Política sistemática de eliminación de líderes sociales en Colombia: 46 asesinatos en lo corrido de 2017

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Aunque en medio de múltiples dificultades institucionales y políticas Colombia avanza en un proceso de paz con los grupos insurgentes Farc y ELN, paradójicamente la persecución y muertes de líderes sociales y comunitarios no ha cesado. En lo que va corrido 2017 van asesinados 46 dirigentes, destacados por la defensa de los derechos humanos y comprometidos con los intereses de sus comunidades.

De acuerdo con el recuento que ha hecho el profesor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Manuel Humberto Restrepo Domínguez, detrás de estos “46 líderes asesinados hay más que una estrategia de eliminación y no es solo un reto teórico, sino también practico indicar que hay una política de muerte que tiene misión, visión, estructura, metas, responsables, recursos, tiempos, modos de acción, actores y territorios en los que se ejecuta el programa de guerra sucia”.

Según este investigador social, en la actual coyuntura que vive Colombia, se repite su historia de horror respecto del exterminio de líderes sociales comprometidos con sus respectivas comunidades. “No hay hechos aislados, -recalca el profesor Restrepo Domínguez-, hay conexión orgánica entre política de horror, capital y poder político y persiste una tendencia de resultados con datos como que ‘en los últimos 14 meses hubo 120 homicidios de defensores de derechos humanos y líderes sociales, además de 33 atentados y 27 agresiones a este mismo grupo poblacional (defensoría, elheraldo.co/marzo 3, 2017)’. Entre 2002 y 2016 hubo 558 líderes sociales asesinados (verdadabierta.com); En abril de 2017 fueron asesinados más de 10 indígenas awua, woman y kite kiwe (Amnistía) y van 2500 sindicalistas asesinados en 20 años (verdadabierta.com). Queda al descubierto un continuum de barbarie que remite a advertir un genocidio en marcha, un plan de exterminio sistemáticamente ejecutado contra personas protegidas e indefensas que conforman una comunidad política llamada sociedad civil”.

En forma coincidente, “los 46 líderes y defensores fueron asesinados en lugares precisos de una geopolítica de riqueza estratégica y en el momento político concreto en que se construye paz en los territorios y la verdad contada por otras voces saca a flote las reales intenciones y a los responsables del horror padecido”.

Estos asesinatos presentados en lo que va de 2017 y los cientos en este siglo, “no son homicidios simples producto de odios individuales, ni de desquiciados veteranos de guerra, son una parte estructurada de un genocidio en marcha contra un tipo de seres humanos que responden a una lógica de adversarios políticos y sociales”.

Los líderes sociales que hoy enfrentan múltiples amenazas en Colombia por defender sus derechos y exigir atención digna del Estado a sus ingentes necesidades se encuentran hoy, como lo señala el investigador Restrepo Domínguez, “al frente de una diáspora nacional de movilizaciones sociales” provocadas por el incumplimiento del gobierno nacional a sus requerimientos; el déficit de democracia, la corrupción y el clientelismo.

Colombia vive un clima de crispación: más de 15 días de paro de los trabajadores estatales; 12 días de paro en Buenaventura, el principal puerto sobre el Pacífico; cientos de indígenas apostados en carreteras, campesinos y afros movilizados; 10 días de paro cívico en el Chocó; 10 días de paro nacional de los maestros en las calles y cese de actividades de 350.000 profesores y 8 millones de estudiantes. Bloqueos, plantones, marchas de centrales obreras, reclamantes de salud, educación, guardianes, jubilados y desalojados de sus viviendas. Protestas contra la Corte Constitucional por sus decisiones adversas al proceso de paz. Mítines universitarios contra la privatización y la pérdida de autonomía. La insurgencia de las Farc en asamblea permanente y el ELN tratando de adelantar en conversaciones con la delegación del Gobierno en Quito.

En medio de esta crítica situación, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos realizan su labor de coordinación de los reclamos de sus sectores y respectivos colectivos en un país en el que amplios sectores sociales se encuentran movilizados en espera de respuestas oficiales.