío de poder que dejaron las FARC-EP después de su desmovilización; la falta de una presencia estatal integral; y demoras en la implementación del Acuerdo permitieron el ingreso de grupos ilegales y grupos criminales a las zonas, los cuales buscaban asumir el control de las economías ilegales aún existentes, provocando un aumento de la violencia», aclara el informe.

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Y en esta línea va la primera recomendación: «que se cree un sistema, que incluya el nivel veredal, para medir el impacto del Acuerdo en el disfrute efectivo de los derechos humanos». Así, hace un llamado a la Procuraduría y a la Fiscalía «para prevenir, procesar y castigar los casos de corrupción», pues esto iría mejorando el disfrute de los derecos económicos, sociales y culturales.

Enfoque étnico y territorial

«Las categorías de defensores más afectados por los atentados son líderes comunitarios, indígenas, campesinos, afro-colombianos y sindicales», aclara esta dependencia de la ONU. Sin embargo, no solo son los más afectados siendo líderes, sino también por la ausencia estatal. Dos cifras concretas son la mortalidad infantil y materna. La primera en las comunidades indígenas es cinco puntos más alta que población no indígena; y la segunda en población afro es más del doble que en el resto de la población colombiana.

La recomendación, entonces va de cara a llamar al Estado a que llegue a las comunidades y a fortalecer los organismos propios de estas poblaciones, tales como la guardia indígena, los consejos comunitarios y las Juntas de Acción Comunales.

Además, llama al Estado a fijar «metas realistas en relación con la implementación del Acuerdo en zonas rurales y que incluya un análisis de riesgos que tome en cuenta la presencia de economías ilícitas y los riesgos para las comunidades y los implementadores».

Por último, alienta al aumento del respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, especialmente al gobierno y al Eln, «con el fin de construir confianza en el proceso de paz», sentencia.

Lea aquí el informe completo