Un “porte” polémico

Celebramos –por supuesto– que se mantenga la suspensión del porte de armas, lo que preocupa son esos “lineamientos” para la expedición de “autorizaciones especiales” para quienes soliciten salvoconductos de armas: ahora será el Ministerio de Defensa, quien evaluará estas solicitudes y permisos especiales, y las otorgará a su juicio. Eso preocupa, realmente preocupa. Álvaro Ortiz Ramos Editor Semanario Virtual Caja de Herramientas

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Colombia tiene una larga historia de violencias. Un extenso cúmulo de referencias acompaña los anaqueles de la biografía de este país que no tiene memoria de sus muertos, pero que sabemos, se cuentan por miles.

Que nos sirva esta pequeña introducción para adentrarnos en el álgido tema del porte de armas en Colombia.

Comencemos diciendo que –afortunadamente– la gran mayoría de países en el mundo, tienen una política restrictiva sobre la tenencia de armas de fuego, y solo unas pocas legislaciones –otro afortunadamente– se categorizan como permisivas1. Las jurisdicciones de los países que regulan el acceso a las armas de fuego normalmente restringen el acceso solo a ciertas categorías de armas y luego restringen las categorías de personas a las que se les otorgará una licencia para tener acceso a un arma de fuego.

Según la organización The Small Arms Survey2 a fines de 2017 había aproximadamente 857 millones de armas de fuego civiles en los 230 países y territorios estudiados. La cifra se reduce hasta 22,7 millones en poder de fuerzas de seguridad y de 133 millones en el caso de armas militares. En total, más de mil millones de armas estimadas.

La nueva cifra es un 32% más alta que la estimación anterior de 2006, cuando el Small Arms Survey estimó que había aproximadamente 650 millones de armas de fuego civiles. Prácticamente todos los países muestran cifras más altas en 2017, aunque las tasas de propiedad varían ampliamente, lo que refleja factores como la legislación nacional, la cultura de armas de un país, factores históricos y de otro tipo. Si bien, parte del aumento refleja mejores datos y métodos de investigación, gran parte se debe al crecimiento real de la propiedad civil.

Salvo algunas excepciones, la mayoría de los países del mundo permiten a los civiles comprar armas de fuego con ciertas restricciones. Una encuesta de 2011 en 28 países de los cinco continentes encontró que una distinción importante entre diferentes regímenes nacionales de regulación de armas de fuego es si la posesión de estas por parte de los civiles se considera un derecho o un privilegio. El estudio llegó a la conclusión de que en Estados Unidos y Yemen eran distintos de los demás países encuestados, al considerar que la posesión de armas de fuego era un derecho básico de los civiles. En los demás países incluidos en la muestra, la tenencia civil de armas de fuego se considera un privilegio y la legislación que rige la posesión de armas de fuego es, en consecuencia, más restrictiva.

En Colombia…mientras tanto

El año pasado, más exactamente el miércoles 26 de diciembre, a través de su cuenta de Twitter el presidente de la República, Iván Duque, nos informó – o le informó al país – que, con su firma ya estampada, había sancionado el decreto que extiende la prohibición de armas por un año más en el país, eso sí, fijando así ciertas ‘reglas de juego’ especiales.

“He firmado el Decreto 23623 que mantiene suspendidos los permisos para el porte de armas en el territorio nacional, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. El derecho a autorizaciones especiales se mantiene. El monopolio de las armas debe estar en manos del Estado”.

Celebramos –por supuesto– que se mantenga la suspensión del porte de armas, lo que preocupa son esos “lineamientos” para la expedición de “autorizaciones especiales” para quienes soliciten salvoconductos de armas: ahora será el Ministerio de Defensa, quien evaluará estas solicitudes y permisos especiales, y las otorgará a su juicio. Eso preocupa, realmente preocupa.

Es decir, palabras más, palabras menos: ya no será jurisdicción de las autoridades el otorgamiento de los permisos, que podrán ser concedidos a personas que se sientan amenazadas en materia de seguridad. O sea que las sugerencias hechas por el Centro Democrático, el partido de Duque, para llegar a esta resolución fueron escuchadas y asumidas.

