Lo que Uribe no cuenta

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Por Claudia Julieta Duque / Nuevatribuna.es

El expresidente de Colombia continúa su periplo por Europa en el marco de su campaña de desprestigio internacional contra el gobierno de Juan Manuel Santos y el desarme de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia durante los años 2002 a 2010, realiza por estos días un periplo por varias ciudades de Europa en el marco de su campaña de desprestigio internacional contra el gobierno de Juan Manuel Santos y el desarme de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Y aunque a ambos -al gobierno Santos y al proceso de paz- les caben múltiples y variados reproches, sorprende el cinismo del exmandatario hoy autoproclamado jefe de la oposición en Colombia.

Sorprende, porque sus críticas contra la impunidad, la corrupción y el narcotráfico no sólo están colmadas de mentiras y exageraciones, sino porque parecen una descripción precisa de lo que significaron sus ochos años como jefe de Estado y, en particular, los mal llamados diálogos de paz con el paramilitarismo.

Las falsedades con que el expresidente suele maquillar su discurso, tales como que Colombia amenaza con convertirse en una “segunda Venezuela” y que el “castrochavismo” busca imponerse políticamente en el país, sólo funcionan ante audiencias locales seducidas por la elocuencia del fanatismo populista con el cual Uribe Vélez ha sabido mantenerse en las mediciones de imagen y la agenda pública pese a los graves señalamientos y las investigaciones judiciales que han tocado a su círculo más cercano, pero están lejos de sostenerse en el más básico de los análisis sobre la realidad nacional.

Las críticas, por su parte, suenan serias, preocupantes y hasta realistas. Pero ni Uribe ni el uribismo tienen la autoridad moral ni la estatura política para hacerlas. En primer lugar, porque lo sucedido con las estructuras paramilitares del país, conocidas en su momento como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y recientemente calificadas por un tribunal como “franquicias de matones”, no fue otra cosa diferente a la mutación -que no paz- de un cartel del crimen organizado, conformado en su mayoría por grandes narcotraficantes luego extraditados, no propiamente por el deseo de justicia del entonces presidente sino por temor a que se conocieran los nexos de éste, su familia y algunos de sus aliados políticos con esa empresa criminal.

Con la extradición de los principales líderes paramilitares murieron las esperanzas de verdad, justicia y reparación de miles de víctimas de esos grupos de extrema derecha responsables de la mayoría de graves violaciones a los derechos humanos en Colombia, los cuales actuaban con la connivencia, aquiescencia y complicidad de la fuerza pública en gran parte del país. Esos 14 jefes paramilitares y sus 26 lugartenientes nunca fueron juzgados de manera efectiva por los cientos de masacres ni las miles de torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales ni los desplazamientos forzados de los cuales fueron responsables.

De los más de 32 mil paramilitares que permanecieron en el país, sólo un diez por ciento fue procesado en una sofisticada arquitectura de impunidad que creó una jurisdicción especial, llamada de Justicia y Paz, donde menos de 100 fueron condenados a un máximo de ocho años de prisión por graves crímenes de lesa humanidad. Más de 30 mil no purgaron ni un solo día de cárcel ni fueron procesados. De hecho, muchos de ellos continuaron dirigiendo estructuras paramilitares que el gobierno Santos rebautizó como bandas criminales, BACRIM.

Similar observación le cabe a las afirmaciones de Uribe respecto al aumento del narcotráfico. Si bien las cifras de cultivos de uso ilícito al terminar su mandato eran menores que las actuales, lo cierto es que no es posible establecer una relación directa entre este fenómeno y el cese al fuego entre el gobierno y las FARC, pues se ha documentado la cooptación paramilitar de zonas de antiguo dominio guerrillero.

Pero además el expresidente omite la contundencia de hechos que relacionan a miembros de su familia con carteles de la droga, tales como la confesión y condena de Dolly Cifuentes Villa, principal socia del “Chapo” Guzmán en Colombia, casada durante 15 años con Jaime Uribe Vélez -hermano del expresidente- y cuya hija, Ana María Uribe Cifuentes, también fue arrestada por tráfico de cocaína.

Ni qué decir de la condena por paramilitarismo contra su primo, el exsenador Mario Uribe, o el reciente llamamiento a juicio de Santiago Uribe Vélez, también hermano del exjefe de Estado, por concierto para delinquir y homicidio agravado, hechos calificados como crímenes de lesa humanidad en el caso denominado de “Los Doce Apóstoles”, grupo paramilitar precursor de las AUC cuya base de operaciones, según la Fiscalía colombiana, fue la finca La Carolina de propiedad de la familia Uribe Vélez.

Son tan graves las acusaciones contra el hermano de Álvaro Uribe, que la Fiscalía ha determinado que “las acciones delincuenciales del señor Santiago Uribe Vélez trascendían hacía la coordinación y dirección de los homicidios perpetrados por ‘Los Doce Apóstoles’. Así, no solamente escogía quiénes y en qué momento se realizaba una acción criminal, sino que también coordinaba con la Fuerza Pública para asegurar que no interfirieran en sus operativos y que no se realizaran esfuerzos para capturar a los autores materiales de las acciones criminales. Así las cosas, es claro que la participación de Santiago Uribe Vélez indica la existencia de un plan común criminal, dentro de un esquema de división de trabajo y haciendo aportes esenciales y necesarios que permitían la ejecución de los delitos planeados”.

Todo ello sin mencionar los señalamientos directos realizados por varios jefes paramilitares que vinculan a Álvaro Uribe con esos grupos y que afirman haberlo apoyado para llegar a la Presidencia; o las cuatro órdenes de investigación emitidas por diversos fiscales para que el hoy senador sea investigado por los crímenes de su policía secreta -el desmantelado Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)- que mueren el sueño de los injustos en un órgano investigativo de la Cámara de Representantes que se ha destacado porque en toda su historia no ha generado un solo resultado contra aquellos que le corresponde investigar (fiscales, magistrados y presidentes).

Entonces, ¿con qué cara se atreve Álvaro Uribe a criticar?