Moral fingida

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Por Camilo A. González Pacheco

Varias tesis están de moda frente al tema de precisar conceptualmente la persona drogadicta: considerarla enferma y en consecuencia tratarla como tal, abordando su problema desde las ciencias de la salud; o en calidad de vicioso y delincuente (imagen que persiste en el imaginario de la mayoría de colombianos) y por tal razón sometida al régimen policivo y penal. Algunos estudiosos del asunto van más lejos y no lo ubican ni como delincuente, ni como enfermo.

De ahí, la necesaria valoración de las medidas gubernamentales que recientemente se anuncian para abordar algunos aspectos de este espinoso asunto. Varios analistas consideran ineficiente la medida dirigida a decomisar la dosis mínima permitida, y plantean como de mayor validez la de implementar disposiciones dirigidas a atacar radicalmente las redes de distribución de las sustancias estupefacientes y evitar a toda costa que las mismas puedan llegar a los entornos educativos como escuelas, colegios y universidades.

En la objeción a la tesis del decomiso, se cuestiona la inexistencia procesal para este evento, de prueba admitida para demostrar que una persona sufre adicción a sustancias estupefacientes, y de autoridad competente para dirimir expeditamente la cuestión. En especial, en nuestro país en donde no se suministra ningún tipo de tratamiento a través de las E.P.S. para tal padecimiento.

Absurdo, por lo tanto recurrir al final para probar una adicción, como se propone, a certificaciones de padres de familia, como el jocoso meme que circula por las redes sociales, donde una madre de 85 añitos puede dar fe, de que su retoño de 55 es marihuanero.

En este ajetreo conceptual, vale la pena reiterar que la Corte Constitucional protegió el libre desarrollo de la personalidad y dejó claro que no es punible el consumo ni el porte de la dosis mínimas. Por lo tanto, si la dosis mínima es permitida, se presume su tenencia legalmente. Lo contrario sería un contrasentido.

Imposible para Colombia derrotar sola el flagelo de las drogas ilícitas. Esta lucha en el terreno punitivo ha sido un fracaso ya reconocido en trascendentales escenarios internacionales. Entre otros factores, por la posición real y efectiva tomada por EE.UU. frente a este problema, en concordancia también con el uso del glifosato. Su sistema financiero usufructúa buena parte de esas ilícitas ganancias.

Y con el glifosato, ya allá en los Estados Unidos se han producido sentencias de condena por causar cáncer. ¿Allá si es cancerígeno, pero aquí no?. Esos dólares allende son limpios, pero por estos lares producto del negocio ilícito?.

Todo depende del lente moral con que se mira. Las leyes del mercado predominan en el imperio gringo, aplastando siempre aspectos esenciales de dignidad humana. Prima el negocio. Como siempre.