Recordemos que la bancada de congresistas del Centro Democrático, partido del –todavía– senador Álvaro Uribe, le enviaron una carta –12 de diciembre, días antes que terminara la legislatura– al presidente Duque en la que le pedían –casi que, implorando, vaya uno a saber con que intereses– que se flexibilizara el decreto del desarme que rigió durante 2018 en el país.

Según los congresistas –en la misiva firmada por varios de ellos y tramitada por el representante a la Cámara Christian Garcés, quien juiciosamente se encargó de recolectar las firmas– la medida se hace necesaria porque hay ciudadanos “respetuosos de la ley y bajo constante amenaza que están pasando por una situación delicada”. Sin embargo, en el documento entregado al presidente, no explican exactamente a cuáles grupos en riesgo se refieren. “Ellos requieren de medidas amparadas en el derecho a la defensa personal y el desarme solo beneficia al delincuente que no se rige por restricciones legales”, enfatizan.

“Necesitamos que los colombianos expuestos a riesgo constante no solo cuenten con mayores garantías legales para defenderse del crimen y la agresión, sino de herramientas de protección, entre las cuales está el porte legal de armas de bajo calibre, siempre que se garantice que el Estado conservará el monopolio de estas y defina un proceso estricto y transparente para que quienes lo requieran puedan acceder a ellas”, concluye la comunicación.

Tanto la “cartica” con su pedido lastimero como el decreto, generaron las más diversas reacciones. La exsenadora Claudia López, por ejemplo –con toda la razón– recordó que en dos siglos Colombia nunca ha logrado el monopolio legítimo de las armas y la justicia. “Nos ha tomado 27 años desarmar 56.000 combatientes de 10 grupos armados ilegales. Batimos récords de violaciones a la vida y los derechos. ¿Y todavía hay quienes proponen armar a civiles?”.

Por su parte, Rodrigo Uprimny, jurista e investigador a través de sus redes sociales compartió un artículo publicado en el periódico The Guardian4, que hace referencia a una investigación que demuestra que una mayor tenencia de armas en la población hace a los países menos seguros y no más seguros.

Antonio Sanguino, senador por Alianza Verde celebró la extensión de la prohibición al porte de armas, pero manifestó su “preocupación” por las excepciones que podrá hacer el Ministerio de Defensa. “Esa excepcionalidad me parece riesgosa, porque abre la puerta a que, por alguna circunstancia especial entre comillas, debamos autorizar el porte de armas a algunas personas civiles. Prefiero defender la tesis –y de manera radical– del monopolio total de las armas en manos del Estado”.

“Con los permisos especiales para porte de armas entramos de nuevo a la seguridad vista como autodefensa. La extrema derecha no puede entender que portar armas es sinónimo de inseguridad y que la seguridad no se mide en número de muertos”, trinó Gustavo Petro.

El columnista del diario El Tiempo Gabriel Silva Luján, politólogo de la Universidad de los Andes, va mucho más allá en la polémica al señalar que5:

Arropado en un supuesto debate legal sobre las restricciones y limitaciones del porte de armas, el uribismo está ambientando la benevolencia social y política necesaria para legitimar y facilitar el rearme de los grandes propietarios. Y, por supuesto, no serán ellos los que enfrenten a los abigeos, los ladrones y a quienes vienen a reclamar sus tierras. Eso les corresponderá a sus mayordomos y a los trabajadores, entre quienes hay muchos que sufrieron la violencia paramilitar, pero también suficientes que se enlistaron apadrinados en las huestes de las AUC y las Convivir.

En cosas de armas es mejor siempre prevenir que lamentar. Creer que no hay armas en manos de muchos de los finqueros que claman por poder adquirirlas y portarlas es una ingenuidad. Claro que sí hay, y muchas”.

La polémica está servida y en el entretanto civiles armados pululan por las calles ejerciendo su “legítimo derecho a la defensa”… Y accidentes de “bala perdida” como el que acabó con la vida del joven cantante y youtuber, Fabio Legarda en el Poblado de Medellín, seguirán engrosando las malas noticias del país.

Edición 622 – Semana del 8 al 14 de febrero de 2019

2 Organización del Instituto de Posgrado de Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra que se ha convertido en la principal fuente internacional de conocimientos, información y análisis sobre cuestiones de armas y violencia armada, y colabora con distintos gobiernos, responsables políticos, investigadores y con la sociedad civil. Estudio sobre uso de armas de fuego en el mundo www.smallarmssurvey.org